MIERCOLES Ť 1O Ť AGOST0 Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Desarrollo integral del Centro Histórico
El énfasis puesto por el actual Gobierno del Distrito Federal en la recuperación y desarrollo del Centro Histórico, y su acuerdo con el Ejecutivo federal en ese sentido, son de gran importancia para el futuro de la capital. Es el momento, por tanto, de actualizar diagnósticos, evaluar experiencias locales, nacionales e internacionales, diseñar políticas y concertar democráticamente las acciones. En este proceso, que no implica posponer las acciones en curso, hay cinco aspectos sustantivos: el proyecto global de desarrollo, los consensos entre los actores, los convenios institucionales, los instrumentos y el financiamiento.
En la anterior administración, el Fideicomiso del Centro Histórico elaboró un Programa de Desarrollo Integral del Centro Histórico, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda presentó los programas parciales: Centro Histórico, Alameda y La Merced; los dos primeros aprobados por la Asamblea Legislativa. Parece necesario que sobre estas bases se integre una política estratégica de recuperación y desarrollo, promocional y regulatoria, de mediano y largo plazos, que integre coherentemente los aspectos demográficos, económicos, laborales, sociales, territoriales, patrimoniales, ambientales y de seguridad pública que forman la problemática actual, a partir de una visión del futuro viable y posible. Esta podría ser la base para lograr consensos sociales, coordinar y dar coherencia a las acciones individuales, reducir conflictos y oposiciones y evitar las duplicidades.
En la construcción de esta política y la definición de las acciones concretas y sus instrumentos juega un papel fundamental la participación de todos los actores sociales involucrados (gobierno federal y local, instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales, empresas y trabajadores, residentes y usuarios) para articular en lo posible sus prácticas, minimizar los conflictos de interés y concertar los beneficios mutuos de las acciones. Los consensos alcanzados podrían formar parte de un acuerdo institucional, bajo la forma de un convenio marco de acción urbana en el que los diferentes actores asuman obligaciones, regulen los beneficios obtenidos por los actores, y se comprometan con las acciones acordadas en el marco del proyecto global. En él ocuparían un lugar central los acuerdos concretos entre el gobierno federal y el local; y, entre éstos, los empresarios privados y las organizaciones sociales involucradas. Así podrían minimizarse las contradicciones reales entre las acciones sectoriales determinadas por intereses diferenciados, que llevarían a trabar el proceso de recuperación y desarrollo.
Parece necesario que exista una entidad u organismo de interés público y participación mixta (pública, privada y social), de carácter operativo y ejecutivo, encargado de la promoción, orientación, coordinación, ejecución de acciones de interés conjunto (mejoramiento de infraestructura y servicios públicos, etcétera), evaluación y revisión constante del proyecto global. Existen ejemplos de este tipo a evaluar en muchas ciudades de países atrasados y desarrollados.
Los instrumentos (regulaciones y normas, estímulos e incentivos fiscales, facilidades y transferencias de potencialidad, usos del suelo e inmuebles deseados y permitidos, programas institucionales de mejoramiento, etcétera) podrían restructurarse a partir de la política estratégica y del convenio marco y formar parte de ellos. Necesariamente, el financiamiento provendría, como hasta ahora ha sucedido en lo realizado, de la combinación de recursos públicos federales y locales (recuperación del patrimonio inmobiliario público, inversión en vivienda popular, infraestructura y servicios públicos), inversión empresarial privada, ahorro individual de los residentes, y esfuerzo autogestionario de las organizaciones sociales.
Por su naturaleza, el Centro Histórico es una compleja estructura urbana, muy vulnerable a las fuerzas naturales y sociales, con muchas restricciones patrimoniales y culturales, cuyo grado de deterioro impone inversiones cuantiosas, muchas de las cuales no pueden regirse por códigos de rentabilidad económica y política, y requiere acciones cuidadosas y articuladas entre sí. Su recuperación y desarrollo no pueden asumirse pragmáticamente como una sumatoria de iniciativas puntuales y acciones individuales o sectoriales aisladas, de estímulos e incentivos generales sin retribución social, o de beneficios económicos o políticos coyunturales particulares. El Centro Histórico es, ante todo, un patrimonio público que todos los ciudadanos tienen derecho a apropiarse democráticamente; hay que recordar que en su preservación y apropiación, la ciudad y los gobiernos federal y local tienen un triple compromiso con los habitantes de la metrópoli, con el país entero y con toda la humanidad.