DOMINGO Ť14 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Aún sin agenda el trabajo ha sido intenso, consideran legisladores de PRI y PRD

La política exterior ha acaparado el actual periodo del Senado

ANDREA BECERRIL

Ha transcurrido un mes y medio del actual periodo ordinario de sesiones y el Senado trabaja aún sin agenda, toda vez que en principio las fuerzas políticas no pudieron llegar a un consenso en torno a los temas prioritarios a legislar y después la atención se centró en las consecuencias de los atentados terroristas del 11 de septiembre pasado en Estados Unidos.

Si antes había sido difícil que el PRI y el PAN se pusieran de acuerdo con el PRD y el Verde Ecologista en torno a los temas en común para este periodo de sesiones, que concluye en diciembre, luego de los ataques que derrumbaron las Torres Gemelas de Nueva York y parte del Pentágono, esa discusión se dejó de lado en el Senado para centrarse en la política exterior mexicana, en especial la relación México-Estados Unidos.

Los senadores Germán Sierra, del PRI, y Raymundo Cárdenas, del PRD, consideraron que aun sin agenda el trabajo en la cámara ha sido intenso, toda vez que se han abordado cuestiones que tienen que ver con vigilar el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la relación de México con otras naciones, especialmente con el vecino del norte.

Cárdenas reconoció que la discusión sobre la política exterior ha sido fuerte y ocupó buena parte del tiempo del Senado, pero se logró que tanto la cancillería como el propio presidente Fox entendieran que no pueden ofrecer apoyo ilimitado a Estados Unidos, ni ir más allá de lo que marca la Constitución.

Hizo notar que el PRD tiene su propia agenda, en la que figuran de manera prioritaria modificar la reforma indígena, la Ley de Desarrollo Rural, una reforma fiscal integral, que no incluye gravar medicinas ni alimentos, y una nueva legislación para cambiar a fondo el INEGI, entre otras.

Igualmente, el priísta Sierra precisó que su fracción trabaja desde hace casi dos meses en un proyecto alterno de reforma fiscal e impulsará iniciativas para mejorar las percepciones de jubilados, pensionados y campesinos, en este último caso mediante una nueva ley de desarrollo rural.

El PAN, por su parte, no ha querido hablar de su proyecto de agenda. Aunque en público los legisladores del blanquiazul han insistido en la urgencia de que se modifique la Constitución para abrir el sector eléctrico al capital privado, no lograron que el PRI accediera a descongelar la iniciativa en la materia que presentó el ex presidente Zedillo en la pasada legislatura.

Incluso los priístas delegaron en el senador Manuel Bartlett -quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales- la responsabilidad de elaborar un amplio estudio en torno a experiencias de privatización eléctrica en el mundo y le han dado un seguimiento puntual al tema, lo que les permitió detectar que Fox emitió un decreto que modifica la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir la participación del capital privado sin tener que reformar la Constitución.

A partir de ello, el Congreso presentó una demanda de controversia constitucional contra Fox ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se está en espera del fallo.

En las próximas semanas, el Senado tiene prevista la comparecencia en comisiones de cerca de diez funcionarios, entre ellos el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y el PRD insistirá en que se cite nuevamente al titular de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, ya que hay molestia por los cambios en el itinerario de Fox por Europa y Asia aprobado por el Senado.

Asimismo, la cámara estará dedicada a analizar 13 convenios y acuerdos internacionales que el gobierno federal no había querido signar. Muchos de ellos datan de los años 60 y tienen que ver con el combate al terrorismo, la defensa de los derechos humanos de los niños y de la población civil durante los conflictos armados, y el enjuiciamiento por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Uno de esos instrumentos que el gobierno foxista mandó al Senado para su ratificación es la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA. La cancillería propone algunas modificaciones a esa convención, sobre todo para retirar reservas que México planteó en marzo de 1981 en torno a no poder otorgar a los sacerdotes y otros ministros de culto religioso el derecho a votar y de asociarse con fines políticos, porque entonces lo prohibía la Constitución. Ahora que hay una nueva legislación en la materia se retirarán tales objeciones.

Lo que el gobierno foxista sí mantiene son las "declaraciones interpretativas" que formuló en su momento la administración de López Portillo para no adoptar el párrafo primero del artículo cuarto de esa convención, en la que se señala que el derecho que tiene toda persona a que se respete su vida estará protegido por la ley y, "en general, a partir del momento de la concepción".

En 1981 el gobierno priísta consideró que tal materia "pertenece al dominio reservado de los estados" y la actual administración foxista así lo mantiene, aunque falta saber la reacción de los senadores del PAN cuando el proyecto sea analizado.