MARTES Ť 24 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Raciel Garrido sostiene que respetará lo que determine el pleno de legisladores
El presidente del Tribunbal Electoral del DF pide a la Asamblea una resolución meditada
Ť Piden a López Obrador que vete la iniciativa de ley orgánica para la instancia comicial
RICARDO OLAYO GUADARRAMA
El presidente del Tribunal Electoral del DF, Raciel Garrido Maldonado, pidió un análisis meditado y no vía fast track en la decisión que adopte la Asamblea Legislativa sobre este órgano electoral y anticipó que en todo momento respetará lo que determine el pleno de legisladores.
En tanto, los cuatro magistrados supernumerarios del Tribunal -cargos que se pretenden eliminar de la estructura- entregaron ayer al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, un escrito en que expresan su desacuerdo con la iniciativa panista de ley orgánica del TEDF que analiza la comisión de administración y procuración de justicia de la Asamblea.
Indican que en la iniciativa se vulnera la autonomía del tribunal al violar artículos de la Constitución, el Estatuto de Gobierno del DF y el Código Electoral, por lo que plantean a López Obrador que en caso de aprobación, pudiera aplicar la facultad de veto que le concede el artículo 122 de la Constitución y el 48 del Estatuto de Gobierno del DF.
Este martes los diputados de la comisión legislativa en la Asamblea podrán analizar el tema a la luz de los señalamientos que ha habido en los últimos días, incluido el anuncio de recurrir al amparo que hicieron los supernumerarios.
La iniciativa es del Partido Acción Nacional ha encontrado eco en otros representantes populares, aunque ayer los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Dione Anguiano y Adolfo López Villanueva, expresaron sus divergencias.
Sobre el tema, el magistrado presidente del Tribunal, Raciel Garrido, dijo en breves declaraciones que los magistrados estarán expectantes de la mejor decisión en la Asamblea.
Precisó que uno de los magistrados supernumerarios ya se incorporó al pleno ante la solicitud de licencia de Estuardo Mario Bermúdez, uno de los titulares, por lo que desconoce si podría proceder la eliminación de la figura de supernumerario, como se ha planteado en la ALDF.
Destacó: "Vamos a respetar la decisión" como en todas las ocasiones y coincidió en que debe existir un respeto a la independencia de los organismos para garantizar sus resoluciones.
Los magistrados supernumerarios inconformes expresaron su opinión en una carta en la que se advierte de cambios sin fundamento. El texto lo firman Carlos César Cárdenas Márquez, Anastacio Cortés Galindo, Pedro Rivas Monroy y María del Pilar Hernández Martínez.
Apuntan: "La Asamblea Legislativa del Distrito Federal carece de competencia y por ende de facultades para expedir una ley orgánica que regule el funcionamiento interno del Tribunal Electoral, dada la autonomía otorgada a dicho órgano".
Coinciden en que al darse su propia ley de organización, vigilancia y disciplina interna, los magistrados "pueden garantizar de cara a la ciudadanía, que emitirán sus resoluciones con absoluta independencia".
Pero "si por el contrario son las fuerzas políticas de la ciudad, representadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes van a regular el funcionamiento interno del Tribunal Electoral, obvio es que la actividad fundamental del órgano jurisdiccional va a estar sujeta al vaivén político o criterios imperantes que en determinado momento predominen al interior de la Asamblea Legislativa", establece el escrito.
En el mismo tono, los diputados perredistas, Dione Anguiano y Adolfo López Villanueva, indicaron por separado que se pretende violentar la autonomía del Tribunal y cuestionaron la iniciativa de Acción Nacional.
López Villanueva subrayó que uno de los argumentos del PAN para desaparecer la figura de magistrados supernumerarios es el ahorro de recursos, "pero recordemos que el presupuesto ya ha sido aprobado para lo que resta del año".
Ambos indicaron que la licencia por tiempo indefinido solicitada por el magistrado Estuardo Mario Bermúdez para desempañarse en la Procuraduría General de la República, no tiene base legal y que pone manifiesto la liga que pretende mantener con el tribunal y el PAN, partido al que ha privilegiado.