MIERCOLES Ť 1Ɔ Ť AGOSTO Ť 2001
Alejandro Nadal
Amparo contra el decreto de Pekín
En el mundo de la competencia comercial, los gobiernos defienden a los productores nacionales y promueven sus intereses. Pero en México no es así. Aquí los productores nacionales tienen que defenderse del gobierno mexicano.
Una de las más importantes asociaciones de productores del campo, la ANEC, acaba de presentar una demanda de amparo en contra de un decreto del presidente Fox emitido desde Pekín, República Popular China. El decreto establece un arancel de entre uno y -3 por ciento sobre las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos que rebasen la cuota libre de impuesto fijada en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Este año, el arancel establecido en el TLCAN para dichas importaciones es 127 por ciento, pero Fox lo reduce a 3 por ciento. De este modo, Vicente Fox y su secretario de Agricultura mantienen la política de importar maíz cobrando un arancel cero o simbólico. Como resultado de estas prácticas, el precio del maíz se ha reducido en 50 por ciento.
Luchando contra estas prácticas del gobierno mexicano, los productores agrícolas lograron que la Ley de Ingresos del año 2000 autorizara el cobro de aranceles mínimos de 30 por ciento sobre las importaciones de maíz por arriba de la cuota libre de arancel. Argumentando que el cobro de dicho arancel era discrecional, el gobierno dejó de cobrarlo con un sacrificio fiscal de más de 370 millones de dólares ese año, y la persistencia de un impacto negativo sobre los precios de maíz.
Para 2001 se incluyó en la Ley de Ingresos la obligación para el Ejecutivo federal de que en caso de requerirse importar maíz por encima de la cuota libre de arancel, el nivel de aranceles aplicable sería determinado en consulta con organizaciones de productores. Además, la ley fue explícita, obligando al cobro de aranceles sin excepción.
Pero en lugar de realizar las consultas, el gobierno de Fox expidió un decreto desde Pekín, durante su reciente viaje. El decreto fue emitido con premura, como lo indica el hecho de que el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, cuya rúbrica es anunciada en el texto, no lo pudo firmar por encontrarse en la ciudad de México, lo que afecta la legalidad.
Lo más importante es que el decreto viola el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de 2001, porque nunca se llevaron a cabo las consultas con los productores de maíz, mencionadas en esa disposición.
El decreto de Pekín está fechado el 7 de junio, y ese mismo día el señor Usabiaga compareció personalmente ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Interrogado sobre las consultas, anunció que éstas no habían concluido y que se harían de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Ingresos, pero en realidad ni siquiera comenzaron. Es claro que se violó el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos y el juicio de amparo debe concluir anulando los efectos del acto reclamado.
El TLCAN estableció un plazo de 15 años para desgravar las importaciones de maíz. Las importaciones por arriba de esta cuota deben pagar un arancel que debe reducirse gradualmente hasta desaparecer en 2008. Se suponía que de este modo el precio nacional se reduciría gradualmente, permitiendo al productor local adaptarse a la competencia internacional.
En la vida del TLCAN nunca se ha cobrado el arancel a las importaciones de maíz. El fisco ha dejado de recaudar más de 2 mil 600 millones de dólares en los últimos seis años debido a esta práctica. Y eso que el gobierno dice que es necesario aumentar la recaudación fiscal. ƑPara qué se pactaron aranceles en el TLCAN?
En el fondo esta política huele a corrupción por todos lados. Los beneficiarios son las grandes empresas importadoras, harineras, molineros, productoras de almidón y alta fructosa de maíz (con lo que el problema del maíz se engarza con el de la industria azucarera). La antigua Secofi siempre sostuvo que si se cobraba el arancel se iba a tener que subsidiar a los productores de tortilla, entre otros, para no subir el precio, pero éste aumentó 483 por ciento en ese lapso, y por lo menos hasta 1998 se mantuvo el subsidio para Maseca y Minsa, que ese año recibieron 5 mil millones de pesos.
El amparo interpuesto por ANEC puede marcar un parteaguas en la lucha contra la arbitrariedad y la política económica irracional.