MIERCOLES Ť Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Mandatarios de cinco entidades rechazan la legislación

Anago también recurrirá a la Corte en contra de enmiendas

Ť Nahuas de Jalisco desconocen la reforma y convocan a comunidades indias a reconstituir sus territorios originales

LA JORNADA DE ORIENTE Y ROSA ROJAS

Tlaxcala, Tlax., 31 de julio. El secretario del gobierno de Tlaxcala, Fabián Pérez Flores, anunció que la Asociación Nacional de Gobernadores (Anago) presentará la próxima semana, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un recurso de controversia constitucional para evitar que la ley indígena entre en vigor.

Para ello, explicó que los gobiernos de Baja California, Nayarit, Zacatecas, Distrito Federal y Tlaxcala integran los expedientes y el sustento respectivo para fundamentar su demanda y se logre evitar la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de cultura y derechos indígenas.

En una acción que realizarán los titulares del Poder Ejecutivo de esas entidades de manera individual, señaló que la Anago mostrará su inconformidad por los procedimientos y, principalmente, por la integración de una ley que lejos de apoyar el desarrollo de los grupos indígenas abre aún más las brechas y diferencias de éstos con el resto de la sociedad.

Con esta estrategia, Pérez Flores consideró que se podría "echar atrás la ley indígena", pues dicho precepto carecería del apoyo de por lo menos 16 congresos locales, como lo exige la Constitución para aprobar una ley como ésta, situación que abriría la posibilidad para integrar nuevas disposiciones en la materia.

Señaló que la Anago tiene conocimiento de que existen otros gobiernos estatales que analizan la posibilidad de entablar un proceso similar ante la SCJN, como es el caso de Oaxaca, acción que fortalecería el rechazo hacia la también conocida como ley Bartlett-Cevallos.

Asimismo, Pérez Flores refirió que en el caso de Tlaxcala existen serias inconsistencias por parte de los legisladores locales en la aprobación de la ley,por lo que existen los fundamentos legales para que la controversia constitucional proceda ante el máximo órgano de justicia del país.

Por otra parte, integrantes de diversas comunidades nahuas de Tuxpan, Ayotitlán y Manantlán, Jalisco, suscribieron ayer la Declaración de Tuxpan, en la cual "desconocen la reforma constitucional en materia indígena recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y el Congreso de Jalisco" .

En el documento se convoca a todas las comunidades nahuas del país "a construir una gran alianza que permita la unidad y reconstitución del pueblo nahua y la reconstitución de los pueblos indígenas de la nación entera", informaron María de Jesús Patricio -quien fue una de las oradoras por el Congreso Nacional Indígena en el Congreso de la Unión durante la marcha del EZLN de marzo- y Rogelia Justo, de la Unión de Pueblos Indios de Manantlán (UPIM).

La Declaración de Tuxpan surgió del taller de diálogo cultural y rescate de la comunalidad de los pueblos nahuas de Jalisco, efectuado los días 28, 29 y 30 de julio en el pueblo del mismo nombre, al que asistieron integrantes de las comunidades nahuas de ese municipio. El último día participaron también ejidatarios, productores de Ayotitlán y de la UPIM. Los reunidos acordaron avanzar en la unificación de las comunida-des nahuas de la entidad por medio de la construcción de una organización propia.

En el mismo sentido, las comunidades indígenas nahuas jaliscienses reivindican su derecho "a existir y a ser reconocidas por el Estado". Manifiestan su decisión de luchar por el ejercicio pleno de sus derechos, "menoscabados durante 509 años" y por la reconstitución de sus territorios comunales originarios, "de los cuales hemos sido históricamente despojados desde el momento mismo de la conquista y hasta el día de hoy".

Subrayan: "frente al despojo cotidiano defenderemos y preservaremos nuestros recursos naturales, mediante el ejercicio de nuestra autonomía territorial.

"Construiremos la organización propia de nuestras comunidades y, apoyados en los derechos que consignan los acuerdos de San Andrés, ejerceremos la autonomía de nuestros pueblos en todos los ámbitos de nuestra vida política, social, económica y cultural".