El río Conchos, Chihuahua Foto: Michael Calderwood

Orquídea tropical Foto: Ma. de Lourdes Alonso

Las formas tradicionales de relación con los recursos naturales y de organización de las poblaciones indígenas y campesinas en México han permitido la permanencia de importantes masas forestales, y de los valiosos recursos biológicos y servicios que en ellos se generan. El bosque constituye el único potencial económico con que cuentan muchos pueblos indígenas, por lo que no ha faltado ni faltará creatividad en sus habitantes para aprovechar los intereses, tocando lo menos posible el capital.

Lo anterior se manifiesta muy claramente en las experiencias de manejo de productos forestales no maderables (pfnm) que llevan a cabo diversas comunidades del sur y sureste de México como una estrategia de toma de utilidades de sus bosques y selvas, conservando prácticamente intactas las masas forestales. Es el caso del cultivo de pita (Aechmea magdalenae), las palmas del género Chamaedorea, la vainilla y de diversos hongos comestibles, como el matsutake y morchella.

De lo que se trata es de diversificar los productos e ingresos complementarios de las familias campesinas a través de la combinación del aprovechamiento de los pfnm, en forma familiar, y de la madera, en forma comunitaria, para que las poblaciones rurales puedan mejorar su calidad de vida, y establecer formas de manejo adecuadas y reglas internas que garanticen la permanencia y riqueza de sus bosques. Esto forma parte de lo que llamamos manejo participativo de los recursos forestales.

Experiencias en esta vertiente, derivadas de trabajos de investigación colaborativa en los que intervienen diversas comunidades en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y organismos civiles profesionales -como el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Methodus Consultora y el Proyecto Sierra de Santa Marta (PSSM)- deben ser conocidas y tomadas en cuenta para el diseño de políticas públicas en los temas ambiental y productivo, dado que en esta materia es en donde hoy se presentan algunos obstáculos de urgente resolución, como veremos a continuación.

Un marco ambiental normativo

Un obstáculo para las estrategias de manejo campesino de los recursos naturales reside en el marco legal que regula el manejo de los productos forestales no maderables mismo que, por estar en proceso de elaboración, presenta ciertas contradicciones que dificultan el aprovechamiento y la comercialización de numerosas especies.

A principio de 1994, la Semarnap promovió junto con la Comisión Nacional para el estudio y uso de la Biodiversidad (Conabio) la creación de la Norma Oficial ECOL-059, que limita el aprovechamiento de más de 350 especies silvestres con la finalidad de evitar su desaparición. Si bien esta iniciativa fue adecuada para ciertas especies que era urgente proteger, para otras fue arbitraria al no existir los estudios científicos que justificaran su inclusión. Es el caso de numerosas especies de hongos micorrízicos que bien podrían constituir una fuente importante de recursos económicos para las familias rurales, y formar parte de estrategias de conservación de bosques en diferentes regiones del sur, centro y norte del país en donde abundan (casos de Morchela, Amanita, Boletus y Cantharellus).

También en la pasada administración, las autoridades ambientales intentaron modalidades novedosas de regulación para los pfnm, aunque basándose en los esquemas de manejo que ya existían para los productos maderables. Es así que para aprovechar hongos, fibras naturales como el ixtle, barbasco, musgos, orquídeas, palmas y otros productos silvestres del bosque, las comunidades debían presentar a través de un técnico forestal autorizado, un "informe preventivo" ante la Semarnap, y pagar cada año los derechos correspondientes por un monto aproximadamente de tres mil pesos.

En Oaxaca, como en otros estados del centro y sur del país, sólo unas cuantas comunidades cuentan con capacidad financiera para contratar un técnico forestal y realizar estos trámites, en tanto que muchas más se ven obligadas a continuar su aprovechamiento en forma clandestina, lo que no necesariamente implica mal manejo. El hecho de contar con autorización oficial tampoco garantiza que su aprovechamiento se realice sustentablemente.

Más recientemente, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) estableció que todos los pfnm podían obtener permisos de aprovechamiento mediante la constitución de la figura denominada Unidad de Manejo Ambiental (UMA), instrumento normativo que, inicialmente, fue creado para la fauna, aunado a la presentación de un plan anual de manejo avalado por profesionistas que no necesariamente debían ser técnicos forestales autorizados.

Si bien esta medida buscó reducir obstáculos, centralmente para la comercialización de los pfnm, aún hace falta desarrollar y adaptar los instrumentos reglamentarios para que los procesos de constitución de las UMA estén más ajustados a la descripción de planes de manejo de especies no maderables, y para que las autorizaciones de su aprovechamiento no queden al criterio discrecional del evaluador en turno.

Lo ideal es que en la constitución de este tipo de instrumentos participen las comunidades y organismos campesinos auténticos, e investigadores reconocidos pertenecientes a entidades académicas y organizaciones no gubernamentales (ONG); que estén basados tanto en estudios científicos como en los saberes tradicionales locales, y que puedan constituirse en instrumentos auxiliares de las normas comunitarias y del control de los recursos por los productores mismos.

