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autonomía y el poder de toma de decisiones del Estado-nación, y nos introduce en una dimensión poco analizada del affaire Renave-Cavallo, que en una de sus aristas nos remite a la lucha por el poder entre

familias, clanes, cacicazgos y mafias

Envuelta en un verdadero torbellino de crimen, capital y poder, en sus diferentes dimensiones la llamada globalización socava la autonomía y el poder de toma de decisiones del Estado-nación.

Esto nos introduce en una dimensión múltiple y poco analizada del affaire Renave-Cavallo-Blanco-Ramos Tercero, que en una de sus aristas remite a la lucha por el poder entre familias, clanes, cacicazgos, mafias y organizaciones criminales en el seno del Estado cleptocrático mexicano. Pero cuyo componente externo precipitador es propio del capitalismo actual: el detonante del escándalo fue la revelación de que el director de la concesionaria Registro Nacional de Vehículos SA de CV, un próspero empresario argentino, ocultaba en realidad una doble personalidad de terrorista de Estado, genocida, torturador y, para colmo, ¡roba-coches!

El asunto es aún peor: existen indicios de que el oficial de la Armada argentina Miguel Angel Cavallo, preso en el Reclusorio Oriente, sigue siendo un agente activo de alguno de los "servicios" de su país, con ramificaciones en la comunidad de inteligencia de varias naciones del área, incluida la CIA estadunidense. Y que su reconversión en miembro de la iniciativa privada persigue no sólo fines de lucro sino también de cobertura y búsqueda de información puntual. No por algo, en el momento de su detención en el aeropuerto de Cancún, Cavallo realizó una acción reveladora: utilizó la única llamada a que tenía derecho, no para hablar a sus familiares, amigos o abogados, sino para comunicarse al número de teléfono del Servicio de Inteligencia Naval de la Armada argentina.

Una serie de informaciones sobre sus actividades permite reconstruir que se trata de un empresario de la picana, el secuestro y los "microchips inteligentes", que forma parte de la próspera industria del crimen trasnacional que opera indistintamente en los circuitos de la economía legal e ilegal, y que utiliza el terror, el miedo y el robo (de niños, propiedades y vehículos) como bienes (mercancías) para lucrar y obtener información clasificada.

Según datos que figuran en los expedientes del juicio que en su contra promueve la Audiencia Nacional de España, Cavallo formó parte de una estructura criminal clandestina de la Armada argentina, que durante el régimen de terrorismo de Estado que asoló al país entre 1976 y 1983, se dedicó a la desaparición de personas, las torturas y los secuestros extorsivos. Según el informe de Conadep, de la Escuela de Mecánica de la Armada desaparecieron 5 mil personas.

Como miembro del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), Cavallo, alias Sérpico o Marcelo, participó en torturas, asesinatos, secuestros y en la sustracción sistemática de pertenencias de los detenidos-desaparecidos, incluidos automóviles, campos y viviendas, que después fueron "legalizados" a favor de los secuestradores mediante la falsificación de documentos. Otro integrante del GT 3.3.2 era el teniente de navío Jorge Carlos Radice, alias Ruger o Gabriel, secretario privado del almirante Emilio Massera, ex comandante de la Armada y miembro de la primera junta militar en 1976. Radice se convertiría en el futuro "socio" de Cavallo en sus negocios sucios transfronterizos.

De acuerdo con el expediente, en el sótano del Casino de Oficiales de la Esma funcionaban una imprenta, un taller de diagramación y la oficina de documentación, donde se fabricaban los documentos falsos con los que se movían los integrantes del GT 3.3.2: pasaportes, cédulas de identidad, registros de conducir. En esa oficina se confeccionaban los documentos necesarios para vender los bienes (casas, terrenos, automóviles, etcétera) sustraídos a las víctimas o para traspasarlos de manera forzosa a los miembros del comando de la Armada. Según testimonios de ex prisioneros, citados por el jefe de la Interpol-México, Juan Manuel Ponce Edmonson, en la Esma existía un taller mecánico donde se "doblaban" los autos requisados a los presos y desaparecidos.

Durante la dictadura militar, esos bienes eran vendidos por diversos medios, entre ellos una inmobiliaria de fachada legal a cargo de un primo de Radice. Un caso paradigmático es el de la familia Cerutti-Masera, en la ciudad de Mendoza, a la que la patota de la Esma sustrajo bienes inmuebles cuyo valor superaba en 1976 los 10 millones de dólares; entre ellos una finca de 25 hectáreas, y más de 800 mil dólares en joyas, cuentas bancarias y automóviles. Según Mariana Masera, hija de Omar Masera Pincolini, su padre y su abuelo Victorio Cerutti fueron asesinados. "Todo indica que fueron tirados al mar desde un avión, en los famosos vuelos de la muerte", dice Mariana.

