DANIELA Pastrana

Texcoco, Edomex. Parece que nada dobla a esta mujer rubia y rolliza, correctamente maquillada y con un enérgico tono que enfatiza cada gesto. Pero cuando empieza a hablar de Yamil, el niño de nueve años que murió de leucemia, sin atención médica, y de Guadalupe, su agobiado padre, que terminó por colgarse de una viga de su casa a mitad del predio, la voz se le quiebra y ya no se aguanta. Llora, quizá lo que no ha llorado en seis meses de prisión.

"Si presentan una propuesta (de reubicación) no hay bronca", dice, ya repuesta, María Luisa Cortés González, representante legal de los habitantes del predio El Salado y de los ejidatarios de Santa Isabel Ixtapan, en el municipio de Atenco.

"No estoy casada con ese predio porque yo no metí a la gente ahí, pero tampoco voy a permitir que saquen a la gente que ya perdió todo lo que tenía por su casa. Son 850 familias de carne y hueso".

Llevamos dos horas hablando en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) Alfonso Quiroz Cuarón, más conocido como Molino de las Flores. Desde noviembre pasado, es el hogar de María Luisa.

La historia que cuenta -de fraccionadores ilegales, avalados por autoridades locales, venta de ejidos y familias estafadas- no es extraña en la zona. Por el contrario, prácticamente es la historia de los municipios conurbados, que crecieron al cobijo de la familia política mexiquense.

Lo que la distingue es su relación con el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto, que tanto ansía para su estado el gobernador Arturo Montiel. Y también, que los desalojos y el hostigamiento que durante más de dos años han enfrentado las familias que ahí viven sean encabezados por un funcionario de la Procuraduría General de Justicia estatal que responde al nombre de Axel García Aguilar y que es reconocido en la entidad como un legendario cacique del transporte.

Para desgracia de los habitantes de El Salado, el terreno limita justo con el proyecto de 15 mil hectáreas donde se pretende construir la nueva terminal aérea. Es decir, que estorban a los planes del gobernador.

Ese es el motivo -asegura María Luisa- que la tiene en prisión, enfrentando cargos por "fraccionamiento ilegal" y "delincuencia organizada".

"No hay elementos para que yo esté aquí: no hay flagrancia ni orden de aprehensión ni nada que sustente legalmente mi reclusión -insiste-. Yo tengo mi carácter, conozco las consecuencias de lo que estoy haciendo, nomás que no se vale que se metan con los hijos, ni que golpeen a la gente. ¿Pues en dónde estamos? ¿Cuál cambio? En el estado de México seguimos en la prehistoria".

*El Salado

Lo único que se ve en este lugar, a unos metros del extenso terreno de lo que fue Sosa Texcoco, es abandono. La imagen del predio no dista de la que ofrece cualquier crónica de la pobreza: polvo, casas de cartón o, en los mejores casos, de grises tabiques, sin agua, luz, ni drenaje.

Oficialmente, El Salado es un predio que está en trámite de regularización. En el oficio número 20621A000/1388/01, fechado el 27 de marzo de 2001, de la Dirección General de Obras Públicas de la Subsecretaría de Equipamiento Urbano, el gobierno estatal informa que "por el momento no se cuenta con recursos para atender su petición" de pavimentación de calles, guarniciones y banquetas. Otro oficio, expedido por Luz y Fuerza del Centro el 26 de julio del 2000, indica que "no existe impedimento técnico para suministrar el servicio de energía eléctrica y está sujeto al pago por aportación".

En los hechos, empero, la realidad es muy distinta.

Desde noviembre pasado, la policía estatal y agentes judiciales vigilan el único acceso al predio para impedir el paso a cualquier camión distribuidor de agua, gas, o materiales de construcción.

"Tenemos un mandato del Ministerio Público, porque hay una orden de desalojo", explica Carlos Díaz de León, coordinador de Gobernación del Estado de México, quien rechaza la especie de que el problema de El Salado tenga relación con el proyecto aeroportuario.

