LEY INDIGENA

Ť Nace muerta, es una ''traición'' del gobierno, afirma el CNI

Polarización política al promulgarse la ley indígena

Ť Se combatirán inconformidades que se manifiesten por la vía violenta: Creel

La polarización política se hizo manifiesta al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el texto de las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas. El gobierno de Vicente Fox pidió que quienes impugnan el precepto lo hagan dentro de la ley; en voz del secretario de Gobernación alertó que combatirá cualquier manifestación que se haga por la vía violenta y reiteró su disposición a dialogar con el EZLN.

A su vez, el PRD pidió empezar la tarea de nuevo porque la promulgación representa ''la consumación de un acto fallido''. Para el presidente en turno de la Cocopa, Emilio Ulloa, la entrada en vigor del precepto ''podría encender la mecha'' en el país por el descontento social que sin duda despertará. Además, llamó al presidente Fox a fijar una postura única respecto a la ley indígena ''para evitar que sus colaboradores compliquen el asunto''. Esto pareció una coincidencia con la postura del líder de los diputados del PAN, Felipe Calderón, quien al comentársele que en el gobierno federal se plantea la posibilidad de enviar una reforma de la reforma, respondió: ''En el gobierno se habla de muchas cosas''.

Quienes no estén de acuerdo que utilicen la vía institucional...

Santiago Creel, secretario de Gobernación, ratificó ayer la disposición al diálogo frente a las acciones legales que se interpondrán en oposición a las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas. Dijo que el gobierno federal combatirá ''cualquier forma de violencia'' que tome como pretexto a esa legislación. El funcionario habló cerca del mediodía, luego de comparecer ante las invitadas al foro Institucionalización de la perspectiva de género.

Cuando se le preguntó si el gobierno federal no teme al recrudecimiento de hostilidades como resultado de la publicación de la ley en materia indígena, Creel Miranda dijo: la convocatoria es que quienes no estén de acuerdo con la reforma utilicen la vía institucional y se combatirá toda violencia que se dé fuera de ese cauce.

Ratificó la disposición al diálogo con el EZLN y enfrentar conjuntamente los problemas. Reiteró los que, en su opinión, representan los avances hacia la solución del conflicto como la reubicación de las tropas del Ejército, la liberación de los presos vinculados con el zapatismo y la presentación de la iniciativa sobre derechos y cultura indígenas por parte del presidente Vicente Fox.

''Es por ello que deseamos reentablar el diálogo con el EZLN lo más pronto posible, y que esta reforma pueda retomarse en los congresos locales, instrumentarse y, efectivamente, que los pueblos indígenas tengan garantizados sus derechos y garantías. Estamos abiertos a las propuestas que tengan a bien hacer los legisladores o los grupos organizados de la sociedad para ir mejorando la legislación en la materia'', subrayó.

En el mismo escenario, minutos más tarde, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Martí Batres, consideró que promulgar la ley representa ''la consumación de un acto fallido'' y que el gobierno federal debió esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera sobre la controversia que se le ha presentado en la materia. Ese habría sido el mejor camino.

Indicó que el asunto de fondo es que los legisladores deben ser sensibles, porque esta ley indígena ''no resolvió nada ni recuperó los derechos de los pueblos indios ni solucionó el problema de la paz en Chiapas; no ayudó a reanudar el diálogo y tampoco fue reconocida por nadie.'' Además, a escala internacional fue una ley criticada por todos los países en los que ha habido un proceso étnico.

El precepto, añadió Batres, no beneficia a los pueblos indios, no beneficia a la paz en Chiapas, no prestigia al Congreso de la Unión, no le ayuda al Ejecutivo federal a alcanzar la anhelada estabilidad que todo gobierno necesita. ''Entonces, no resuelve ningún problema y sólo beneficia a la inercia para que las cosas sigan empantanadas como están''.

Calderón Hinojosa, quien participó en el mismo foro que organizó el Instituto Nacional de las Mujeres, admitió que existen diferentes opiniones sobre la ley entre los funcionarios del gobierno federal, pero que percibe ''que el Ejecutivo está comprometido con la ley como debiera estarlo cualquier gobierno y cualquier mexicano.''