El caso aparece en el expediente 175 en la Comisión Nacional de Desaparecidos, en la página 289 del informe Nunca más, de la Comisión Sábato. Las propiedades fueron "legalizadas" con firmas falsificadas, y cedidas a empresas fantasma. Las 25 hectáreas se transformaron en un fraccionamiento de lujo en la provincia de Mendoza, que en 1981 era administrado por la inmobiliaria Misa Chico, propiedad de los hijos del almirante Massera. En la operación de falsificación y "legalización" participó Jorge Carlos Radice. Así, un negocio criminal, originado en una ilegalidad impune basada en la tortura, el secuestro y la desaparición de los detenidos, se conectaba con la economía formal, donde se lavaban los bienes de las víctimas, lo que derivaba en una acumulación de capital en beneficio de los miembros del grupo operativo de la Esma.

Esa fue la base de una "industria de exportación" de los militares golpistas argentinos que luego, en los años del regreso a la "democracia", se dedicaron a brindar "asesorías" de seguridad en países vecinos. En el mismo expediente que le sigue la justicia española, Cavallo es mencionado en el rubro "operaciones en el exterior", como parte de un grupo dedicado a secuestrar y ejecutar en otros países a personas consideradas "enemigas"; a asesorar y colaborar con otros regímenes dictatoriales (Cavallo trabajó desde 1980 con los servicios de inteligencia de la narcodictadura del general Luis García Meza, en Bolivia, donde fue la mano derecha del ministro de Gobierno, el coronel Luis Arce Gómez, preso en Estados Unidos por narcotráfico); a efectuar ingresos en bancos extranjeros, y a crear nuevas empresas e invertir en otras ya existentes producto de sus latrocinios.

Una investigación del diario argentino Clarín calcula que el botín de guerra de los marinos del Grupo de Tareas 3.3.2 supera los 70 millones de dólares. Más claro: dice que a su paso por la Esma, Cavallo adquirió vínculos que le permitieron ingresar al mundo de los grandes negocios. Sin duda, sus contactos clave fueron el almirante Massera, el capitán de corbeta Jorge Tigre Acosta (ambos presos y procesados por el robo de niños nacidos en cautiverio), y Jorge Radice. Cavallo empezó como teniente de fragata, y como parte de su tarea clandestina también falsificaba documentos. Dos décadas después, él y su "socio" Radice aparecen al frente de una red de empresas dedicadas a controlar que los ciudadanos y mercancías tengan la documentación en regla.

Ambos torturadores dieron el salto en "calidad" a la sombra del presidente Carlos Menem, quien figura en dos documentos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) como sospechoso de lavar dinero del narcotráfico. Radice llegó a tener un despacho en la Casa Rosada, al lado de la oficina del mandatario argentino, adonde había llegado de la mano de Alberto Kohan, ministro de la Presidencia y brazo derecho de Menem. Kohan era uno de los "intocables" del menemismo, sospechoso de haber participado en tráfico de armas y piedras preciosas en Sudáfrica. Cavallo siempre estuvo junto a Radice, con bajo perfil.

Entre los contactos menemistas de Cavallo aparece Miguel Angel Eggea, dirigente de la organización de extrema derecha peronista Guardia de Hierro y socio de Kohan. Eggea aparece en el directorio de algunas de las empresas de Radice y Cavallo. Otro vínculo importante de Cavallo fue el escribano Raúl Moneta, socio del Citibank y considerado el "banquero preferido" de Menem.

Una confesión de Radice a la reportera Olga Wornat, del diario Noticias ?con muy buenas fuentes en los servicios de inteligencia desde la época de la dictadura?, explica con claridad el mecanismo de construcción de las empresas criminales y sus nexos con la cima del poder político: declaró que varios compañeros de la Esma habían apoyado a Menem "con el objetivo de salir de la marginalidad y blanquearse (...) queríamos hacer plata, pero dentro de la legalidad. Por eso estamos aquí (en la Casa de Gobierno)". Radice y Cavallo participaron en la campaña de Menem en 1988.

La maraña de intereses criminales del dúo de la Esma, prohijados bajo la férula de Menem y Kohan, arranca en su última fase a través de una empresa "madre" dedicada a computación y sistemas: Martiel, SA (1988), donde Cavallo y Radice aparecen indistintamente en los puestos directivos, y a partir de la cual surgirían otras firmas de la "red", como Talsud (1995), y Seal Lock Identificación SA (1998). Martiel suele presentarse como representante de las empresas Casa de la Moneda de Brasil, Ciccone Calcográfica y Gemplus.

La firma Ciccone Calcográfica estuvo asociada a De la Rue Identity Systems, empresa inglesa que tenía la concesión para elaborar los pasaportes en México. Además mantuvo relaciones con el poderoso empresario del menemismo Alfredo Yabrán, uno de los beneficiados de las privatizaciones de empresas públicas, acusado por el ex ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, de ser el jefe intermedio de una organización criminal internacional de tipo "mafioso". Yabrán presuntamente se suicidó en 1999, cuando la policía estaba a punto de detenerlo acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas, que había descubierto una mafia integrada por delincuentes y policías en la provincia de Buenos Aires.