Debe darse una transformación radical de las estructuras universitarias basada en la democracia, la equidad y la defensa de la inclusión y el reconocimiento de la pluralidad de pensamiento, señalaron académicas de la UNAM durante el foro La Universidad que queremos las mujeres, logros, perspectivas y propuestas.
Fueron más de una cincuentena las participantes -durante tres días consecutivos, en cuatro mesas de trabajo- quienes realizaron un diagnóstico de la situación que enfrentan las académicas, las formas de participación y democratización, la política educativa, el sexismo, así como el feminismo y la reforma académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este foro previo a la realización del Congreso Universitario donde presentarán sus propuestas.
En algunos casos el diagnóstico no resultó alentador, pues aún falta información estadística desagregada por sexo que permita definir la presencia y participación real de las mujeres en la vida académica de la universidad; subsiste la desigualdad en el plano de las relaciones laborales cotidianas y en las políticas contractuales prevalecientes; y es escasa la participación femenina en los puestos directivos.
Indicaron que si bien la matrícula de mujeres a nivel licenciatura ha aumentado considerablemente a últimas fechas, no sucede lo mismo en el campo científico y de la investigación, al que tiene acceso un número muy reducido de mujeres.
Durante el evento, organizado por el recién conformado Colegio de Académicas Universitarias -cuya presidenta es Olga Bustos Romero- y en el que se le rindió un homenaje a la directora del Programa Universitario de Estudios de Género, Graciela Hierro, la también feminista Marcela Lagarde pidió la creación del Premio Rosario Castellanos al Desempeño Académico de las Mujeres.
Se expuso también la problemática tanto de académicas, investigadoras, estudiantes y personal directivo, administrativo y de base y se realizaron una serie de propuestas encaminadas a hacer de la universidad un espacio democrático y equitativo en el que las mujeres tengan una participación determinante.
Académicas e investigadoras plantearon que la Ley Orgánica sea sustituida por una Ley Universitaria con perspectiva de género; la defensa de la gratuidad de la educación "como una acción afirmativa de género" con lo que se garantice el ingreso de las mujeres a los niveles superiores de educación; que se haga uso transparente, eficiente y equitativo de los recursos y que se promueva una educación laica, científica, humanista y feminista cuyo eje sea la ética.
En cuanto a las formas y gestiones de gobierno, externaron que debe haber una diferenciación de dos niveles de poder: el burocrático administrativo y el de la academia y que ambos deberán ser electos por mecanismos democráticos y descansar en formas colegiadas. Desaparición de la Junta de Gobierno, Reestructuración del Consejo Universitario para su transformación en un nuevo poder académico y conformación de consejos derivados de una multiplicidad de instancias de decisión, que contemplen los criterios de equidad y paridad.
Para eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres dentro de la universidad plantearon el promover políticas afirmativas de equidad y género; hacer vigentes los derechos de maternidad y salud para las universitarias, otorgar becas para académicas, trabajadoras y estudiantes, de acuerdo con sus necesidades y condiciones, apoyar el ingreso, la permanencia y la superación de las académicas tanto en la docencia como en la investigación.
De igual forma, enfatizaron en que se deben crear áreas en las que se capacite y forme a profesionales como especialistas en género y otras que promuevan y vigilen la potenciación de nuevos modelos hacia la equidad; otorgar cursos y talleres para que las universitarias conozcan sus derechos laborales; que se establezca de forma institucional, sindical o gremial, una política salarial equitativa que eleve los salarios, las prestaciones y los derechos derivados del trabajo, así como un programa de becas estudiantiles que estimule la equidad de género entre mujeres, hombres.
Asimismo, construir una red de género entre las universitarias de todos los sectores que impulse el avance de las mujeres en la sociedad y establecer un diálogo permanente con partidos políticos, organizaciones civiles, empresas, gobiernos, legislaturas y medios de comunicación para participar en la construcción de una cultura democrática avanzada. En ese sentido, acordaron crear una campaña para difundir la Convención para la eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y exigir de parte del gobierno la firma del Protocolo facultativo de dicha convención.
Plantearon la redefinición de las instancias de evaluación del trabajo académico, que éstas cuenten con 50 por ciento de mujeres, la inclusión de las mismas en la investigación y que el Programa Universitario de Estudios de Género tenga una mayor participación en los planes docentes con objeto de garantizar que los contenidos estén orientados desde la perspectiva de género.
También pidieron que se contemple en el estatuto general de la UNAM, la sanción a toda acción discriminatoria por ideología, raza, clase o género y que se tipifiquen todas las acciones relativas al acoso sexual. (Aleyda Aguirre)