miercoles Ť 1Ɔ Ť agosto Ť 2001

Luis Linares Zapata

Capacidad para la gobernación

Las propuestas lanzadas, en creíbles versiones de ser simples globos sonda, para formar comisiones de la verdad que inquirieran en asuntos clave de la vida organizada, han quedado, como otras numerosas iniciativas y promesas del Ejecutivo federal, extraviadas entre las presiones e incapacidades para llevarlas a feliz término. Las tropelías contra los más elementales derechos humanos, tan sufridas y reclamadas por amplios grupos de la sociedad, no serán indagadas a profundidad, menos aún se castigará a los violadores. Los fraudes y los errores, frutos de rampante irresponsabilidad de funcionarios y banqueros, que dieron lugar al Fobaproa-IPAB, no serán expuestos, con el rigor y el detalle que merecen, ante el tribunal supremo: el contribuyente de México.

Las distintas fracciones parlamentarias, en especial las que tienen el poder decisorio, siguen enredadas para encontrar fórmulas de apertura que posibiliten saldar las cuentas definitivas con esa historia que tanto ha calado en el ánimo colectivo y que tan férreas limitaciones le impone a la economía y al erario públicos para funcionar como las ingentes necesidades sociales exigen. La sentencia del entierro de las discutidas comisiones de la verdad fue pronunciada, con la debida precisión y en un escenario ad hoc, por el mismo secretario de Gobernación, Santiago Creel, al asegurarle a su concurrencia priísta que sólo habrá una salida institucional. Con ello se pretende dejar las indagatorias al Ministerio Público, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Bancaria o a Secodam, según el caso. Es decir, la oscuridad de siempre. Desapariciones inexplicadas, torturadores y asesinos impunes, corporaciones alevosas continuarán intocadas. Y, mientras se hacen o no auditorías adicionales y se abren discos encriptados, los bancos del país seguirán recibiendo un monto considerable de recursos por los bonos IPABE, que incluye la cartera proveniente de las famosas operaciones reportables e ilegales (según clasificación de M. Mackey), para, con esos pagarés, engrosar sus utilidades y elevar el precio de venta como en el caso Banamex-Citigroup.

La disolvencia de las comisiones de la verdad son un capítulo adicional de otras tantas promesas y buenos propósitos que ha lanzado la actual administración para finiquitar la transición democrática y que han quedado en la niebla de las disputas estériles y pospuestas. El pacto, la reforma integral de la Constitución, la reforma del Estado y otras menudencias adicionales, como el derecho a la información, el plan a 25 años o la reforma fiscal, han recibido burocrático expediente para ser achicadas o dormir el sueño de la Presidencia del cambio.

Las razones de tal fenómeno de olvido, perdón, acomodos forzados con el pasado o guiños con la oposición, hacen referencia a tener o no la capacidad de gobernar con eficiencia esta consternada nación. Todo indica que no tienen los botones del mando en su debido sitio, la valentía de juicio, experiencia o la misma voluntad real para hacer los cortes de caja necesarios para deslindar al nuevo régimen y darle el perfil definitorio que anda buscando. Todo se les va en tanteos, amenazas, filtraciones (como los 30 mmdp de Sedeso que no se encontraban y que, días después y algunos ajustes de por medio, ya van en 10 mmdp), disculpas y visitas a los partidos para calmar los ánimos de algunos rijosos, acusaciones generales y hasta fantasiosas (ver A. Gertz Manero vs Mayolo Medina y los 40 mmdp flotantes del SNSP) donde todo se traspapela o cae en el olvido. Pero lo que permanece y hasta se acrecienta es la sensación de una falta de capacidad para la gobernación que, en mucho, es entrega de resultados. Ese intangible, pero sentido poder de concretar, de dar seguridades, de concitar energías para la acción, de orientar los esfuerzos nacionales hacia un determinado propósito, que no es otro que el bienestar individual y colectivo. Eso, que se llama la capacidad de gobernación, se subordina a la búsqueda, hasta hoy frustrada, de los recursos fiscales suficientes para financiar un programa de trabajo acorde con las ambiciones despertadas por Fox. Los gerentes, pocos funcionarios y políticos, hoy en posesión de los mandos del Ejecutivo federal, reculan ante cualquiera iniciativa para, al menos, documentar de manera oficial lo que ocurrió con ciertas acciones y momentos del pasado. Los compromisos financieros adquiridos por el erario, y que condicionan las oportunidades de desarrollo, así como los crímenes perpetrados contra ciudadanos rebeldes o inconformes tratan de ser pospuestos en aras de sacar adelante la ya mermada reforma fiscal que, en un descuido, terminará siendo una miscelánea recargada.