MARTES Ť 24 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Debate en un foro de Gobernación sobre cambios en la Constitución
Propone la SRE reformar el artículo 133 para cumplir tratados sobre derechos humanos
Ť Por restricciones presupuestales el Estado no satisface algunas garantías: Mireille Roccatti
ALONSO URRUTIA
En el marco del foro sobre la reforma integral de la Constitución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) propuso que más allá de los alcances de este ejercicio se promueva una "reforma mínima" al artículo 133 constitucional, con el objeto de dotar de elementos suficientes al gobierno mexicano para darle plena vigencia a los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha firmado y no se dejen resquicios a la interpretación jurídica que los haga inaplicables.
Al reanudarse los foros, la discusión de ayer se centró entre quienes propugnaban la necesidad de dejar atrás el concepto de garantías individuales e incorporar un capítulo especial que introduzca la nueva concepción de los derechos humanos.
PRI y PAN envían representantes
En esta nueva etapa del foro, por fin el PRI y el PAN enviaron representantes, si bien en el caso del primero, Sabino Bastida, de la Fundación Colosio, definió la reunión como un ejercicio académico, al tiempo que cuestionó duramente la pretensión del nuevo gobierno de resolver las insuficiencias en la materia -atribuibles a causas como desinformación, deficiencias administrativas, errores de interpretación jurídica- con el viejo esquema de modificar la legislación.
A juicio de Bastida, la Constitución mexicana tiene perfectamente definido su capítulo sobre garantías individuales, cuyo inaplicabilidad obedece a causas ajenas al contenido de la Carta Magna.
En su oportunidad, la ex ombudsman Mireille Roccatti dijo que entre otros aspectos se requiere que la reforma incluya un amplio catálogo de las materias a tutelar, incluso aquellas de reciente concepción, como los llamados derechos de la tercera generación: derecho a un medio ambiente sano y a la paz, entre otros.
Reconoció que el Estado no puede garantizar plenamente algunos derechos, como es el caso del acceso a la vivienda, pues las insuficiencias presupuestales lo rebasan.
Posteriormente, Sonia Rojas, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, demandó que el gobierno federal publique todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, para evitar que por la vía de la desinformación se bloquee en los hechos su aplicación.
Al respecto, Juan Ramón Gómez Robledo, del área jurídica de la SRE, habló de las dificultades que tiene México para dar cumplimiento pleno a los tratados, si bien reconoció que en este ámbito el país ha dado pasos importantes, como el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1998.
En una larga intervención, aseveró que existen obstáculos que han impedido que México reconozca a los organismos internacionales que dan vigencia a tratados en materia de tortura y derechos de la mujer, entre otros.
Gómez subrayó la urgencia de superar algunas inconsistencias que han permitido interpretaciones jurídicas que nulifican, en los hechos, la aplicación de los tratados. Por ello, dijo que la cancillería demanda, independientemente de la reforma integral, un agregado al artículo 133 constitucional que haga explícito que los tratados internacionales firmados por México tengan rango equiparable con la Constitución.
Sin embargo, otros ponentes se opusieron a la postura de renovar la Constitución. Criticaron las insuficiencias en el capítulo de garantías individuales y señalaron que en realidad lo que se debe cuestionar son los instrumentos que se han utilizado para su aplicación.
En realidad, según algunos ponentes, ello es atribuible a falta de voluntad o a interpretaciones jurídicas, pero en todo caso, por causas ajenas al contenido.
El representante de la CNDH, Eduardo Ortiz Castro, habló de las dificultades que tienen los organismos defensores de los derechos humanos para realizar su trabajo. En tal sentido, pugnó porque se promuevan cambios que hagan más claro en la Constitución lo relativo a esta materia.