"El terreno no queda dentro del aeropuerto, sino en lo que llamamos zona de amortiguamiento" ?explica?. "Es un problema de servicios y de desarrollo, si los dejamos ahí al cabo de cinco años vamos a tener el vaso (de Texcoco) lleno".

El predio está asentado en lo que fueran tierras ejidales de Santa Isabel Ixtapan, a un costado de la presa El Caracol. Pertenece al municipio de San Salvador Atenco, pero queda en el límite con Ecatepec.

Entre 1997 y 1998 se vendieron 12 de las 336 parcelas, en un proceso que el comisariado ejidal, Ramón Pineda Miranda, califica de legal, pero por el cual ya está preso el fraccionador, Felipe Hernández Moreno. Cada parcela se dividió en predios de 120 metros cuadrados. Y, para no variar, algunos lotes se vendieron varias veces.

"La gente que compra así sabe a lo que se arriesga", dice Díaz de León, quien no niega que "hay estafadores" y "pudo haber funcionarios corruptos". Pero el problema de fondo, afirma, es una política económica y distributiva centralizada e injusta, que ha forzado a la gente a asentarse alrededor de la capital. Y pone en la mesa un dato irrefutable: la entidad pasó de 3.8 millones de habitantes en 1970 a 13.2 ahora; sólo en la zona metropolitana viven 9.6 millones de personas, y cada mes recibe 270 mil nuevos huéspedes.

"Así se formó el estado de México ?dice?. Es un problema que nosotros no generamos".

Vaya. Ahora resulta que el gobierno de Montiel es huérfano.

Las consideraciones legales, empero, poco importan a quienes viven aquí.

Joel Olvera, jefe de una familia de seis, pagó 25 mil pesos hace dos años por su terreno. "Un día pasó mi esposa por aquí y me dijo que vendían terrenos baratos. Decidimos arriesgarnos, uno compra de buena fe", dice.

Joel trabaja en un taller de estructuras metálicas y gana, en promedio, 800 pesos a la semana, que apenas le sirven para cubrir los gastos de la familia. Su historia, como todas aquí, está marcada por la tragedia: antes de llegar a este lugar, rentaba un cuarto en San Juanico, donde fueron las explosiones de 1984.

Acostumbrado a la vida ruda, Joel no está dispuesto a abandonar la casa en la que, según sus cálculos, ha invertido unos 110 mil pesos.

"No me salgo -reta-. Si no tuviera nada invertido, pues daba igual, pero ni modo que les deje todo gratis. Si tiene que haber chingadazos, que los haya".

*El viacrucis

María Luisa Cortés era delegada democrática en el sindicato del IMSS. De ahí pasó a ser asesora del PRD en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados. El 31 de diciembre de 1999 recibió una llamada de la oficina de Fernando Hernández, diputado del DF, para apoyar a unas familias que tres días antes habían sido desalojadas de sus terrenos.

Así llegó a sus manos el expediente de El Salado.

"Desde el momento en que hablaron de parcelas, pensé esto está mal, es un ejido", recuerda.

La historia de los denunciantes se remontaba a 1998, e involucraba al presidente del consejo ejidal de Santa Isabel Ixtapa, Ramón Pineda Miranda, y al presidente de la Asociación de Vecinos de Morelos, Felipe Hernández Moreno (actualmente preso), quien les habría vendido ?contrato de compraventa de por medio? terrenos ejidales. También acusaban de hostigamiento a Axel García, entonces subprocurador regional en Texcoco, y a Jorge Rodríguez Flores, delegado de la Comisión Regional de Uso del Suelo (Cresem).

Unos días después, Vicente Calderón Madrid, uno de los 37 ejidatarios, confirmó la historia: Pineda Miranda y Hernández Moreno presionaron a los ejidatarios para vender sus tierras a 30 pesos el metro.

La asamblea rechazó la propuesta, pero algunos ejidatarios aceptaron. A los demás, la Policía Judicial los estaba hostigando con la amenaza de que había órdenes de aprehensión en su contra.

