MIERCOLES Ť 17 Ť JULIO Ť 2001
LEY INDIGENA
Ť Es la institucionalización del racismo: Murat; presentará Sánchez Anaya controversia
Rechazo en Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala a la entrada en vigor de reformas en materia indígena
Ť Pide Pablo Salazar a la sociedad tomar con "serenidad el final de esta primera etapa"
ANGELES MARISCAL, VICTOR RUIZ Y LA JORNADA DE ORIENTE CORRESPONSALES
Al conocer que este martes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, pidió a la sociedad tomar con serenidad "el final de esta etapa", y buscar nuevos mecanismos "que permitan el reconocimiento de una nación pluriétnica y pluricultural".
A su vez, los gobernadores de Oaxaca y Tlaxcala, José Murat Casab y Alfonso Sánchez Anaya, respectivamente, expresaron su repudio ante la publicación de las modificaciones, actitud similar a la de los legisladores locales tlaxcaltecas que interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas. En igual tenor se manifestaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y organizaciones indígenas de 14 estados reunidas en la ciudad de Oaxaca.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso chiapaneco, el priísta Edgar de León Gallegos, anunció que diputados de las legislaturas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas se reunirán este miércoles para analizar y acordar propuestas de contrarreforma que presentarán al Congreso de la Unión.
Por su parte, legisladores estatales chiapanecos emanados del PAN y del PRD coincidieron en que la entrada en vigor de la llamada ley indígena es una "invitación" para que grupos "extremistas" manifiesten su inconformidad por la vía de la violencia.
Salazar Mendiguchía ofreció un planteamiento sobre el tema, en el que subrayó que la lucha por las reivindicaciones de los pueblos indios es aún vigente. Según el mandatario chiapaneco, "la publicación de la ley indígena en el Diario Oficial es la conclusión de un proceso legislativo; sin embargo, el proceso social en el que se inscriben las demandas de los pueblos indios sigue su marcha".
Igualmente, llamó a la sociedad a "tomar con serenidad el final de esta etapa, cuyo principal logro fue su consolidación como una verdadera discusión nacional", y destacó que la entrada en vigor de la ley "no debe verse como una fatalidad, porque la discusión va a continuar".
En tanto, el gobernador oaxaqueño José Murat Casab aseveró, entrevistado vía telefónica, que la promulgación de las reformas constitucionales "representa la institucionalización del racismo y la discriminación en México", pues la legislación "atenta directamente contra los usos y costumbres de los pueblos indios de México, se deja en estado de indefensión a más de 10 millones de mexicanos que tenían la esperanza de que su dignidad, valores culturales y derechos fueran respetados".
Añadió que con la promulgación y publicación de la llamada ley indígena se consumó un proceso de reformas a la Constitución de la República que carece de legitimación y que, lejos de unificar, divide oficialmente "a la sociedad en mexicanos de primera y de segunda".
Murat Casab acotó que la controversia constitucional que en su momento presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en forma conjunta con el Congreso oaxaqueño y el procurador de Justicia local como abogado del estado de Oaxaca, intenta demostrar las violaciones al procedimiento legislativo, mismo que "no consideró que algunas entidades federativas no habían ejercido su derecho al voto de sus legislaturas, consumando con ello un atropello al pacto federal y a los más elementales fundamentos de la democracia".
Mientras, el titular del Ejecutivo de Tlaxcala anunció que su administración cont
inuará su lucha para que las reformas sobre derechos y cultura indígenas "cumplan con las demandas de los pueblos marginados del país, porque de lo contrario el precepto publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación va a ser letra muerta".
En entrevista, Sánchez Anaya reiteró su intención de presentar una controversia constitucional ante la SCJN, paralela a la que interpusieron 12 diputados locales de esa entidad, pues consideró que en el recurso de estos últimos "no se incluyeron varios puntos del documento que aprobó el Congreso de la Unión".
Sánchez Anaya insistió en la necesidad de modificar la llamada ley indígena según las necesidades de las etnias, pues "si bien el gobierno federal publicó las reformas, esto no quiere decir que esté impedido a emprender una nueva reforma, en virtud de que todo precepto es perfectible".
A nombre de la bancada perredista en el Congreso de Chiapas, el legislador José Juan Ulloa Pérez subrayó que la publicación de las reformas significa "una declaración de guerra hacia las comunidades indígenas de México".
El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Chiapas, el priísta Edgar de León Gallegos, subrayó: "Lo lamento mucho porque esperábamos que esta legislación pudiera dilatarse unos días más, para que los estados que la reprobamos pudiéramos presentar la contrarreforma".
Representantes de organizaciones indígenas de 14 estados, reunidos en la capital de Oaxaca manifestaron, en el documento Pronunciamiento de Oaxaca, que este martes "se consuma la traición del Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades indígenas del país".
Leyó el documento Aldo González Rojas, presidente municipal de San Pablo Guelatao, Oaxaca. En el escrito se sostuvo que Vicente Fox "promulga una reforma en materia indígena contraria a la propuesta elaborada por la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), presentada por él mismo como iniciativa ante el Congreso de la Unión, demostrando su doble discurso en todo el proceso de la reforma, ya que la exposición de motivos que realiza el Ejecutivo es contraria a los derechos establecidos en la ley Cocopa".
Añade que "esta contrarreforma resulta inconstitucional por contravenir derechos reconocidos en instrumentos internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Además del albazo legislativo resulta ilegal ya que se cometieron vicios en el procedimiento, por lo cual la contrarreforma debe ser invalidada".
Se anunció también que municipios, comunidades y ejidos indígenas de distintos estados del país preparan "los mecanismos jurídicos de inconformidad como controversias constitucionales y amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la reforma".
A su vez, en un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas -que dirige el obispo emérito Samuel Ruiz- afirmó que con la promulgación de la llamada ley indígena, "la paz y la verdadera inclusión de los pueblos indios a la nación se pospone indefinidamente", lo que podría generar "mayor descomposición social y violencia", pues "pone contra la pared a los pueblos indios", y el camino legal "queda clausurado hasta en tanto estas mismas autoridades no corrijan, en el marco de sus facultades, el error histórico que significa no reconocer personalidad jurídica, derechos sobre las tierras y territorios, autonomía plena y derecho a la asociación extramunicipal".