VIERNES Ť 19 Ť ENERO Ť 2001

Ť Señalan legisladores que si es diplomática debe ser ratificada por el Senado

Impugnan el cargo de la embajadora de derechos humanos

VICTOR BALLINAS

La embajadora especial para los Derechos Humanos y la Democracia, Marie-Claire Acosta, fue cuestionada ayer por los legisladores priístas Mariano González Zarur y Miguel Sadot Sánchez, quienes le impugnaron el cargo que "ostenta", en virtud de que "si se asume como diplomática, el Senado, que es la única instancia para ratificar su nombramiento, no lo ha hecho".

Entonces, subrayaron, no es embajadora. Los senadores priístas, increparon a Acosta durante la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con los integrantes de derechos humanos de la cancillería del equipo foxista. "ƑCon base en qué la nombró el Presidente embajadora para los derechos humanos?".

Para mí, subrayó González Zarur, "queda la duda de saber cuál fue el sustento constitucional, legal en que el Ejecutivo hizo el nombramiento que le corresponde".

Acosta respondió: "Es una pregunta que yo hice cuando me nombraron. Evidentemente fue lo primero que pregunté, es algo que ya ha salido en los medios, en virtud de que yo no soy abogada, y quiero que se conteste con toda precisión, le pido al licenciado Juan José Gómez Camacho, director de Derechos Humanos de la SRE, que haga una explicación muy detallada del asunto".

El funcionario, tomado por sorpresa, explicó: "No sé si pueda hacer una exposición muy detallada, porque en realidad creo que no compete ni al área de la embajadora Acosta, ni a la de su servidor como director de Derechos Humanos los términos del nombramiento, son otras las áreas responsables".

Sin embargo, Gómez Camacho precisó: "Hay una diferencia entre un embajador extraordinario y plenipotenciario acreditado ante un gobierno con plenos poderes, que son aquellos que requieren la aprobación del Senado, y otros son los funcionarios públicos de la cancillería, que si bien estamos acreditados ante un gobierno especial, no tenemos esos plenos poderes... Habría que consultar las áreas pertinentes".

Tomó la palabra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez: "La embajadora Acosta dijo que una de sus funciones será representar o encabezar delegaciones que representen al Estado mexicano, la actuación y la representación en foros internacionales, pero eso no es a título de la institución, o de la dirección ordinaria de la cancillería: es como representante del Estado mexicano".

Sadot matizó: "No queremos obstaculizar algún trabajo, pero nos interesaría, y en su momento lo haremos para precisar efectivamente, si esta representación, que se ostenta en una representación que se hace con el nombramiento de un embajador, no tiene los requisitos que le atribuye la Constitución, y los agentes diplomáticos, como los cónsules y los embajadores plenipotenciarios, y que necesariamente deben ser asunto del Senado".

Aparte, Sadot manifestó que "si no cumple con los requisitos, deberían ir pensando en cambiarle el nombre al cargo que ostenta la embajadora especial de los Derechos Humanos y la Democracia".

Antes, en su presentación, Acosta dijo que "en México se vive, en derechos humanos, una situación de doble desgracia, de padecer graves problemas de décadas de autoritarismo y corrupción. La seguridad pública y el sistema de justicia son algunas de las principales fuentes de violación de nuestros derechos humanos".

Urgió a homologar leyes y prácticas institucionales en la materia a las normas y estándares internacionales mínimos de respeto y garantía. Las mujeres, los niños y los indígenas son las principales víctimas de los abusos de derechos humanos, se trata de poblaciones oprimidas y discriminadas.

Entre las funciones de su cargo, detalló Acosta está el fomentar la incorporación al derecho interno de las normas internacionales en la materia con el objeto de que regulen la relación d elos individuos y colectividades con las autoridades del país, y su misión es "asegurar que las autoridades nacionales cumplan con sus compromisos internacionales contraídos por el gobierno mexicano en derechos humanos y democracia".

Subrayó que se dará seguimiento a los compromisos internacionales, y en los casos en que a algunas autoridades se les imputen violaciones a los derechos humanos contra dichos "convenios", se tomarán las medidas más eficaces, necesarias, "para asegurar la inmediata restitución y vigencia del compromiso involucrado".