Declinó opinar sobre la posibilidad de que el propio gobierno realice reformas al precepto: ''Si las hace, las analizaríamos en su momento. Me parece que ahora lo que sigue es que el Ejecutivo cumpla la ley, lleve adelante las políticas que se establecieron en la misma y trabaje en políticas públicas que superen la condición grave de pobreza, de miseria, de insalubridad y analfabetismo en que viven los pueblos indígenas y estar muy atentos a lo que hagan los congresos locales.''

Sobre esto último recordó que una parte medular de la reforma deja en manos de esos órganos legislativos la posibilidad de avanzar, de redefinir, de establecer incluso mayores derechos y prerrogativas sobre los pueblos indígenas.

El PAN, en voz de su presidente, Luis Felipe Bravo Mena, dijo que la publicación de la ley permitirá configurar realidades de justicia, de presencia, de participación y de incorporación plena de los pueblos indígenas a la vida nacional. Además, se manifestó en contra de reformar de inmediato la ley, pero sí hacerlo cuando se haya consolidado y se vivan a plenitud las realidades que de ella surjan.

Amalia García, dirigente nacional del PRD, lamentó que el Ejecutivo hubiese publicado el precepto y apuntó que el CEN perredista ha pedido a los ayuntamientos y diputados locales que inicien la presentación de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por el PRI, Salvador Rocha Díaz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se congratuló de lo ocurrido porque, en su opinión, así se establecen las condiciones mínimas para los pueblos indios. Dijo también que de ese modo se concluye aquello que en doctrina constitucional se conoce como ''veto de bolsillo'', al sacar del archivo una nueva ley aprobada por las tres cuartas partes del Congreso federal y la mayoría de las cámaras locales.

Nada le impide a estas últimas, añadió, mejorar las condiciones mínimas que la Federación reconoce para los indígenas mexicanos.

El también priísta Feliciano Moo y Can, secretario de Acción Indígena del CEN, planteó que el Ejecutivo no tenía otra opción que publicar la reforma constitucional, pues en este tema el Presidente de la República no tiene veto.

Por su parte, el senador Carlos Rojas pidió ''ver hacia delante'' y analizar aquellos temas de la ley que sean perfectibles.

A su vez, el presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), Emilio Ulloa, adelantó que los legisladores de esa comisión se reunirán este miércoles con Santiago Creel. ''Veremos si hay voluntad gubernamental para revisar la ley o sólo fue un dicho del Presidente.''

Finalmente, apuntó que a ese órgano de coadyuvancia le interesa la estabilidad de las regiones y llamar a las partes al diálogo como única fórmula de resolución de controversias.
 
 

Ť No abona el camino de la paz

ROSA ROJAS

Organizaciones integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) coincidieron ayer en calificar de ''traición'' la promulgación de las reformas sobre derechos y cultura indígenas, por considerar que atenta contra la existencia misma de los pueblos indios, no abona el camino de la paz en Chiapas y en el país, y viola los acuerdos internacionales firmados y ratificados por México, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Varias de las organizaciones consultadas informaron que participarán este miércoles, a las 13 horas, en una manifestación convocada frente al Senado de la República por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Movimiento por la Paz, Unión de Artesanos y Trabajadores no Asalariados, Ce-Acatl, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y algunos sectores del PRD y el PT.

Dijeron asimismo que el CNI se reunirá la próxima semana para discutir la estrategia a seguir frente a la promulgación de la mencionada reforma constitucional.

Para Juan Anzaldo, de Ce-Acatl, dicha promulgación ''es una más de las posturas demagógicas de Fox, que dice que va a hacer todo lo posible por allanar el camino a la paz y otra vez no es congruente entre lo que dice y lo que hace. La ley indígena no está sola, va dentro del modelo económico y dentro de los planes a nivel internacional del comercio, el Plan Puebla-Panamá, el Plan Colombia, los tratados de libre comercio y el ALCA, que van en el mismo sentido de comercializar los recursos naturales y permitir la entrada de las grandes empresas en los territorios indígenas'', dijo.

