SABADO 9 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Miguel Concha Ť

Obstáculos a la paz

Las tomas de posesión de Vicente Fox y de Pablo Salazar marcan el inicio de una nueva etapa en el proceso del conflicto armado en Chiapas. Las primeras señales enviadas por el Presidente han sido recibidas de manera positiva, aunque no sin reservas, por la dirigencia zapatista. Aparecen en el horizonte las primeras señales de lo que podría ser la reanudación de un diálogo interrumpido hace cuatro años.

Sin embargo el camino al diálogo no está libre de obstáculos. El escenario ha cambiado drásticamente desde la firma de los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, y los actores en el estado han tomado dinámicas complejas, sobre todo por los efectos de la guerra de contrainsurgencia, promovida por el gobierno de Ernesto Zedillo, Roberto Albores y el Ejército Mexicano. En estos precisos momentos se está dando la reactivación de los grupos paramilitares y sus aliados. Los asesinatos de personas que se oponen al PRI y a la presencia militar, así como las amenazas de muerte a defensores de derechos humanos y el desplazamiento forzado de miles de personas, son algunas de las consecuencias de la descomposición del tejido social, a causa de la presencia militar y de los grupos paramilitares.

En los últimos días del gobierno anterior la PGR llevó a cabo acciones judiciales contra el grupo paramilitar Paz y Justicia en la zona norte, y en Chenalhó contra el grupo responsable de la matanza de Acteal. El primer operativo fue exitoso, al lograr la captura de algunos de sus líderes históricos. En cambio el segundo se vio frustrado por una filtración y por la falta de apoyo que padeció la PGR.

Desde el 27 de octubre, fecha de la detención de los dirigentes de Paz y Justicia, se ha mantenido en la prensa local una campaña, que defiende por un lado a los paramilitares, y ataca por otro a los grupos de derechos humanos, particularmente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) y a la Red de Defensores Comunitarios. La red coadyuva con la PGR para recabar las pruebas contra los paramilitares de Paz y Justicia, y el CDHFBC ha documentado y denunciado desde hace 5 años las agresiones de ese grupo, desde el asesinato en marzo de 1995 de Pascual Sánchez, por el entonces presidente municipal de Tila, Jesús Celis Guillén, hasta el asesinato de Juan López Gómez, el 16 de octubre de este año. Los organismos de derechos humanos, señalados por los voceros oficiales y oficiosos del gobierno como los principales responsables de las "calumnias" contra los paramilitares, no son más que los voceros de las comunidades, que han padecido constantemente las agresiones.

En el transcurso de un mes se han registrado en un solo periódico de Chiapas más de 23 notas, entre editoriales, artículos y reportajes, que hacen la apología de los paramilitares y difaman el trabajo de los defensores de derechos humanos. Semejante constancia no puede ser espontánea. Existen claros indicios de una campaña orquestada desde el gobierno del estado, para redefinir los términos del conflicto y defender sus intereses, que ven amenazados por los nuevos vientos que soplan en la entidad y en el país.

Según esta versión, los paramilitares serían las víctimas y los defensores de derechos humanos los agresores responsables de la violencia, la división y la desestabilización. Es interesante que ya ni siquiera los zapatistas sean los "malos", sino los grupos de derechos humanos y, una vez más, la diócesis de San Cristóbal. Aquellos sobre los que penden decenas de denuncias por homicidio, amenazas y desplazamientos, ahora se declaran presos políticos, víctimas de las malvadas ONG. Detrás de esta campaña está la intención de obtener la amnistía para los paramilitares, y bloquear un proceso de diálogo en el que quedarían como perdedores quienes se encargaron antes de sabotearlo. Samuel Sánchez, uno de los principales dirigentes presos, ya solicitó una ley de amnistía para los presos acusados por pertenecer a grupos paramilitares. Su demanda fue respaldada de inmediato por miembros del anterior gabinete estatal y por diputados priístas que pretenden reactivar la Ley de Amnistía que promovió Roberto Albores, y fue aceptada por el Congreso local a principio de 1999. Pero no se trata de una simple petición, sino de una exigencia respaldada por una velada amenaza de desestabilización. En sus últimas declaraciones Samuel Sánchez afirmó que su arresto y la intención de Pablo Salazar de desarticular a los grupos paramilitares en el estado, pueden generar una "guerra civil" en Chiapas.

Así pues, lamentablemente, no todo será miel sobre hojuelas para los flamantes gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar, ni para el comisionado Luis H. Alvarez.