Francisco Valdés Perezgasga

En Defensa del Ambiente, ac

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Antecedentes

Los metales pesados son un tema de actualidad en el campo ambiental y en el de salud pública. Los daños que causan a la salud son tan severos ­aunque muchas veces asintomáticos­ que las autoridades de todo el mundo ponen mucha atención en minimizar la exposición de la población a estos tóxicos, en particular la infantil.

El envenenamiento por metales pesados entre los pobladores de la Comarca Lagunera es provocado por el plomo, el cadmio y el arsénico, tres elementos altamente dañinos para la salud. Sin embargo, los estudios, las denuncias y las acciones que se han realizado en torno a este problema tienen como actor principal al plomo. Esto no significa que sea el más tóxico de los tres ­de hecho ocurre lo contrario­ sino a que, es el que ha sido utilizado por la humanidad más ampliamente y, por ende, causa más problemas y más preocupación en el mundo.

El problema de Torreón se debe al funcionamiento de la cuarta fundidora de plomo más importante del mundo, propiedad de la compañía Peñoles, situada en el centro de la ciudad. En otros lugares del país se presenta la contaminación por plomo, pero las fuentes son distintas, como en el caso que afecta a los vecinos de la empresa Pigmentos y Oxidos, sa, en Monterrey, y la reciente denuncia de la presencia de plomo en el agua de Salamanca, Guanajuato.

El plomo

El plomo es muy tóxico para los seres vivos. Afecta a los sistemas endocrino, cardiovascular, respiratorio, inmunológico, neurológico y gastrointestinal, además de afectar la piel y los riñones. No es biodegradable y persiste en el suelo, en el aire, en el agua, en los hogares y en los expuestos a él.

La exposición al plomo, aun a niveles bajos, afecta a niños y a adultos. En cantidades muy pequeñas, interfiere con el desarrollo del sistema neurológico, causa crecimiento retardado y problemas digestivos. En casos extremos, causa convulsiones, colapso e incluso la muerte. La exposición a cantidades muy pequeñas puede causar a largo plazo daños medibles e irreversibles en niños aun cuando éstos no muestren síntomas particulares.

El límite máximo permisible de plomo en la sangre de un niño, según la Norma Oficial Mexicana de Emergencia de junio de 1999, es de 10 µg/dL; sin embargo, este nivel no es seguro ni normal, ni deseable, pues aún no se ha identificado el umbral a partir del cual se presenten los efectos dañinos del plomo. La Academia Americana de Pediatría ubica el nivel deseable de plomo en la sangre de los niños en cero.

En los adultos, un nivel bajo de plomo causa incrementos pequeños, pero significativos, en la presión arterial y no existe evidencia de que haya un umbral para este efecto. La hipertensión causada por la exposición al plomo contribuye a la muerte de miles de personas cada año. También afecta la fertilidad. Se cree que el uso generalizado que se daba al plomo en la antigua Roma tuvo que ver con la decadencia de su civilización. Los romanos usaban incluso el acetato de plomo como edulcorante del vino, agudizando la intoxicación de quien lo bebía.

La situación en Torreón

En 1962, investigadores de la Secretaría de Salud documentaron un caso de arsenicismo agudo en Torreón atribuido a Peñoles. Este episodio, que causó la muerte de un adulto, fue documentado en la Revista Salud Pública de México en 1964. El doctor Víctor Calderón-Salinas ha realizado diversos estudios en la zona a partir de 1986, incluyendo su tesis de licenciatura. Estos reportes provocaron denuncias de ciudadanos y de organizaciones ambientalistas sin que se les prestara atención oficial. En 1999 se publicó un estudio de Benin y sus colaboradores, de la Escuela de Medicina de Dartmouth, quienes concluyeron que en Torreón hay plomo y arsénico en niveles similares a los de otros sitios contaminados del mundo y superiores a lo que establece la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (epa) para considerarlos seguros. Sin embargo, encontraron que el cadmio está presente en Torreón con los niveles más elevados jamás reportados por la literatura científica.

A pesar de las evidencias científicas y de las denuncias que han suscitado, ha habido una inercia oficial a favor de Peñoles que provocó que el problema no se atendiera a tiempo, provocando daños en miles de niños. La empresa ha sostenido a lo largo de los años que cumple con la ley, sin precisar que la legislación ambiental mexicana es laxa y que una gran cantidad de normas oficiales dejan mucho qué desear.

