MIERCOLES Ť 11 Ť JULIO Ť 2001
Ť Indaga presunta transferencia de recursos del extranjero a la campaña del hoy Presidente
Ultimátum del IFE a Hacienda para que entregue informes sobre empresas de los hermanos Fox
Ť El plazo vence el próximo viernes 13 Ť Se investiga a Vegetales Frescos Ť Compañías propiedad de Lino Korrodi podrían podrían estar involucradas, señala el instituto
MIREYA CUELLAR
El Instituto Federal Electoral (IFE) dio un plazo de 10 días a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -que vence el próximo viernes- para que le informe sobre la auditoría general realizada a la contabilidad de las empresas Vegetales Frescos, propiedad de los hermanos del presidente Fox, y K-BETA, SA de CV; Grupo Alta Tecnología en Impresos SA de CV, y St. and K de México, SA de CV, a fin de que el órgano electoral ''esté en condiciones de determinar si las empresas mencionadas participaron en una presunta transferencia de recursos provenientes del extranjero a la campaña política del entonces candidato de la Alianza por el Cambio a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada.
En un oficio fechado el pasado 3 de julio, el consejero presidente José Woldenberg solicitó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, que la información sobre las mencionadas empresas le sea remitida ''dentro de los diez días naturales a partir de la recepción de la presente'', dado que el IFE no podrá ejercer su obligación de fiscalizar los recursos de los partidos políticos ''sin la colaboración de autoridades en cuyo poder obra información necesaria para desahogar los procedimientos administrativos correspondientes''.
Denuncias de la Alianza por México y el Revolucionario Institucional
Las indagaciones del órgano comicial están ligadas a las denuncias que presentaron la coalición Alianza por México y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra de la alianza -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM)- que encabezó el hoy titular del Ejecutivo federal, donde se le acusa de haber recibido recursos del exterior a través de Vegetales Frescos, una empresa fantasma de los hermanos del mandatario y las otras tres mencionadas, propiedad de Lino Korrodi, encargado de conseguir el financiamiento con el que operó la organización Amigos de Fox.
Esta es la tercera ocasión que el Instituto Federal Electoral solicita a la dependencia dichas auditorías, y la primera que establece un plazo, dado que en las dos anteriores Hacienda se tardó varios meses en responder a la petición y la única vez que lo hizo fue a través de un funcionario de tercer nivel, quien se amparó en el Código Fiscal para negarla.
Oficio girado al secretario Francisco Gil Díaz
El más reciente oficio girado al secretario Francisco Gil Díaz apela no sólo a varios artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) -que otorgan facultades de fiscalización al IFE-, sino también al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la controversia constitucional 26/99, promovida por la Cámara de Diputados, para que se le entregara toda la información sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en contra del Poder Ejecutivo, la cual determinó que ''... el secreto bancario y fiduciario no son absolutos, pues la misma legislación reconoce que éstos no deben constituirse en obstáculos para la procuración e impartición de justicia''.
El instituto, facultado para vigilar el origen de los recursos partidistas
Así pues -señala el consejero presidente José Woldenberg en su solicitud de información- la Secretaría de Hacienda habrá de considerar que, de conformidad con el artículo 41, fracción II, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Federal Electoral tiene la facultad para, entre otras cosas, vigilar el origen y uso de todos los recursos con los que cuenten los partidos políticos, así como la de imponer las sanciones que proceden al incumplimiento de las disposiciones en la materia, y ''dicha facultad constitucional no puede ejercerse sin la colaboración de autoridades en cuyo poder obra información necesaria para desahogar los procedimientos administrativos correspondientes''.
En consecuencia, ''ruego a usted tener en cuenta los argumentos del Tribunal Constitucional relacionados con la entrega de información a una autoridad cuya competencia constitucional se vincula al interés público, como es el caso del Instituto Federal Electoral''.