''El gobierno federal y el Congreso no han sido sensibles a las protestas de las organizaciones y de los pueblos indios'', indicó por su parte Abelardo Torres, de la Nación Purépecha Zapatista.

En el caso de Michoacán, se están impulsando las acciones de inconstitucionalidad, ''estamos en pláticas con algunos de los diputados locales y promoviendo las controversias constitucionales a cargo de los ayuntamientos, y en los próximos días se van a interponer algunos de esos recursos jurídicos. Se está afinando el documento que se va a presentar a los magistrados, son varios ayuntamientos, sobre todo los que tienen población indígena. Se va a hacer uso de todos los recursos legales que estén a nuestro alcance para tratar de revertir esa ley''.

Sofía Robles, de Servicios del Pueblo Mixe (Oaxaca), consideró que la acción ''que hace Fox al emitir esta promulgación es consumar una traición hacia los pueblos indígenas. Para nosotros, esto significa una ley que aunque tenga vigencia oficial nace muerta, no corresponde a las aspiraciones de los pueblos indígenas y no va a valer, seguiremos resistiendo como lo hemos venido haciendo.''

Mencionó que diversas organizaciones indígenas de Oaxaca y de otros estados ''dimos nuestra palabra de que seguiremos luchando por todas las vías legales, con controversias constitucionales, promoviendo que las autoridades presenten controversias para tratar de que la Suprema Corte de Justicia dé un fallo que nos favorezca a nosotros''.

Amador Cortés Robledo, del Consejo Guerrerense 500 Años, recordó que ellos ?junto con otras 14 organizaciones sociales y de derechos humanos? también dieron la batalla buscando que Fox no promulgara esa reforma y que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) interviniera para revertirla.

''Esta es una traición grave que está alentando, avalando la declaración de guerra por parte del gobierno federal a los derechos de los pueblos indígenas; demuestra la prepotencia; pretenden mantenernos en el olvido ignorando nuestros derechos y el ejercicio de la autonomía que de hecho se está dando a decidir, a coaligarnos en un municipio o varios municipios; está cancelando ese derecho''.

La promulgación de la reforma que hizo Fox ''afectaría el ejercicio de la policía comunitaria, que funciona para 42 pueblos que tienen su propio órgano de seguridad pública y de impartición de justicia, con base en el artículo 39 de la Constitución, que dice que el pueblo tiene el inalienable derecho de modificar su forma de vida, y el Convenio 169 de la OIT.''

Los diputados y el Presidente le están dando razón a los que están levantados en este país, a los que no han establecido diálogo con el gobierno federal, les están diciendo que tienen razón en esa postura. Es grave una decisión presidencial de esta índole''.

Por su parte, diversas representaciones y autoridades integrantes de la Alianza de Pueblos, Ejidos y Comunidades del Anáhuac, reunidos en San Pedro Atlapulco, estado de México, ratificaron el rechazo que el CNI hizo de la ley ''por considerar que atenta contra la existencia misma de los pueblos indígenas''.

El Consejo Comunal Permanente de Santo Tomás y San Miguel Ajusco; el comisariado de San Mateo Tlaltenango; la representación de San Francisco Tlalnepantla, así como la de Villa Milpa Alta y el comisariado de San Pedro Atlapulco, dijeron: ''Desconocemos en todos sus términos la mencionada ley''.

LEY INDIGENA

Ť Intentará el gobierno nuevos esquemas para pláticas con indígenas: Xóchitl Gálvez

Llama director general del INI al diálogo, la reconciliación y la búsqueda de consensos

NOTIMEX

Morelia, 14 de agosto. El director general del Instituto Nacional Indigenista (INI), Marcos Matías Alonso, llamó al diálogo, la conciliación y búsqueda de consensos para encontrar acuerdos pacíficos constructivos luego de la promulgación de las reformas sobre derechos y cultura indígenas.