En 1998, un pediatra local, el doctor José Manuel Velasco, empezó a ordenar análisis de plomo a sus pacientes. Lo que encontró fue alarmante: de 51 niños estudiados, 24 tenían niveles de plomo en sangre mayores a 10 µg/dL. Al poner en un mapa los resultados de los análisis y los domicilios de los pequeños, se vio que el nivel de plomo aumentaba conforme el niño vivía más cerca de la fundidora. Estos resultados se comunicaron a la Secretaría de Salud de Coahuila, sin que esta dependencia hiciera nada.

El mismo año, el doctor Gonzalo García Vargas, toxicólogo de la Universidad Juárez de Durango, en la vecina Gómez Palacio, publicó un estudio que reportaba niveles de plomo en sangre de tres grupos de niños. Estos niveles subían a medida que la escuela donde acudían estaba más cercana a la planta de Peñoles. Los niveles de plomo en aire también aumentaron en el mismo sentido. El plomo en el agua resultó bajo en los tres casos.

La atención al problema

Estos datos hicieron que el Congreso de Coahuila interviniera en febrero de 1999 realizando una serie de audiencias públicas con la participación de las dependencias federales, estatales y locales. A partir de ahí se han tomado diversas medidas de control, incluyendo la reducción parcial y temporal del funcionamiento de la planta y otras para reducir las emisiones.

En estos veinticinco meses, la respuesta de las autoridades ha sido deficiente. La información se ha ocultado, se establecieron criterios arbitrarios para declarar solucionado al problema, se dejó de informar sobre los hallazgos y los avances en el tratamiento del mismo. Peor aun, se trabaja a ciegas pues no se han establecido metas cuantitativas que permitan valorar la eficacia de las acciones.

Quizá el caso más escandaloso de esta actuación fue el levantamiento de la clausura parcial de la planta con base en un "criterio" de tolerancia de plomo en suelo ridículamente alto expresado no en unidades de concentración, sino de carga (600 miligramos de plomo por metro cuadrado de superficie). Este valor es tan alto que, de la noche a la mañana, desapareció el problema de contaminación por plomo en Torreón y se decretó el regreso de la planta a su pleno funcionamiento.

La actuación del gobierno ha provocado desconfianza y suspicacias por parte de la comunidad. Por ello, a mediados del 2000, el Congreso de Coahuila solicitó a los vecinos que recomendaran un organismo que estudiara el problema de salud causado por Peñoles. Se invitó a los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (los legendarios cdc, de Atlanta, Estados Unidos).

El 24 de marzo pasado, el personal de los cdc concluyó la toma de muestras en sesenta colonias de toda la ciudad. Los resultados de este estudio permitirá conocer la magnitud del problema, tanto en intensidad como en extensión. También sabremos hasta qué punto el cadmio y el arsénico son un problema para la niñez de Torreón.

Los resultados de este estudio y el reciente cambio de gobierno federal permiten esperar una nueva estrategia de atención al problema. Es urgente generar una dinámica de colaboración que sustituya al clima actual de desconfianza y crispación. El gobierno debe asumir su responsabilidad de garantizar la salud de los ciudadanos y del medio, los grupos ambientalistas y los vecinos debemos asumir un papel de conciencia crítica de estos trabajos y la empresa debe entender que si sigue contaminando y no enfrenta sus responsabilidades, no tendrá futuro en una sociedad que es más consciente local y globalmente.

El caso Peñoles ha sido una experiencia muy rica, con grandes enseñanzas para académicos, funcionarios, empresarios y ciudadanos. Ha puesto en evidencia el gran vacío legal y normativo que impide la atención oportuna y eficaz en casos similares. La divulgación de los hallazgos científicos en la materia a la población afectada ha sido una herramienta valiosa para promover la conciencia ciudadana.

Pero más allá de las lecciones, Torreón está urgido de una atención eficiente y responsable del problema en el que la ha sumido el funcionamiento incontrolado de la planta de Peñoles. Se deben independizar los mecanismos de vigilancia, atención y diagnóstico incorporando a ciudadanos, académicos y ambientalistas. La situación actual no podía ser más absurda: en la actualidad las emisiones de Peñoles las mide Peñoles, ni siquiera la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; la entidad mejor representada en el comité médico de atención al problema es Peñoles y la supervisión del fideicomiso para la atención de la población afectada recae en un representante de Peñoles. Algunas medidas de sentido común podrían enviar una señal a la sociedad de que la atención a este problema está encausándose hacia su solución definitiva.

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