Sin embargo, también recientemente han surgido otras iniciativas que impiden el aprovechamiento de numerosas especies. Es el caso de una enmienda a la Ley de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1999 que prohibe o limita el aprovechamiento de especies vegetales por considerarse de "uso peligroso". Figuran en el listado, por ejemplo, la menta poleo, el anís estrella y el epazote; se trata de plantas ampliamente usadas como remedio medicinal tradicional o complemento alimenticio por sectores de la población.

Un análisis más profundo que los autores de la enmienda podrían haber realizado sobre experiencias en China, India y algunos países de Europa del Este, les hubiera permitido saber que el aprovechamiento y comercialización de especies como algunas de las ahora restringidas por la Ley de Salud han desempeñado un papel importante en la conservación de áreas boscosas y en la generación de ingresos para las poblaciones rurales que las colectan desde hace varios siglos.

Así, se atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y campesinos a aprovechar racionalmente sus recursos, desincentiva su conservación, promueve la clandestinidad y genera gran incertidumbre y desconfianza hacia el sistema oficial de regulación ambiental.

Las lecciones aprendidas

Las acciones de investigación y desarrollo tecnológico participativos para el manejo campesino de los recursos naturales (impulsadas desde las comunidades indígenas y organismos civiles en coordinación con investigadores y autoridades de la Semarnap durante el sexenio pasado), arrojan las siguientes lecciones:

Las formas de aprovechamiento que mejores garantías brindan para la conservación de los productos forestales maderables y no maderables y de sus hábitat son aquellas para las que las propias comunidades han desarrollado normas y sistema de autorregulación, basados en sus usos y costumbres y en estudios ecológicos especializados.

Mecanismos como los Comités Comunitarios de Vigilancia y Consejos Consultivos, e instrumentos como reglamentos locales y estatutos comunitarios muestran que decisiones colectivas tomadas por la población directamente involucrada suelen tener más peso y efectividad que las normas elaboradas por las autoridades federales y estatales.

En ciertos casos, la comercialización de los pfnm ha permitido la protección y permanencia del recurso. Un caso ilustrativo es el de la pita, cuyas poblaciones se vieron severamente afectadas a raíz de la introducción del café en comunidades indígenas de Oaxaca, Veracruz y Chiapas; las volvieron a cuidar y aprovechar cuando se incrementó la demanda de la fibra en los años noventa y cuando comunidades, ONG e instituciones académicas generaron conjuntamente planes de manejo y tecnologías sostenibles. El mismo caso se presenta con la comercialización de hongos, como el matsutake o el boletus: por tratarse de especies no consumidas por los habitantes indígenas locales de Oaxaca, anteriormente estaban ausentes en los planes de aprovechamiento forestal.

Los esfuerzos generados en el ámbito regional, cuando se logra una coordinación adecuada entre las comunidades dueñas de los recursos, los organismos civiles, académicos y entidades gubernamentales, permiten la acumulación de experiencias útiles y extrapolables sobre el manejo de los recursos en diversos ecosistemas. Así, en diferentes zonas del centro, sur y sureste se están generando hoy metodologías de investigación participativa, tecnologías de manejo y transformación, y alternativas de comercialización para pfnm: orquídeas, artesanías de bejucos y palmas, diversas especies de hongos silvestres comestibles, fibras naturales y plantas ornamentales. Estas experiencias a su vez sirven para fomentar la autorregulación local y generar propuestas normativas para ámbitos más amplios.

Por lo anterior, promover una legislación más abierta e incluyente a las iniciativas comunitarias, así como políticas de integración de esfuerzos en el ámbito regional —como se quiso hacer a través de los programas regionales de desarrollo sustentable y de los consejos de recursos naturales, impulsados por la Semarnap en el sexenio anterior—, resulta fundamental para quienes creemos que el aprovechamiento diversificado de bosque y selvas es el camino más viable para conservar la diversidad biológica y la riqueza cultural de nuestro país.

Hoy, diversas comunidades campesinas e indígenas y organismos civiles profesionales que trabajamos en ámbitos regionales esperamos que de las Cruzadas por el bosque y el agua resulte una política ambiental que repercuta en el fortalecimiento de los esfuerzos emprendidos por pueblos y comunidades en aras de una mayor equidad económica, social y ambiental. Por consecuencia, también esperamos la conservación de los recursos naturales sin que esto implique la sobrerregulación o declaratorias unilaterales de Parques Nacionales y Reservas.

De no considerar las experiencias colectivas desarrolladas en diversas regiones del país en la búsqueda de un desarrollo sostenido y justo, las Cruzadas a las que hemos sido convocados meses atrás, podrían terminar siendo otra batalla equivocada.

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