Por su parte, la coordinadora general para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que el gobierno ya instruyó para comenzar la búsqueda de nuevos esquemas para el desarrollo del diálogo con los pueblos indígenas.

Matías Alonso precisó que el INI continuará el impulso a modificaciones en el apartado B, de la también llamada "ley indígena", en lo que se refiere al desarrollo social, y no descartó que en un periodo breve vuelva a sufrir modificaciones sustanciales pues, argumentó, "esto responde a la demanda de los pueblos".

Señaló que así como en 1992 se le hicieron modificaciones sustanciales a la legislación en esa materia y ahora se retomó para hacerle adecuaciones, en un periodo breve podría volver a cambiar pues continúa siendo perfectible. Aclaró que si bien en repetidas ocasiones el INI manifestó su rechazo a las modificaciones aprobadas, "ahora tenemos una ley y sobre esa hay que trabajar".

Dejó en claro que aun cuando las reformas sobre derechos y cultura indígenas han entrado en vigor, "el gobierno está abierto, tiene el compromiso para seguir impulsando los pueblos indígenas y escuchar las voces que se han mostrado en contra de la ley".

Gálvez Ruiz declinó precisar su postura en relación con la promulgación de la ley, y se limitó a señalar que sobre el tema ya ha declarado "en infinidad de ocasiones".

Matías Alonso y Gálvez Ruiz estuvieron en esta ciudad durante la firma del Convenio de Difusión Ambiental en Zonas Indígenas del País.

LEY INDIGENA

Ť El Ejecutivo no ha respondido a llamado para consensuar una propuesta alternativa

La promulgación, sin veredicto sobre controversias

Ť Autonomía y derechos de las comunidades nativas, entre los puntos más impugnados

MATILDE PEREZ U.

A más de siete años, en los que ha habido un levantamiento armado, una ley de amnistía, una comisión legislativa de Concordia y Pacificación, una Comisión Nacional de Intermediación, dos consultas populares, traslado de la tercera parte del Ejército hacia Chiapas, tres actos -en 1996, 1997 y 2001- que movilizaron en conjunto a más de un millón de personas, ayer se promulgó la ley indígena en el Diario Oficial de la Federación.

No se esperó el veredicto sobre las ocho controversias interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la forma en que dicha ley fue aprobada en los estados.

La ley promulgada otorga derechos a los pueblos y comunidades nativas, pero no define el reconocimiento de éstas, al delegar esa facultad a las legislaturas de los estados. "Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas". De esta forma, el precepto constitucional obtuvo una votación favorable en 17 estados, negativa en 10, y fue rechazada por los congresos locales de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Guerrero.

En la ley, la autonomía a los pueblos indígenas queda a criterio de los estados. "El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas".

En la fracción siete del artículo segundo se refuerza: "Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios...". Además implicó modificaciones al artículo 115 constitucional, al cual se agregó: "Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley"; con ello también limita el derecho de las comunidades nativas a asociarse y coordinarse sólo al ámbito municipal.

La ley no reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público sino de "interés público" -fracción octava del artículo segundo.

Las fracciones cuarta y quinta del artículo segundo establecen que las comunidades deben conservar, mejorar y preservar el hábitat y los recursos naturales. Además les niega el derecho colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, sólo les deja la posibilidad para un uso y disfrute preferente de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, "salvo aquellas que correspondan a las áreas estratégicas".

Una conclusión básica de los acuerdos de San Andrés no fue estipulada en la nueva ley: "construir, con los diferentes sectores de la sociedad y en un nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas. El pacto debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden: derecho a su diferencia cultural; derecho a su hábitat: uso y disfrute del territorio, conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por México; derecho a su autogestión política comunitaria; derecho al desarrollo de su cultura; derecho a su sistema de producción tradicional; derecho a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo".

