DOMINGO Ť 12 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Hay que garantizar que en esa etapa no graviten intereses corporados: Woldenberg
Las precampañas, talón de Aquiles para el IFE
Ť Vacíos en la ley electoral empañan la transparencia en comicios y la labor del instituto
RENATO DAVALOS
El silencio zedillista no evitó que el espectro de duda sobre el financiamiento de su campaña dejara manchados los comicios del 94. Hoy, el "agujero en la ley electoral" cierne la incertidumbre sobre la elección foxista, con la reticencia a ofrecer, como entonces, la información sobre los recursos extranjeros que habrían fluido a esa campaña. Al final se vislumbra la repetición del fenómeno.
En el fondo, el ofrecimiento de transparencia tanto de Vicente Fox como de Ernesto Zedillo, aunque la ley electoral no contenga ni una línea para regular las precampañas. En palabras de José Woldenberg, responsable del máximo órgano electoral, tiene que garantizarse que en esa etapa "no graviten intereses corporados o delincuenciales".
Los fideicomisos de Banca Unión, que financiaron la campaña zedillista, todavía tienen un litigio pendiente, que está por arrojar los primeros resultados siete años después en la Cámara de Diputados, y casi tres después de que el Instituto Federal Electoral y el tribunal desecharan la demanda perredista para escrudriñar esos expedientes.
En el caso de Fox la historia está por repetirse, con la determinación del IFE a no apelar a otras vías jurisdiccionales para obligar a Hacienda a que entregue la información que ha negado insistentemente en torno a la participación de Juan Pablo Fox -hermano del Presidente- con la empresa Vegetales Frescos, y las compañías K Beta, Grupo Alta Tecnología y Stand de México, en la etapa proselitista del guanajuatense.
Los siete consejeros que votaron a favor de no recurrir a otras vías para allegarse la información del caso han argumentado que desecharon esa posibilidad porque las pruebas que presentaron los priístas corresponden a la precampaña. Aunque nunca pudieron rebatir el asunto de la intemporalidad de los recursos del extranjero que fluyen a un partido, y que sí están prohibidos y sancionados por la ley.
Apenas el jueves pasado votaron en contra de continuar la investigación: José Woldenberg, Alonso Lujambio, José Barragán, Gastón Luken, Mauricio Merino, Jacqueline Peschard y Viriglio Rivera. Quienes no estuvieron de acuerdo con la postura de sus compañeros son Jaime Cárdenas y Jesús Cantú.
Caminos cerrados
El sistema priísta, entonces bajo la tutela de Zedillo, cerró los caminos jurídicos a la queja interpuesta por los partidos para esclarecer los recursos que fluyeron a su campaña y a la de Roberto Madrazo. En septiembre del 98, el PRD interpuso la demanda respectiva.
En mayo de ese año, Gerardo de Prevoisin, ex director de Aeroméxico en el exilio, ratificó bajo juramento en San Antonio -en el juicio de la aerolínea contra él y GP Investment- que en el 94 había donado 8 millones de dólares y mil 500 boletos de avión al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, así como el préstamo de una aeronave para la campaña de Zedillo. Los recursos fluyeron a razón de un millón de dólares mensuales a partir de enero de ese año.
Tres de esos millones fueron destinados a fideicomisos del PRI, y de los otros 5 millones dijo desconocer el destino que les dio ese partido. El acuerdo fue tomado por el comité de la empresa y por el comité priísta. Las aportaciones de De Prevoisin fueron hechas a "título personal", dijo entonces el secretario general priísta Carlos Rojas.
De ello, Zedillo declaró entonces en Nueva York -cuatro años después de haber mantenido en secreto las aportaciones- que el "donativo" fue a la "campaña priísta".
En agosto, Angel Isidoro Rodríguez, ex presidente del grupo Asemex Banpaís, en una comparecencia con los diputados ratificó declaraciones hechas ante autoridades judiciales, y reconoció hasta entonces que había donado 2 millones de dólares desde el banco.
Conocido el quebranto bancario de 94-95, se reveló que Carlos Cabal Peniche atestiguó que del 92 al 94 el PRI constituyó y operó con Banca Unión cinco fideicomisos: 1718-0 y 2929-4, en julio del 93; 2739-9, en julio del 92, con sede en Tuxtla Gutiérrez; 2939-1, en Villahermosa, en agosto del 93, y 3110-8 en Campeche, en abril del 94.
Los fideicomisos fueron alimentados por la cuenta concentradora 964004-5 a nombre de Administración Fiduciaria por cuenta de terceros. De ahí fluyeron 30 millones de dólares para apoyar al PRI. Los fondos eran obtenidos mediante créditos quirografarios sin garantías, otorgados por Banca Unión a diversas empresas, casi todas vinculadas a Cabal.
Entre ellas sobresalieron Lomas Mil, San Carlos World Trade, Del Valle Zapata y Real Turismo. Y con créditos cruzados: Servicios Tecfin, Grupo Asesor de Comercio Internacional, Grupo Inmobiliario Reforma, Reforma Grupo de Inversión Inmobiliaria, Servicio y Asesoría Inmobiliaria Reforma, Alfil y Asociados, Grupo Empresarial Agrícola Mexicano, Zavala Internacional y Platanera San Carlos del Golfo, entre otras.
Figuraban además Salvador Martínez Garza, Carlos Sánchez de la Peña, Juan Covarrubias y Banamex.
La cifra conjunta canalizada en 93 y 94 supera los 2 mil millones de pesos. En sus informes, el PRI reportó erogaciones por 324.68 millones de pesos. Las aportaciones de personas físicas no podían superar los 2 millones de pesos.