El 10 de enero de 2000, los denunciantes promovieron un amparo en contra de la acción de 27 autoridades, la mayoría de la Procuraduría estatal, y giraron un oficio al gobernador. Así empezó un largo peregrinar de ejidatarios y compradores estafados por distintas oficinas de gobierno, primero a nivel estatal y luego federal (incluso han dirigido oficios al secretario de Gobernación, Santiago Creel, y la semana pasada realizaron una marcha a Los Pinos, pero todo ha sido en vano).

El 22 de febrero llegó la primera contraoferta. El delegado de la Cresem, Jorge Rodríguez, ofreció comprar todo el predio al estupendo precio de 30 centavos por metro. "Le dije 'no venimos a negociar pagos, sino a demandar servicios o una reubicación'", recuerda María Luisa.

De esa reunión surgió un acuerdo que ahora los afectados esgrimen como prueba -una de varias- de que fueron burlados por el gobierno de Arturo Montiel.

Según la minuta de la reunión, el acuerdo establece "que el presidente muncipal de Atenco plantee la incorporación de la zona dentro del plano de desarrollo municipal" y que "los ejidatarios realizarán asamblea general para actualizar su padrón de poseedores de parcelas para determinar los derechos de los nuevos adquirientes".

El documento está firmado por Rodríguez Flores, por la Cresem; Hector Montes de Oca, secretario general adjunto del procurador; Rogelio Alarcón, director de Gobernación región III, y Emiliano Mata, delegado regional de desarrollo urbano del estado.

Una semana después, María Luisa recibió una llamada de parte de Axel García: quería renegociar el acuerdo.

*"Yo asumo los muertos"

De todas las discusiones y enfrentamientos con Axel García, hay uno que María Luisa no olvida: la del operativo del 27 de febrero del año pasado. Ella intentó frenar el desalojo comunicando a García con un funcionario de la Secretaría de Gobernación estatal, pero García (ya en su cargo de fiscal) se negó a tomar el celular.

"Los muertos yo los asumo", retó el funcionario.

"No se trata de eso", replicó la abogada.

"Sí, porque este es mi terreno", sentenció.

Las métodos del fiscal no son compartidos por todos los integrantes del gabinete de Montiel.

"Axel está hecho al viejo estilo, pero sus resultados son buenos. No comparto sus formas, pero a lo mejor es lo que se necesitaba para poner orden", dice Carlos Díaz de León.

El "estilo" de los operativos a cargo de Axel García es, por decir algo, rudo. Las versiones no varían mucho: llegan grupos de judiciales encapuchados, ignoran oficios, amenazan, queman casas. Todo está documentado en diferentes denuncias.

Lo increíble del caso es que los desalojos fueron financiados, al menos en parte, por el consejo ejidal, que preside Ramón Pineda (el mismo que junto con Felipe Hernández se encargó de convencer al resto de los ejidatarios de que vendieran).

Algunas muestras, del reporte de viáticos del consejo: el 13 de enero de 2000 se ocuparon 650 pesos en "comida por operativo"; el 21 de enero, el "convivio con autoridades de asentamientos irregulares" costó de 2 mil 500 pesos; otro "convivio", pero con "elementos de operativo", el 29 de enero, requirió 540 pesos; el 26 de mayo, el consejo gastó 3 mil pesos en "refrescos a agentes judiciales por operativo".

En el caso de María Luisa, los hostigamientos fueron aumentando: sufrió un secuestro, balacearon su automóvil, catearon -sin orden- su casa, en la delegación Gustavo A. Madero. Al final, recibió una oferta: 3 millones de pesos y una beca para estudiar fuera del país.

"Ya estaba demasiado involucrada y me fui a vivir en el predio -comenta ahora-. A la gente le dije: tenemos de dos sopas, o le paramos aquí o le seguimos hasta las últimas consecuencias. Decidimos seguir".

El viernes 17 de noviembre, los inconformes se reunieron con el secretario de Gobiernación, Manuel Cadena. Le presentaron una pila de documentos y denuncias. El funcionario les dijo que no se preocuparan, que tomaría cartas en el asunto.

El domingo 19, mientras preparaban una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, hubo un nuevo operativo. María Luisa fue detenida y trasladada a la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco, de donde salió dos días después rumbo a la cárcel.