En abril, los cambios constitucionales aprobados dividieron a los legisladores del PRD. Mientras los senadores de esa bancada, encabezados por Jesús Ortega, votaron en favor del dictamen, junto con el PAN y el PRI, los diputados -bajo la conducción de Martí Batres- se manifestaron en contra, ya que, puntualizaron, "es una ley que va a resultar en derechos nugatorios para los pueblos indígenas porque no los van a poder ejercer, lo que disminuye el sentido de la iniciativa de la Cocopa".

El presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, dijo entonces que dicha ley indígena preservaba todas las libertades y combatía cualquier forma de discriminación. "Sí se apegó a los acuerdos de San Andrés, y espero que así lo aprecie el EZLN".

Para el PRI, expresó el diputado Salvador Rocha Díaz, es una ley que "hace importantes aportaciones para resolver el problema de la marginación y discriminación, en cualquiera de sus formas", y desde entonces advirtió que si la ley era rechazada por el EZLN ya no era "problema de los legisladores, sino del gobierno, porque no hay ninguna cláusula que diga que el Congreso debe satisfacer a un grupo específico".

La Cocopa también se cimbró y prevaleció el sentir de llamar al Ejecutivo a consensuar conjuntamente una propuesta alternativa y buscar opciones para evitar el ahondamiento de las confrontaciones con el EZLN. En ese sentido se pronunció hasta la encargada de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia, Xóchitl Gálvez.

LEY INDIGENA

Ť Es la institucionalización del racismo: Murat; presentará Sánchez Anaya controversia

Rechazo en Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala a la entrada en vigor de reformas en materia indígena

Ť Pide Pablo Salazar a la sociedad tomar con "serenidad el final de esta primera etapa"

ANGELES MARISCAL, VICTOR RUIZ Y LA JORNADA DE ORIENTE CORRESPONSALES

Al conocer que este martes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, pidió a la sociedad tomar con serenidad "el final de esta etapa", y buscar nuevos mecanismos "que permitan el reconocimiento de una nación pluriétnica y pluricultural".

A su vez, los gobernadores de Oaxaca y Tlaxcala, José Murat Casab y Alfonso Sánchez Anaya, respectivamente, expresaron su repudio ante la publicación de las modificaciones, actitud similar a la de los legisladores locales tlaxcaltecas que interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas. En igual tenor se manifestaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y organizaciones indígenas de 14 estados reunidas en la ciudad de Oaxaca.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso chiapaneco, el priísta Edgar de León Gallegos, anunció que diputados de las legislaturas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas se reunirán este miércoles para analizar y acordar propuestas de contrarreforma que presentarán al Congreso de la Unión.

Por su parte, legisladores estatales chiapanecos emanados del PAN y del PRD coincidieron en que la entrada en vigor de la llamada ley indígena es una "invitación" para que grupos "extremistas" manifiesten su inconformidad por la vía de la violencia.

Salazar Mendiguchía ofreció un planteamiento sobre el tema, en el que subrayó que la lucha por las reivindicaciones de los pueblos indios es aún vigente. Según el mandatario chiapaneco, "la publicación de la ley indígena en el Diario Oficial es la conclusión de un proceso legislativo; sin embargo, el proceso social en el que se inscriben las demandas de los pueblos indios sigue su marcha".

Igualmente, llamó a la sociedad a "tomar con serenidad el final de esta etapa, cuyo principal logro fue su consolidación como una verdadera discusión nacional", y destacó que la entrada en vigor de la ley "no debe verse como una fatalidad, porque la discusión va a continuar".

En tanto, el gobernador oaxaqueño José Murat Casab aseveró, entrevistado vía telefónica, que la promulgación de las reformas constitucionales "representa la institucionalización del racismo y la discriminación en México", pues la legislación "atenta directamente contra los usos y costumbres de los pueblos indios de México, se deja en estado de indefensión a más de 10 millones de mexicanos que tenían la esperanza de que su dignidad, valores culturales y derechos fueran respetados".

Añadió que con la promulgación y publicación de la llamada ley indígena se consumó un proceso de reformas a la Constitución de la República que carece de legitimación y que, lejos de unificar, divide oficialmente "a la sociedad en mexicanos de primera y de segunda".

