Los ataques masivos de códigos informáticos perversos, comúnmente denominados virus, son una de las facetas más exasperantes en entornos laborales, industriales, económicos y personales cada vez más dependientes de las computadoras. Si hasta hace una década el "contagio" de un ordenador parecía un asunto remoto, misterioso e incomprensible, hoy, con la masificación en el uso de estos instrumentos y con la expansión vertiginosa y planetaria de la Internet, se vuelve una realidad cotidiana que en el mejor de los casos resulta irritante y, en el peor, catastrófica.

Melissa, I love you, W32Sircam y código rojo, entre otras, se han convertido en conocidas referencias de desastre informático: en la medida en que crecientes porciones de los activos industriales y empresariales están conformados por información digital, y que tal información resulta dañada o destruida por los virus, se incrementan exponencialmente las pérdidas provocadas por esos programas malignos disfrazados de archivos inocuos.

Sondeos recientes hablan de la existencia, en nuestro país, de unos siete millones de internautas; la cifra de los individuos que tienen contacto regular con una computadora --por razones profesionales o personales-- es, sin duda, mayor. Por lo que hace a los usuarios corporativos e institucionales, es un hecho que no hay dependencia pública, empresa pequeña o mediana u organización que pueda prescindir de la tecnología digital para funcionar de manera adecuada. En consecuencia, existe en México un gran universo de personas físicas y morales expuestas al daño causado por los virus.

Desde otra perspectiva, hay indicios de que uno de los ataques recientes, el del W32Sircam, pudo haberse originado en México. Por donde quiera que se vea nuestro país está involucrado en el problema y no debe permanecer pasivo ante él; por el contrario, es preciso que los informáticos mexicanos participen activamente en el debate mundial sobre la necesidad o la improcedencia de regular y legislar sobre prácticas informáticas nocivas que podrían configurar nuevos delitos, así como sobre la pertinencia o la inviabilidad --moral, tecnológica o jurídica-- de establecer para Internet instancias nacionales e internacionales con autoridad suficiente para sancionar tales prácticas. El tema, en suma, nos concierne.

A partir de hoy, miércoles primero de agosto de 2001, este diario incrementa su precio de portada a ocho pesos por ejemplar. La casa editora de La Jornada está consciente del impacto negativo que esta medida tiene en el bolsillo de los lectores, especialmente en el enrarecido entorno económico presente, caracterizado por los síntomas de recesión y el repunte del desempleo. Por ello se buscó postergarla todo el tiempo que fue posible --varios años-- y se procuró absorber por otras vías los incrementos de los insumos utilizados en la elaboración del diario, de los salarios de sus trabajadores y de los costos fijos del periódico. 

Se ha llegado a un punto, sin embargo, en el que mantener el precio anterior significaría poner en riesgo la viabilidad de un proyecto informativo que se debe a su público y a la sociedad. 

La Jornada ofrece una disculpa a los lectores por esta decisión inevitable, agradece su preferencia y ratifica su compromiso con un ejercicio informativo cada vez más profesional.