DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DE 2000
Historias de impunidad
El apoyo oficial, detrás de Paz y Justicia
La PGR detuvo a 11 integrantes del grupo
paramilitar Paz y Justicia el pasado 27 de octubre. Estos detenidos
son sólo un eslabón de una trama más grande que
involucra a funcionarios de los gobiernos estatal y federal, a
políticos del PRI y a mandos militares.
Sin embargo, como
ha sucedido en el caso de la matanza de Acteal, la PGR no ha
investigado a quienes crearon estos grupos con el objetivo de
combatir, mediante una guerra sucia, a las bases del
EZLN
Jesús RAMIREZ CUEVAS
La Procuraduría General de la República (PGR) apuesta a la desmemoria de los mexicanos para salir con el cuento de que los paramilitares son una obra exclusiva de un grupo de caciques locales que armaron ejércitos privados, que cometieron asesinatos y violencia contra las comunidades indígenas y contra la diócesis de San Cristóbal.
La historia es más compleja. Samuel Sánchez Sánchez, ex diputado del PRI y dirigente "histórico" de Paz y Justicia (uno de los detenidos por la PGR), declaró que hay funcionarios del gobierno estatal y presidentes municipales involucrados en el financiamiento y apoyo a este grupo (La Jornada, 1o. de noviembre de 2000).
Marcos Albino Torres, otro de los dirigentes detenidos, explicó que Paz y Justicia pertenece a Solidaridad Campesina Magisterial (Socama), una organización estatal del PRI que fue de las consentidas de Carlos Salinas y su programa Solidaridad. Carlos Rojas presumía su relación con esta organización.
En los episodios documentados por la prensa se menciona el apoyo de Carlos Rojas, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso); el general Mario Renán Castillo, dos gobernadores y un sinfín de funcionarios del gobierno estatal.
La fiscalía especial de la PGR dedicada a la
investigación de los grupos paramilitares (llamados
oficialmente "grupos civiles armados") echó las campanas al
vuelo diciendo que ahora sí iban a terminar con estas fuerzas
irregulares. Sin embargo, sin investigación previa,
deslindó cualquier vínculo oficial con estas
organizaciones. En el caso de Paz y Justicia ha sido documentado el
apoyo que ha recibido de la Sedeso, el gobierno del estado y el
Ejército Mexicano.
El grupo paramilitar Paz y Justicia ha formado parte de una estrategia de contrainsurgencia contra los pueblos zapatistas, que se desarrolló a partir de 1995. Paz y Justicia fue hechura del Ejército Mexicano, o más precisamente, del general Mario Renán Castillo (mencionado entre los considerados para el cargo de secretario de la Defensa Nacional), y del gobierno del estado, primero con Julio César Ruiz Ferro y luego con Roberto Albores. Todo ello con apoyo del dinero federal.
Bajo las enseñanzas de los manuales estadunidenses de contrainsurgencia, Paz y Justicia y los otros grupos paramilitares del estado -como el que perpetró la masacre de Acteal- hicieron el trabajo sucio contra los pueblos indígenas para evitarle al Ejército federal un desgaste de su imagen pública.
Emilio Rabasa Gamboa reconoció el 31 de octubre pasado que hay 12 grupos paramilitares y que algunos de sus integrantes son militantes del PRI. Sin embargo, insistió en que los grupos armados operan en forma clandestina y "de ninguna manera son fomentados o protegidos por el gobierno federal".
El funcionario de la Secretaría de Gobernación también negó que estos grupos armados tuviesen relación con el PRI, en forma institucional. "No están vinculados en forma directa con el instituto político. El hecho de que algunos de sus integrantes o miembros pudieran tener alguna forma de afiliación no significa que hubiese una vinculación con el PRI. Creo que esto ha quedado claro en las investigaciones que ha realizado la PGR".
Pero la historia real es otra y el poder acumulado por Paz y Justicia lo llevó a ser el principal factor de poder del PRI en la región: tenía diputados y presidentes municipales de ese partido.
*Renán Castillo los apadrinó
Desde hace cinco años los grupos paramilitares en Chiapas han actuado impunemente. Durante este tiempo Paz y Justicia asesinó a más de 100 indígenas, cerró 45 templos católicos, robó más de 3 mil cabezas de ganado y violó a 30 mujeres de las comunidades. Este grupo fue un modelo de organización contrainsurgente que surgió en 1995 en el norte de Chiapas y cuya experiencia fue trasladada a otras regiones del estado donde han proliferado los organismos paramilitares.
En la época de Renán Castillo en Chiapas, en las oficinas de comunicación social de la séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, había un cartel que anunciaba la creación de la organización Desarrollo, Paz y Justicia; era el año de 1997. "Esa organización es un orgullo del general", decía en corto el vocero militar. Era la pantalla que le crearon a Paz y Justicia para recibir apoyo oficial.
El 2 de julio de 1997, el gobierno chiapaneco firmó un convenio con la organización Desarrollo, Paz y Justicia, para otorgarles 4 millones 600 mil pesos. El documento fue signado por los líderes del grupo, el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro, Uriel Jarquín, subsecretario de Gobierno del estado, y como testigo de honor firmó el general Mario Renán Castillo, comandante de la séptima Región Militar. En la ceremonia de entrega de recursos estuvo Carlos Rojas, titular de la Sedeso (Masiosare, número 5, 21 de diciembre de 1997), aunque después Enrique del Val, entonces funcionario de la dependencia, la deslindó del convenio y señaló que el dinero sólo era del gobierno del estado. El EZLN en un comunicado acusó directamente a Carlos Rojas de dar 5 millones de pesos a Paz y Justicia, por presiones del Ejército.