Murat Casab acotó que la controversia constitucional que en su momento presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en forma conjunta con el Congreso oaxaqueño y el procurador de Justicia local como abogado del estado de Oaxaca, intenta demostrar las violaciones al procedimiento legislativo, mismo que "no consideró que algunas entidades federativas no habían ejercido su derecho al voto de sus legislaturas, consumando con ello un atropello al pacto federal y a los más elementales fundamentos de la democracia".

Mientras, el titular del Ejecutivo de Tlaxcala anunció que su administración continuará su lucha para que las reformas sobre derechos y cultura indígenas "cumplan con las demandas de los pueblos marginados del país, porque de lo contrario el precepto publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación va a ser letra muerta".

En entrevista, Sánchez Anaya reiteró su intención de presentar una controversia constitucional ante la SCJN, paralela a la que interpusieron 12 diputados locales de esa entidad, pues consideró que en el recurso de estos últimos "no se incluyeron varios puntos del documento que aprobó el Congreso de la Unión".

Sánchez Anaya insistió en la necesidad de modificar la llamada ley indígena según las necesidades de las etnias, pues "si bien el gobierno federal publicó las reformas, esto no quiere decir que esté impedido a emprender una nueva reforma, en virtud de que todo precepto es perfectible".

A nombre de la bancada perredista en el Congreso de Chiapas, el legislador José Juan Ulloa Pérez subrayó que la publicación de las reformas significa "una declaración de guerra hacia las comunidades indígenas de México".

El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Chiapas, el priísta Edgar de León Gallegos, subrayó: "Lo lamento mucho porque esperábamos que esta legislación pudiera dilatarse unos días más, para que los estados que la reprobamos pudiéramos presentar la contrarreforma".

Representantes de organizaciones indígenas de 14 estados, reunidos en la capital de Oaxaca manifestaron, en el documento Pronunciamiento de Oaxaca, que este martes "se consuma la traición del Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades indígenas del país".

Leyó el documento Aldo González Rojas, presidente municipal de San Pablo Guelatao, Oaxaca. En el escrito se sostuvo que Vicente Fox "promulga una reforma en materia indígena contraria a la propuesta elaborada por la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), presentada por él mismo como iniciativa ante el Congreso de la Unión, demostrando su doble discurso en todo el proceso de la reforma, ya que la exposición de motivos que realiza el Ejecutivo es contraria a los derechos establecidos en la ley Cocopa".

Añade que "esta contrarreforma resulta inconstitucional por contravenir derechos reconocidos en instrumentos internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Además del albazo legislativo resulta ilegal ya que se cometieron vicios en el procedimiento, por lo cual la contrarreforma debe ser invalidada".

Se anunció también que municipios, comunidades y ejidos indígenas de distintos estados del país preparan "los mecanismos jurídicos de inconformidad como controversias constitucionales y amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la reforma".

A su vez, en un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas -que dirige el obispo emérito Samuel Ruiz- afirmó que con la promulgación de la llamada ley indígena, "la paz y la verdadera inclusión de los pueblos indios a la nación se pospone indefinidamente", lo que podría generar "mayor descomposición social y violencia", pues "pone contra la pared a los pueblos indios", y el camino legal "queda clausurado hasta en tanto estas mismas autoridades no corrijan, en el marco de sus facultades, el error histórico que significa no reconocer personalidad jurídica, derechos sobre las tierras y territorios, autonomía plena y derecho a la asociación extramunicipal".

LEY INDIGENA

Ť Concejo autónomo denuncia llegada de centenares de soldados a cuartel de San Cayetano

Temen indígenas ataque militar contra el EZLN

Ť Pedimos a nuestros hermanos de México y el mundo que estén atentos, dicen en comunicado

HERMANN BELLINGHAUSEN

San Cristobal de las Casas, Chis., 14 de agosto. El concejo municipal autónomo de San Andrés Sakamch'en denunció el incremento de movimientos militares en el cuartel de San Cayetano, a dos kilómetros del Aguascalientes de Oventic. "Esto causa tensiones para nuestras comunidades, porque se teme que el señor Vicente Fox esté preparando un ataque militar contra el EZLN y sus bases de apoyo", se afirma en una carta a la opinión pública y a los medios de comunicación.

