Ť No se probaron cargos

Liberan a 15 vascos detenidos por órdenes de Garzón

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 8 de febrero. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España liberó a 15 líderes de la izquierda vasca separatista de la organización civil XAKI, detenidos en enero del año 2000 por órdenes del juez de ese tribunal Baltasar Garzón, quien les imputó el delito de "pertenencia a banda armada" y de conformar el "aparato de re-laciones exteriores" de la organización ar-mada vasca ETA.

El tribunal dictaminó que el magistrado de la Audiencia Nacional no ha probado la supuesta ilegalidad de XAKI, ni que los acusados tuvieran contacto con los dirigentes de ETA.

El 29 de enero del año pasado, Garzón, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior español, dio la orden de iniciar un operativo policial contra los líderes izquierdistas vascos.

En la razzia participaron 300 agentes que vigilaron en la ciudad de México a Iñigo Elkoro y Mikel Korta, ambos detenidos a su llegada a Madrid por su supuesta vinculación con XAKI.

Durante el operativo policial fueron detenidas cinco personas y se allanaron una docena de domicilios y sedes de organizaciones civiles en Madrid, Bilbao, Portugalete, Vitoria y Tudela, lo que despertó protestas en el País Vasco.

Esta operación fue la primera respuesta del gobierno y la judicatura ante la reanudación de la lucha armada de ETA, que había perpetrado su primer atentado mortal el 21 de enero, después de 14 meses de tregua unilateral.

Sin embargo, la sala de lo penal aceptó revisar recursos presentados por la defensa de los acusados, y como resultado desestimó los delitos imputados a Miriam Campos, Gorka Martínez y Mikel Egibar, y re-vocar el procesamiento de María Rosario Buñuel, Sabil del Bado, Gotzon Resa, Ma-ría Teresa Ubirza y el periodista italiano Carlo María Gonzata.

XAKI, grupo civil

El tribunal colegiado afirmó en su veredicto que "tan sólo se ha verificado la actuación ilícita de algunos miembros de XAKI, que no es una banda armada, ni su finalidad es realizar actos violentos con el propósito de destruir el ordenamiento democrático y constitucional".

Sabin del Bado, vocero en Vizcaya de Euskal Herritarrok (EH, marca electoral de Herri Batasuna, considerado brazo político de ETA), estaba acusado por el juez Garzón de fungir como "tesorero" del aparato de exteriores de ETA, pero la sala de lo penal dictaminó que no hay "ninguna sospecha de que haya desarrollado actividad alguna bajo la dirección o el control de la organización terrorista, o haya mantenido cualquier clase de comunicación con los responsables de ETA".

El tribunal, además, estableció lo que desde la jurisprudencia española no se debe considerar "colaboración penalmente relevante" con una organización armada, entre los que citó el hecho de tener "el mero co-nocimiento o trato con personas integradas en el grupo armado, la realización de actos de asistencia ejecutados en cumplimiento con el deber profesional, visitar a un militante huido, facilitándole alimentos o corroborar las informaciones que ya poseía la organización".