*Todos los lobos del PRI

Axel García, Guadalupe Uribe, Vicente Coss, Román Dávila. Cualquiera en los municipios de Ecatepec, Naucalpan o Atizapán reconoce esos nombres. Son sinónimo de poder. Leyendas vivas del viejo PRI (algo así como La Loba, de Chimalhuacán). Caciques del transporte metropolitano, para mayor precisión, que durante años forjaron sus imperios amparados por la clase política local, en una red de complicidades y relaciones.

Lo que no queda claro es por qué un prócer de los derechos humanos como el gobernador Montiel (¿quién olvida aquella célebre frase de su campaña: "los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas"?) mantiene en la procuración de justicia a Axel García, conocido por su desprecio a los derechos humanos.

Será porque, de plano, el aludido cambio del país no ha llegado al estado de México. Por lo menos, no a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en respuesta a las quejas de los habitantes de El Salado avaló el dicho de la Procuraduría.

Y por lo visto, tampoco ha hecho mella en el peculiar estilo del fiscal. María Luisa lo define con una anécdota: en una fuerte discusión, ella le planteó que hablara con los ejidatarios y las familias para buscar un acuerdo que conviniera a todos. Pero García no aceptó.

"Yo con esos pendejos no voy a hablar. Me voy a ir a la expropiación", advirtió.

"¿Sí? ¿Y cuántas concesiones (en el aeropuerto) nos va a dar? ¿Cuántos trabajos de maleteros? ¿Donde van a reubicar a mi gente?", inquirió la abogada.

"Ah, no -rectificó el funcionario-, pues es más fácil desaparecerte a ti".

*El aeropuerto

Según la publicidad del estado, el proyecto creará 17 mil empleos nuevos y se desarollará en 11 mil hectáreas federales, mil estatales y 5 mil ejidales "improductivas". Pero además, servirá para "rescatar" el entorno ecológico de la zona.

El gobernador ha sido claro: "No tenemos ningún terreno en esta zona que sea propiedad privada y lo podemos garantizar con el Registro Público de la Propiedad". Para Montiel, los habitantes de El Salado son "invasores". Y más, augura: si no se construye el aeropuerto, el lugar será un nido de asentamientos, que "en menos de tres años tendrá a 2 millones y medio de personas pidiendo servicios".

Hasta ahora, los gobiernos del estado de México e Hidalgo siguen enfrascados en la batalla por la sede de la nueva terminal aérea.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), instancia que tomará la decisión final, no se ha definido, pero hay señales de que se inclinará por la propuesta mexiquense (en realidad, la SCT ha impulsado el proyecto de Texcoco desde 1996), a pesar de la opinión en contra del Gobierno del Distrito Federal, que argumenta razones de impacto social y ecológicas. Tampoco tuvo eco la consulta que realizó en marzo el ayuntamiento de Texcoco, en la que 71% de los habitantes de localidades posiblemente afectadas por la obra rechazaron el proyecto.

El gobierno mexiquense sigue firme en su intención.

"Una de las propuestas es reubicarlos, buscarles un predio que esté regularizado y que se pueda dotar de servicios", dice Díaz de León, quien sin embargo no aventura plazos ni opciones concretas para la gente de El Salado. Eso sí, asegura que no son 850 familias, sino 200.

En El Salado velan armas...

Apenas en abril, justo el Sábado de Gloria, el multicitado fiscal hizo otra de las suyas. Las familias de la parcela 700 creyeron que serían reubicadas en Las Brisas, en Acolman, pero al llegar ahí descubrieron que los funcionarios de ese municipio ni siquiera estaban enterados. Durante el traslado, sus casas fueron quemadas. Ahora están en la calle.

"Hay muchos intereses en este lugar", lamenta David Jaramillo, habitante de El Salado, mientras pasea la vista por el terreno fangoso que ocuparía la nueva terminal. "Igual ya dijo Axel que si no hay aeropuerto van a hacer un desarrollo industrial, pero que nos va a sacar de aquí".

-¿Así, de plano?

-Mire, imagínese qué poder tiene que ya nos dijo: "Sálganse de El Salado, desocúpenmelo, y sale la güerita".*