Los 16 "grupos civiles armados" (eufemismo para ocultar que son paramilitares) que ha "descubierto" la PGR han recibido dinero público y apoyo político y militar. Es público que las inversiones sociales en Chiapas se han hecho en los últimos años a través de la coordinación interinstitucional de todas las dependencias estatales y federales y que son palomeadas por el Ejército.
Los integrantes de Paz y Justicia recibieron ese dinero para realizar un programa de reactivación agrícola y pecuaria en los municipios de Tumbalá, Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Yajalón, su zona de influencia. Su aparición pública el 4 de agosto de este año, durante el desalojo de un predio en Yajalón, obligó a la PGR a detener a los responsables.
*El dinero los dividió
Indígenas choles que participaron en esta organización denunciaron los usos y costumbres de estos paramilitares. Ramón, radio operador de los paramilitares que desertó, contó a Masiosare: "hoy que estamos luchando pacíficamente los paramilitares de Paz y Justicia nos siguen agrediendo, tienen buenas armas y hemos visto que el Ejército les da entrenamiento... El gobierno metió mucho dinero para proyectos y compró a dirigentes de las comunidades. Pero los meros organizadores de Paz y Justicia desviaron el dinero de las comunidades para comprar armas y trajes de la policía. Dieron transporte y armas para los paramilitares".
"Marcos Albino Torres (síndico de Tila), Samuel Sánchez Sánchez (ex diputado local por el PRI), Carlos López Martínez (ex presidente municipal), Isabelino Martínez (regidor), Diego Vázquez, Raymundo Torres (presidente municipal de Tila) y Juan Martínez son los fundadores de Paz y Justicia. Se pelearon entre ellos por el dinero. Ellos se reúnen con funcionarios del gobierno y con los militares para planear sus ataques", denunció Ramón, quien fue dirigente del grupo en su pueblo. Paz y Justicia se dividió por la disputa del dinero. Una parte formó la Unión de Comunidades Indígenas Agropecuaria y Forestal (UCIAF) y la otra sigue como Paz y Justicia.
Los 11 detenidos por la PGR forman parte de ambas organizaciones, pero no tocó a los otros dirigentes, entre ellos el actual diputado local priísta Raymundo Hernández Trujillo y el presidente municipal de Tila.
En 1997, en plena campaña electoral federal, la Sedeso le dio dinero a Paz y Justicia "para impulsar proyectos agroecológicos y productivos". Los responsables de operar los fondos son miembros de Socama, uno de los puntales del PRI en la región.
EL PRI se ha deslindado de su vinculación con los grupos paramilitares pero Samuel Sánchez Sánchez, por ejemplo, confesó que estaban armados y que no entregarían las armas hasta que el EZLN también lo haga. La estructura de los grupos paramilitares ha correspondido a la estructura del PRI en las regiones donde operan, y le han dado votos en cada elección.
Pese a la confesión pública de estar armados, el diputado local priísta Raymundo Hernández Trujillo desmintió esta versión, y el entonces dirigente del PRI, Reynol Ozuna, salió en defensa del grupo paramilitar afirmando que "para el instituto político es un orgullo tenerlos en nuestras filas, porque representan a militantes que han sido fieles a nuestro partido" (CIEPAC, Boletín, número 154, mayo de 1999).
El 27 de octubre fueron detenidos 11 paramilitares, incluyendo a Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres, líderes históricos de Paz y Justicia. Pero quedan libres Cristóbal Gómez, Diego Martínez Martínez e Isabelino Torres, quienes han participado en varias matanzas, desalojos violentos y asesinatos. En un comunicado de prensa éstos aseguraron que "Paz y Justicia no es una organización paramilitar y prueba de ello es que los problemas intercomunitarios se han acabado en la zona norte desde que los detenidos fueron expulsados".
Sin embargo, las intenciones de la PGR no son de llegar a fondo para desmantelar la red contrainsurgente que dio origen a los paramilitares en Chiapas, pues involucra al Ejército, así como a funcionarios de dependencias estatales y federales. Para ellos la impunidad seguirá siendo su premio por el deber cumplido en la guerra contra los zapatistas.
Como siempre los indígenas, incluidos los caciques priístas, son desechables para el gobierno; cuando sirven a su causa se les apoya pero cuando se necesitan chivos expiatorios se les encarcela, por crímenes que cometieron con apoyo oficial y cumpliendo órdenes superiores.
* * *
Los paramilitares, según la explicación de diversos organismos no gubernamentales, "son una red de pequeños ejércitos irregulares que cuentan con mandos. Están integrados por indígenas, campesinos pobres y maestros reclutados de comunidades beneficiarias de las redes clientelares del priísmo tradicional, entrenados y financiados por las fuerzas de seguridad pública y los grupos de poder local, cuyo objetivo central es el de tratar de frenar la expansión de la organización independiente. Su surgimiento, más allá de factores endógenos, proviene de una decisión estratégica del poder. A diferencia del Ejército o las policías, los paramilitares no tienen que rendirle cuentas a nadie, escapan a cualquier escrutinio público. Pueden actuar con la más absoluta impunidad e, incluso, presentarse como víctimas. Han sido instrumento para hacer la guerra que el Ejército federal no puede hacer directamente, para tratar de frenar la expansión de la insurgencia. No es casualidad que hayan surgido en regiones clave del territorio chiapaneco".
ƑEl procurador Jorge Madrazo citará a declarar al general Mario Renán Castillo, al ex gobernador Ruiz Ferro, a Uriel Jarquín o a Carlos Rojas para esclarecer la relación oficial con Paz y Justicia? ƑLa interpretación de la PGR no es la reedición de un nuevo racismo donde los únicos culpables, como en el caso de Acteal, son los indios asesinos que se pelean entre ellos?