MARTES Ť 24 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Transferencia de recursos municipales a comunidades, el punto de estancamiento

Persisten desacuerdos sobre la ley indígena; senadores llegaron sólo a proyecto de dictamen

Ť Prevaleció la propuesta priísta de incluir la mayoría de disposiciones en el artículo 2o.

Ť Todavía confían Bartlett Díaz y Fernández de Cevallos en que el texto se apruebe hoy

ANDREA BECERRIL

La subcomisión del Senado encargada de elaborar la reforma constitucional en materia indígena presentó anoche un proyecto de dictamen, que prácticamente recoge todo el contenido de la iniciativa de la Cocopa, a excepción de los cambios propuestos al artículo 115 constitucional por los que se garantizaría hacer valer la autonomía a nivel municipal.

El desacuerdo del Partido de la Revolución Democrática y en alguna medida también del Partido Acción Nacional en ese punto -que es uno de los aspectos torales de la iniciativa de la Cocopa-, motivó que no se aprobara el dictamen, sino sólo un proyecto, el cual será sometido hoy a la consideración de cada una de las fracciones parlamentarias.

Sin embargo, tanto el presidente de la subcomisión dictaminadora, Manuel Bartlett Díaz, como el coordinador de la fracción del PAN, Diego Fernández de Cevallos, expresaron anoche, en conferencia de prensa realizada cerca de las 23 horas, que tienen confianza en que el proyecto de dictamen podrá aprobarse este martes en comisiones y pasar al pleno entre miércoles y jueves.

El coordinador de la bancada perredista, Jesús Ortega, consciente de la magnitud de la divergencia, dijo que " hay esencialmente coincidencias sobre muchos puntos, pero tenemos que sujetarlo a la opinión de nuestro grupo parlamentario".

Fernández de Cevallos habló también de consultar " a toda velocidad" con su bancada y con los diputados y la dirigencia del blanquiazul ese "proyecto o borrador" que ha merecido el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Manuel Bartlett dio por hecho que se aprobará el dictamen basado en el proyec to que ayer aprobó la subcomisión dictaminadora a su cargo, el cual en términos generales adoptó la propuesta del PRI de que los derechos indígenas queden concentrados en un solo artículo de la Constitución, el segundo.

Ese artículo constaría de dos apartados, A y B, toda vez que se hicieron ajustes a la propuesta original que elaboraron Bartlett y Carlos Rojas. Las obligaciones del Estado en materia económica y social, a fin de adoptar medidas que terminen con el rezago y las carencias de las indígenas, se incluyeron en el apartado B. Unicamente un punto -relativo a que los indígenas que estén en prisión puedan compurgar sus penas de preferencia en los establecimientos más cercanos a su domicilio para propiciar su reintegración a la sociedad- quedó en el artículo 18, como se propone en la iniciativa de la Cocopa.

Se determinó no reformar el artículo 53 constitucional y en su lugar crear un transitorio en el que queda plasmado un aspecto electoral, que es la redistritación, con la finalidad de tomar en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas.

Cerca de las 23 horas, cuando concluyó la reunión de la subcomisión dictaminadora, había acuerdo de PRI, PAN y PRD en dar a la ley indígena la estructura propuesta por los priístas, de tal forma que se deberán hacer modificaciones sólo a cuatro artículos constitucionales.

Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo primero, se reforma en su totalidad el segundo, se deroga el primer párrafo del artículo cuarto y se hace una adición al artículo 18.

La negociación

La discusión se inició a las 10 de la mañana, con la participación de los coordinadores Diego Fernández de Cevallos y Jesús Ortega.

A las dos de la tarde hicieron un primer receso, y tanto Ortega como Bartlett y Fernández de Cevallos expresaron que había ya avances. La discusión se reanudó 40 minutos después.

Para entonces ya habían zanjado lo referente a los conceptos de pueblo y territorio indígena y la definición de autonomía y libre determinación, sujeta a la delimitación de competencias frente al Estado.

Uno de los puntos más discutidos, que absorbió gran parte del debate, fue el referido al uso colectivo de los recursos naturales de sus tierras y territorios, punto en que tanto priístas como panistas presentaron propuestas para modificar el texto de la Cocopa, por considerar que al elevar ese derecho de los pueblos indígenas a nivel constitucional su redacción debe ser lo más clara posible, para no dar lugar a conflictos posteriores.

El punto fue salvado con una redacción en que se precisa que los pueblos indígenas tendrán derecho preferente al uso y disfrute colectivo de los recursos naturales, en los lugares donde habitan, salvo los que son del dominio exclusivo de la nación y con respeto a las modalidades de propiedad establecidas en la Constitución y a los derechos adquiridos por terceros.

Hasta ahí todo iba bien, pero las reformas al 115 planteadas en la iniciativa de la Cocopa no lograron el consenso. El PRI no aceptó modificaciones a ese artículo y su propuesta fue incluir parte de ellas en el artículo segundo.

Sin embargo queda fuera toda la parte medular, en la que se precisa: "las comunidades indígenas, como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones, y las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignan".

Los panistas presentaron una propuesta similar e insistieron en la necesidad de las reformas al 115, pero fue el PRD el que más discutió en torno a ese tema. Tanto Jesús Ortega como Demetrio Sodi y los asesores jurídicos que llevaron hicieron notar que ese punto es parte fundamental de los acuerdos de San Andrés, pero los priístas se mantuvieron en su postura de dejar sólo una parte enunciativa en el artículo dos, referente a la libertad de asociación de las comunidades.

Posibilidad de rechazo zapatista

Del desacuerdo sobre ese punto, significativo para la reforma indígena, se derivó la decisión de someter a consulta el proyecto de dictamen. De hecho, su exclusión podría significar el rechazo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la ley indígena.

Hoy se hará un esfuerzo final por lograr un acuerdo dentro de las comisiones dictaminadoras, pero de no haberlo podría imponerse la mayoría del PRI y el PAN en ese organismo y aprobar un documento que no incluya las modificaciones al 115.

Incluso, se decidió ayer que el proyecto de dictamen se pasará a la Cocopa, organismo que ayer sesionó para ese fin, según expuso el presidente en turno turno de ese organismo, Félix Castellanos, quien informó que se reunirán este martes para analizar y valorar el documento, y programarán un encuentro inmediato con el enlace zapatista, Fernando Yáñez, para dárselo a conocer.

De hecho, dijo, han mantenido contacto permanente con el representante del EZLN, dada la trascendencia de la coyuntura. Es importante además, dijo, que Yañez conozca el proyecto, ya que en caso de observaciones de los rebeldes chiapanecos, éstas podrían ser integradas, si no por la Cámara de Senadores, sí por la colegisladora.

Por otra parte, informó que una subcomisión de la Cocopa irá a Tabasco y Querétaro en los próximos días para gestionar la libertad de los presos zapatistas que permanecen recluidos en penales de esas entidades.

Por lo pronto, dijo, ya tienen cita con el gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera.