JUEVES Ť 5 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Liberan a siete integrantes del grupo, ahora prohibido, por falta de pruebas
Decreta el juez Garzón la ilegalidad de EKIN por ser el "aparato político de ETA"
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 4 de abril. Dos acciones judiciales fueron emitidas hoy desde las oficinas de la Audiencia Nacional de España: una ordenó la libertad de siete miembros de EKIN, por considerar que no está probada su vinculación con la organización armada ETA, y la otra decretó la ilegalidad de ese grupo por considerar que representa al "aparato político" de ETA.
El Ejecutivo español, presidido por el conservador José María Aznar, criticó la liberación bajo fianza de los siete militantes, dictada por los tres magistrados que conforman la sala cuarta de lo penal, al tiempo que aplaudió la decisión del juez Baltasar Garzón de prohibir al grupo.
En septiembre pasado Garzón ordenó la ejecución del operativo policial Lobo Negro, que se saldó con la detención de 14 personas vinculadas a EKIN, una coalición de grupos vascos. Pero los tres jueces de la sala cuarta consideraron que no se pueden comprobar los vínculos con ETA a siete de los arrestados.
La situación de los otros siete detenidos en el mismo operativo -entre ellos el parlamentario de Euskal Herritarrok (EH, marca electoral de Herri Batasuna, considerado brazo político de ETA), Xabier Alegría y la ex vocera de la organización juvenil Haika, Anne Lizarralde- tendrá que ser resuelta los próximos días por la misma instancia judicial.
Al decidir la liberación de los siete, la sala cuarta de la Audiencia Nacional explicó que no se ha constatado la existencia de contactos, comunicaciones o reuniones entre los imputados y la banda armada, a pesar de que todos ellos han estado sometidos, durantes los meses anteriores a su detención, a estrecha vigilancia. El origen de EKIN es, a juicio de los magistrados, "el resultado de una iniciativa surgida en el seno de la izquierda abertzale (nacionalista vasca)".
Minutos después de conocerse este dictamen judicial, Garzón resolvió decretar la "ilegalidad" de EKIN, al considerar que "es un sucedáneo" de ETA y "desarrolla sus mismas actividades", al dirigir y controlar las "formas de violencia complementarias de ETA como la kale borroka o violencia callejera".
Garzón establece el delito de EKIN en que tiene "objetivo idéntico" con la desarticulada Koordinadora Abertzale Socialista: "la consecución de un Estado socialista, vasco, reunificado y euskaldun".
El magistrado había ordenado además la detención del abogado de los detenidos, por "ordenar y coordinar" la huelga de hambre que llevaron a cabo unos 90 presos etarras en protesta a su situación carcelaria y la dispersión de los reclusos, pero la Sala Cuarta replicó que dicha protesta es legítima y que, en todo caso, no quedó probado que el abogado haya dirigido dicha movilización.
El vicepresidente primero de gobierno y ministro del Interior español, Mariano Rajoy, criticó la decisión de la Sala, al reiterar que "ETA y EKIN es lo mismo, que tienen exactamente los mismos objetivos, aunque cada uno emplea medios diferentes". Rajoy felicitó en cambio a los jueces que instruyen los sumarios contra el entorno de ETA por adoptar posturas como la sostenida hoy por Garzón.
Por su lado, la organización juvenil Haika decidió convocar a una jornada de lucha para el próximo 1o. de mayo en todas las ciudades del País Vasco, para exigir la liberación del resto de los detenidos por esta causa.
A su vez, el vocero del Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado, en el gobierno local), Joseba Egibar, dijo que "en estos momentos es la presión política la que se hace presente en la justicia española". Javier Madraza, líder de la coalición Izquierda Unida en el País Vasco, calificó de "contradictorio" lo sucedido hoy en la Audiencia, al tiempo que recordó que "los autos de Garzón contra ETA y su entorno en muchas ocasiones son desautorizados a posteriori por instancias superiores".