miercoles Ť 11 Ť julio Ť 2001

Luis Linares Zapata

La transición y el pacto

La dilatada transición mexicana hacia la democracia terminó con innumerables soportes del viejo régimen pero no ha podido, todavía, finiquitar algunas sedimentaciones de la superestructura, en preciso aquellos modos de actuar y relacionarse de personas, organizaciones e intereses que obstaculizan el desarrollo de los derechos humanos y la práctica transparente y justa de las transacciones económico-financieras. Estos dos últimos aspectos siguen intocados en muchos de sus puntos medulares y forman un bloque formidable contra la vigencia del estado de derecho, condición indispensable que mide y regula el progreso y la calidad de la vida organizada. Por eso es que averiguar asuntos como las desapariciones y asesinatos de la guerra sucia y otras violaciones contra luchadores sociales, así como todo lo concerniente al llamado rescate del sistema financiero (Fobaproa, IPAB), queda situado en el meollo de la actualidad y, sobre todo, condiciona, de manera sustantiva, el futuro desarrollo de la democracia en el México actual.

La dualidad integrada por la seguridad pública y el Ejército, por un lado, y los grupos de poder empresariales relacionados con la burocracia de elite, por el otro, forman coaliciones ante las que los embates de la sociedad para abrir, al escrutinio de cualquiera, los asuntos colectivos, no han logrado someter al imperio de la ley. Los derechos humanos siguen sin tocar el piso firme de su respeto y, por tanto, del finiquito de la impunidad pasada. Los intentos de clarificar el pasado se estrellan con los vericuetos de las complicidades, debilidad institucional de la justicia y la endeble cultura de exigencias de la naciente ciudadanía. Similar crítica puede enderezarse contra todos los responsables de desenredar la tupida madeja de complicidades y fraudes cometidos contra el erario de los mexicanos. Los manejos irresponsables de los funcionarios hacendarios, del Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás empresas e instituciones del Estado con respecto al sistema bancario, flotan sobre un mar de intangibles, auditorías incompletas, discos encriptados, denuncias al vapor y cifras contradictorias, que no han podido ser desentrañadas a cabalidad. En este océano de oscuridades, sujetos como Fauzi Hamdam, ahora senador panista y artífice de las claves falsas, maniobras para favorecer a sus representados (Bufete) y normas desafortunadas para endeudar al país, pueden circular orondos por el escenario político sin que se les llame a cuentas.

Durante el periodo de transición que culmina con la alternancia en el Poder Ejecutivo federal (2 de julio) cayeron en el descrédito y la obsolescencia deformaciones políticas tan relevantes como la combinación imbatible del partido con el gobierno que monopolizó la vida pública durante más de setenta años. Tal igualdad posibilitaba otras derivadas, como el autoritarismo centralizado en la Presidencia con sus poderes extralegales, el sometimiento de los demás poderes de la Unión, las designaciones para puestos públicos a voluntad del líder nato, el manejo discrecional y dispendioso de enormes recursos y hasta el ejercicio de la justicia de acuerdo a criterios y órdenes que sólo obedecían la lógica, muchas veces inescrutable e inatacable, que emanaba de la cúpula de mando. La sociedad sufrió, durante este largo periodo, la conculcación de muchos de sus derechos ciudadanos, en ocasiones los más íntimos y valiosos, como los de expresión, tránsito o de asociación voluntaria. Aun los intercambios de ideas en el ámbito público eran ordenados y quedaban sujetos al Nacionalismo Revolucionario, que implicaba todo un mundo de concepciones y reglas de conducta. En fin, se fue, en el transcurso de la transición, dando sepultura a toda esa cultura que privilegiaba, casi de manera aplastante, los derechos colectivos sobre los individuales, las corporaciones sobre los sindicatos y al capital sobre el trabajo. Estos intereses individuales se subsumían, aunque ciertamente con la anuencia de las grandes mayorías, en aras de la construcción nacional.

Puede decirse, entonces, que la transición fue ocupada, en su parte medular, por una lucha recuperadora de los derechos individuales conculcados. En medio de la masa social, el individuo ha ido recuperando sus posibilidades de desarrollo conforme a su propia energía e imaginativa participación. Ha hecho viable su oportunidad para influir y conformar la cosa pública, es decir. el triunfo o la derrota en la arena política limitarlo a la propia capacidad y no a la designación del poderoso en turno. El saber que es factible ganarse el lugar que se busca ha trastocado de tal manera la realidad cotidiana de la política que es necesario nombrar el nuevo fenómeno que ello implica: la normalidad democrática.

La actual administración y el entorno partidario que la condiciona tienen la obligación de involucrarse y dar respuestas efectivas a la ciudadanía para el perfeccionamiento de la vida colectiva. No proponiendo un pacto etéreo y fundacional que ya está plasmado en la Constitución, sino trabajando sobre acuerdos precisos que sujeten a la ley a todos los grupos de presión y a las corporaciones para que todos puedan conocer lo que pasó, se castigue a los culpables y se sienten las bases de un desarrollo acorde con la realidad.