MIERCOLES Ť 1Ɔ Ť AGOSTO Ť 2001

LEY INDIGENA

Ť Las reformas, "un acuerdo caprichoso, faccioso y parcial", afirma José Murat

Oaxaca interpone el primer recurso estatal de controversia constitucional ante la SCJN

Ť Como "mexicanos de segunda", 10 millones de indios; sus derechos fueron cercenados

Ť Llama a los mandatarios de Chiapas y Guerrrero a sumarse al rechazo a las enmiendas

JESUS ARANDA

Al presentar ayer el primer recurso de controversia constitucional de un estado de la República en contra de las reformas legales en materia indígena, el gobernador de Oaxaca, José Murat, cuestionó a funcionarios del gobierno panista y a legisladores de PAN, PRI y PRD por haber negociado "un acuerdo caprichoso, faccioso y parcial en el que da la impresión de que se negociaron por fuera otras cosas", sin importarles dejar como "mexicanos de segunda" a 10 millones de indígenas a quienes les cercenaron sus derechos.

Después de entregar la demanda a los ministros Juan Díaz Romero y Mariano Azuela Güitrón -integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, Murat hizo un llamado a los gobernadores de Guerrero y de Chiapas a que se sumen a la cruzada en contra de las reformas en materia indígena, ya que junto con Oaxaca, los congresos de las tres entidades rechazaron las reformas constitucionales, además de que en su conjunto los tres estados cuentan con la mitad de los indígenas que hay en el país, es decir, unos 5 millones.

"Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen la misma realidad, deberíamos de trabajar en la misma dirección", enfatizó.

El gobernador oaxaqueño, quien no quiso esperar un día más para entregar su demanda en contra del Presidente de la República y del Congreso de la Unión -porque este miércoles la SCJN reinicia sus labores después de 15 días de vacaciones-, censuró en entrevista la forma tan apresurada como los legisladores aprobaron las reformas en materia indígena. Dijo que los legisladores debieron convocar a un amplio debate antes de aprobar la reforma constitucional y "sentarse a hablar, porque hasta los sordomudos entienden". Y remató: "cómo es posible que no quisieran escucharnos".

Apoyo de 16 etnias y 418 municipios

Luego de señalar que cuenta con el respaldo de las 16 etnias que hay en Oaxaca y de los 418 municipios que se rigen "por usos y costumbres", el mandatario cuestionó los razonamientos de quienes aseguran que el otorgar autonomía a los indígenas significaría tanto como atentar en contra de la integridad del país.

En Oaxaca, aseguró, llevamos más de siete años con una ley que establece la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, su autonomía, su personalidad jurídica de derecho público; el ejercicio colectivo de sus derechos sociales; sus sistemas normativos internos, la jurisdicción de sus territorios, el acceso colectivo a sus recursos naturales; su participación en quehaceres educativos; sus formas de expresión religiosa y artística; la sanción del etnocidio; en fin, procedimientos "que aseguran el acceso a la protección jurídica de los indígenas sujetos a procesos criminales y a la conciliación en la solución de conflictos de límites ejidales, municipales, comunales, etcétera".

Tenemos una ley que contempla todo esto "y no ha pasado nada en más de seis años, en Oaxaca no existen esos fantasmas" que algunos señalaban que aparecerían si se les otorga autonomía a las comunidades.

Respecto a la participación que han tenido funcionarios panistas en el problema indígena, Murat señaló que tanto Luis H. Alvarez, comisionado para la paz, como Rodolfo Elizondo, comisionado para la Alianza Ciudadana, fueron integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), posición diferente a la que asumen ahora que son "destacados funcionarios del gobierno federal", y añadió: "es dramático ver que ayer dijeron una cosa y ahora otra".

En cuanto a la actuación de los legisladores de PRI, PAN y PRD que aprobaron las reformas constitucionales, el gobernador oaxaqueño cuestionó la rapidez como se llevaron a cabo los cambios legales. "Da la impresión de que lo que negociaron fue otra cosa", aseveró.

Y los acusó acto seguido de haber "negociado" dicha reforma de una manera facciosa, caprichosa y parcial.

Esto, sin tomar en cuenta que estaban jugando con los derechos naturales de 10 millones de indígenas. Sin embargo, evitó abundar sobre sus críticas a los partidos.

Flanqueado por el presidente del Congreso de su entidad, Aquiles López Sosa, y por el presidente de la mesa directiva de la cámara local, Jorge Sosa, de PRI y PRD, respectivamente, el gobernador oaxaqueño aseveró que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión "no sirvieron" ni siquiera para sentar a dialogar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Recordó que además de las condiciones de los zapatistas de retirar al Ejército de la zona de conflicto y de la liberación de presos acusados de pertenecer al EZLN se puso como condición que el Congreso aprobara una ley que cumpliera con los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

"Pero ni para eso sirvió, ni para reiniciar el diálogo en Chiapas", dijo.

Arremetió también en contra de las reformas constitucionales, en razón de que le quitaron a los indígenas oaxaqueños los beneficios de la ley indígena local que data de hace más de seis años, Murat criticó un aspecto fundamental: que la legislación federal desconoce a los indígenas como "sujetos de derecho público", además de afectar el derecho que tienen de elegir a sus representantes, y trabajar de manera individual o colectiva sus tierras.

Ante lo grave de la situación, el funcionario advirtió que la reforma aprobada por el Congreso de la Unión podría provocar problemas sociales de consecuencias impredecibles.

-ƑPero estas críticas no le traerán problemas con sus compañeros de partido?

-No, ya tiene tiempo que me están partiendo la madre, nada más ve la madriza que me pusieron hoy en la mañana -dijo a manera de despedida.

El alegato jurídico

La controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Oaxaca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas constitucionales en materia indígena -contra el Presidente de la República y las cámaras de Diputados, senadores y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión-, combate fundamentalmente la violación al procedimiento legislativo en que incurrió la Comisión Permanente, "que no tuvo a la vista el total de los votos de las legislaturas de los estados de la Unión y, en consecuencia, no pudo acreditar qué legislaturas aprobaron las reformas".

Tal proceder quebranta, según la denuncia, el procedimiento, además ataca la certeza jurídica contenida en el artículo 135 constitucional. Cabe señalar que cuando la Corte resolvió el amparo interpuesto en su momento por Manuel Camacho Solís en contra de la reforma legislativa que le impidió contender por el gobierno capitalino, el máximo tribunal dejó en claro que si una reforma constitucional no se ajusta a la forma establecida, "su conducta puede ser impugnada justamente por haber violado ese principio de legalidad".

De esta manera, la demanda plantea que al ser el cómputo de la Comisión Permanente "viciado e inconstitucional", todos los actos derivados de las reformas son inconstitucionales de origen y las normas deben invalidarse. Aun y cuando las reformas no han sido promulgadas en el Diario Oficial, por atacar la controversia el procedimiento, la queja sería procedente, afirmaron representantes del gobierno de Oaxaca.

Por otra parte, impugna el incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -suscrito por México-, que establece que cuando se realicen reformas sobre pueblos indígenas debe realizarse un proceso coordinado y sistemático de consulta con los pueblos indios, cosa que no ocurrió, argumenta la demanda.

Y por considerar que la reforma federal se traducirá en la disminución de los derechos de los indígenas de Oaxaca, la controversia "tiende a proteger los derechos de los individuos, pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca", con lo que se buscará evitar la "involución" del sistema federal. Es decir, las reformas no pueden retroceder en las actividades del poder público relativas a la merma de las garantías individuales, porque de lo contrario se actuaría en contra de los gobernados y violaría el artículo 39 constitucional. JESUS ARANDA