Las autoridades del ayuntamiento autónomo comunican: "El 11 de agosto, 19 carros del Ejército, entre camiones y camionetas, llegaron a la colonia San Cayetano. No es la primera vez que ocurre, sino que desde días anteriores han entrado soldados en 2 o 3 carros para aumentar el número de efectivos; así lo venían haciendo para no llamar la atención, pero este día llegaron centenares de soldados federales".

La "denuncia y protesta" coincide con la del concejo del vecino municipio autónomo San Juan de la Libertad, divulgada ayer, sobre el incremento de patrullajes y tropas en San Cayetano, Puerto Caté y El Bosque. Cabe recordar que tanto San Cayetano como otras comunidades en la colindancia de San Andrés y San Juan de la Libertad (como San Antonio El Brillante y Jolnachoj) fueron en el pasado escenario de protestas indígenas contra la presencia de soldados.

El concejo autónomo de San Andrés Sakamch'en manifiesta ahora: "Nosotros como autoridades y nuestros pueblos rechazamos enérgicamente el incremento de efectivos militares en cada campamento en cualquiera de nuestras zonas indígenas, porque la presencia y el cerco militar que sufrimos los pueblos indígenas es señal de que el señor Fox no tiene voluntad de paz, sino continuar la guerra contra nuestros pueblos".

Las nuevas denuncias de los municipios rebeldes parecieran indicar un inexplicable 'calentamiento' de la actividad militar en sus territorios, que se refleja en la zozobra de muchas comunidades de la región tzotzil de los Altos. Así lo expresa el concejo de San Andrés Sakamch'en cuando concluye: "Pedimos a todos nuestros hermanos indígenas y no indígenas de México y el mundo que estén atentos".

Más tropas en Ocosingo y Las Margaritas

Por otro lado, las comunidades del municipio autónomo Tierra y Libertad, en la región fronteriza, refieren que el pasado fin de semana se verificó un intenso movimiento de tropas en Nuevo Huixtán y Poza Rica.

Decenas de vehículos artillados y de transporte de personal militar se internaron en las caminos. La comunidad de Poza Rica, ubicada en la carretera fronteriza, es uno de los accesos a la selva Lacandona por el sur, y se localiza a unos 15 kilómetros de Guadalupe Tepeyac y del camino que conduce a La Realidad. Los mismos días, las bases militares de Maravilla Tenejapa y Amparo Agua Tinta experimentaron una actividad inusitada.

Según reportes provenientes del municipio autónomo Francisco Gómez, el Ejército ha incrementado sus efectivos en la base de Patihuitz, a escasos kilómetros del Aguascalientes III del EZLN, y ha instalado un puesto de revisión. Similar denuncia hizo el párroco de Ocosingo y Altamirano, Raymundo Tamayo, quien después de sentirse hostigado en Patihuitz envió una carta abierta al presidente Vicente Fox en la que, entre otras cosas, cuestiona al mandatario: "¿Nuevamente está bajo vigilancia la labor de la diócesis (de San Cristóbal de las Casas)?"

LEY INDIGENA

Ť Destruye la identidad cultural, sobre todo de comunidades nativas, señalan obispos

Globalización, principal reto a vencer, advierte el Celam

JOSE ANTONIO ROMAN

El fenómeno de la globalización "atenta" contra las culturas, concretamente las indígenas, destruyendo su identidad, arrebatando, en rapiña feroz, sus "modelos de vida" con la imposición del modelo consumista y dejando en la pobreza no sólo a los pueblos del tercer mundo, sino también a amplios sectores sociales de las naciones más desarrolladas, afirma el Consejo del Episcopado Latinoamericano (Celam).