En ese entonces el PAN gastó 43 millones de pesos y el PRD 6 millones.
La argumentación fue presentada en el seno del IFE con las violaciones respectivas al código electoral en vigor. Zedillo ordenó al PRI que se apelara a la resolución del máximo órgano electoral del 11 de diciembre del 95, en la que el organismo detalló que el PRI había presentado sus comprobantes de ingresos y gastos en forma "adecuada y correcta".
El IFE sólo señaló que había una "evidente desproporción entre los recursos declarados por el PRI y el resto de los partidos". Se trata, argumentaron los priístas, de una "cosa juzgada".
Enrique Ibarra, entonces representante priísta en el IFE, fue enviado a responder y a acusar "administrativamente" a los consejeros Jesús Cantú, Alonso Lujambio, Emilio Zebadúa y Jaime Cárdenas, promotores del seguimiento del caso en el instituto, bajo el argumento de designaciones de titulares electorales en varias entidades y por gastos de Cantú en una reunión de consejeros electorales locales en Querétaro.
El dictamen del IFE fue elaborado con la ley de entonces, justificó Woldenberg ante los señalamientos de carácter genérico de los informes priístas. Investigación "exhaustiva", reclamaron los partidos.
El Tribunal Electoral recibió la queja del PRD en diciembre del 98, pero se declaró incompetente, al igual que el IFE, para conocer el caso que había sido presentado con posterioridad, según dictaminó la magistrada Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo.
Los perredistas apelaron y la respuesta fue la misma: "resultaría imposible llegar a la comprobación de que fideicomisos aportaron recursos al partido denunciado, y que éste hubiera omitido esas operaciones en sus informes. Son sustancialmente fundados, pero inoperantes los agravios que aduce el PRD". Aunque Navarro Hidalgo, encargada nuevamente del dictamen, señalaba que las circunstancias no impedían que otras autoridades distintas a las electorales llevaran a cabo las investigaciones respectivas. La historia se sellaba en junio del 99. Hoy, dos años después, apenas empieza a revelarse que podrían conocerse esos financiamientos oscuros.
Semejanzas
En junio del año pasado, apenas con 10 días de diferencia, el PRI -un mes antes del proceso electoral y en una circunstancia angustiada- lanzó una acusación contra Vicente Fox por las transacciones de Fox Brothers y las cuatro fuentes diversas desde las que Carlota Robinson hizo transferencias a los Amigos de Fox, a una empresa televisiva y a Rito Padillo García.
La operación fue dirigida por Lino Korrodi. El financiamiento del exterior se recibía en el Instituto Internacional de Finanzas, con sede en Puebla, que lo transfería a las filiales en León, Guanajuato o Monterrey. De ahí, la ingeniería financiera aterrizaba en una de las tres empresas de Korrodi: K Beta, Grupo Alta Tecnología en Impresos y Stand K de México.
De las cuentas de Korrodi los recursos se transferían a Carlota Robinson o a un fideicomiso de Bancomer a nombre de Carlos Rojas Mañón -recién cesado en Los Pinos por el toallagate- y a la cuenta de los Amigos de Fox.
Enrique Jackson entregó entonces copias de los cheques. Empezaba el litigio que barrunta hoy una analogía con el zedillista.
Pero no sólo hubo esa negativa. En la investigación del instituto y las autoridades respectivas, por ejemplo, no se "localizó" a la sociedad Amigos de Fox, porque cuando se acudió al domicilio en esta ciudad "había desaparecido". Se esgrimió que los cheques y documentos presentados por Jackson eran "copias".
La PGR, por su parte, "no localizó" ninguna denuncia contra los Amigos de Fox, aunque sí se constató que Robinson pagó anuncios televisivos.
Además, reza el dictamen del IFE, el PRI no aportó ningún documento que acreditara la constitución de Fox Brothers, por lo que la autoridad judicial "carece de elementos para comprobar la existencia jurídica".
Pero el vocal ejecutivo en Puebla tampoco "encontró" a las empresas. "Ni el 040 del directorio telefónico". La PGR hizo una "minuciosa búsqueda", pero no halló nada. Rafael Machorro, director del Registro Público de la Propiedad poblano, "no encontró ningún inmueble de esas sociedades".
En el caso de la denuncia de la Alianza por México, las condiciones tampoco se modificaron. Juan Pablo Fox, hermano del Presidente y socio de Vegetales Frescos, otra de las empresas que habrían canalizado recursos del exterior, hacía transferencias en dólares desde el 97, aunque la autoridad encontró que esa sociedad sólo habría aportado a la campaña "19 líneas telefónicas y 11 celulares".
La denuncia señalaba las transferencias por 30 millones de dólares. Se integró una averiguación previa para investigar los nexos de Juan Pablo con el First National Bank, aún inconclusa.
La respuesta del vocal ejecutivo de Guanajuato niega la existencia de la empresa.
Se publicaron los números de folios y los cheques de movimientos bancarios, pero se desecharon porque los "recortes periodísticos" no son documentos públicos. El SAT nunca dio a conocer la situación fiscal de la empresa. Por ello, la Comisión de Fiscalización del IFE concluyó que no era posible afirmar que la campaña foxista hubiese recibido dinero del exterior, y que la relación entre Vegetales Frescos y el First National Bank era "estrictamente privada".
Un "agujero en la ley" y muchas dudas sobre los argumentos de los siete consejeros acompañan a los espectros de incertidumbre sobre dos elecciones presidenciales.