En su informe global de actividades del último año, el Celam señala que los pueblos indios están amenazados no sólo en su hábitat, sino también, obligados por las circunstancias, por la migración y la pobreza.

De manera especial, los informes que fueron aprobados de manera unánime por los representantes de las 22 conferencias episcopales de América Latina, se refieren a la marginación que vive la mujer indígena.

Presentado en la reunión general de coordinación, realizada en Bogotá, Colombia, a principios de este mes, la jerarquía eclesiástica estudia seriamente la posibilidad de solicitar al papa Juan Pablo II la convocatoria para la quinta Asamblea General del Celam, luego de que en 1992 se realizara la última de ellas, en Santo Domingo, República Dominicana, con motivo del quinto centenario de la evangelización de América.

En sus informes se señala a la globalización como el principal reto a vencer en las próximas décadas, pues tiene fuertes repercusiones prácticamente en todas las actividades humanas.

Durante la presentación, el secretario general del Celam y obispo de la diócesis mexicana de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, dijo que los informes fueron elaborados de manera que durante la gestión de la actual presidencia se puedan hacer evaluaciones periódicas sobre los avances alcanzados año con año, según el Plan Global trazado por el organismo para los próximos cuatro años.

En los documentos presentados a los delegados episcopales se percibe con claridad que la globalización preocupa seriamente a la Iglesia católica en América Latina, sobre todo por sus efectos en la construcción de la nueva cultura y en la educación.

De hecho, desde hace un año se ha iniciado una "reflexión seria y amplia" sobre este tema y su relación con la nueva evangelización, y han pedido al Papa amplia orientación sobre este fenómeno presente ya en todas las actividades del hombre.

En referencia a la exhortación postsinodal Eclessia in America, los informes señalan que los "pecados que claman al cielo" y que azotan a nuestros pueblos tienen que ver con un llamado a la conversión en la política y la democracia, la economía, la ecología, los derechos humanos, el desarrollo local y regional, la familia y los temas demográficos, la inmigración y la segregación en las grandes ciudades, y la ética.

Al igual que en ese documento, entregado por el Papa en la Basílica de Guadalupe en enero de 1999 a los obispos de América, el informe global del Celam lamenta que los dirigentes en América Latina y el Caribe se digan católicos, pero no lleven a la práctica los valores evangélicos.

Señala que en lo económico, el consejo debe mantener la estrategia de que en todas las actividades de su Departamento de Pastoral Social se siga reflexionando sobre los efectos del modelo económico, de la deuda, el acceso a un trabajo digno y la solidaridad global. En tanto, en lo político, es necesario acompañar con mayor compromiso y cercanía el trabajo de la sociedad civil, potenciar los liderazgos que promuevan auténticas democracias y real participación de los sectores empobrecidos y excluidos.

De manera especial, preocupa la creciente brecha entre sectores con poder adquisitivo, que participan en la dinámica del mercado, y las mayorías sin acceso a la oferta, brecha agravada por la ausencia de una sólida clase media y por la intervención de factores humanos, como son los monopolios, la corrupción, la impunidad, que incrementan, de manera preocupante, el éxodo de países pobres hacia los industrializados.

En el informe del Departamento de Pastoral Juvenil se señala que América es un continente mayoritariamente joven, que protagoniza, vive, sufre y es impactado por los profundos cambios actuales. Los fenómenos de la globalización y de la posmodernidad han ido configurando una nueva juventud, cuya evangelización no puede hacerse al margen de este contexto histórico y de su situación real. Añade que ante un modelo de sociedad dominada por una anticultura de muerte, la juventud católica acoge, con alegría y creatividad, el llamado continuo de la Iglesia a defender y promover la cultura de la vida, a respetar la dignidad de la persona humana y a reactualizar la opción por los pobres. "Nuestra ansia: una patria grande marcada por los valores del evangelio".

Finalmente, se acordó que la próxima reunión de los obispos de la Iglesia en América se realizará en febrero del 2002, en San Salvador do Bahia, Brasil, cuyo tema central de estudio será "los desafíos que la globalización impone a la evangelización".