LUNES 1o. DE MAYO DE 2000
* La acción contradice postura de Labastida: AN
Echó abajo el PRI iniciativa sobre declaración patrimonial
* Fue uno de los últimos temas debatidos por los senadores
Andrea Becerril * Los senadores del PRI echaron ayer abajo una iniciativa de ley encaminada a posibilitar que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios puedan ser de carácter público y, por tanto, conocidas por cualquier ciudadano que lo solicite. "Esto va contra una de las principales ofertas de su candidato presidencial, Francisco Labastida", comentó en la tribuna senatorial el panista Norberto Corella.
Fue de los últimos temas discutidos en el periodo de sesiones que concluyó la madrugada de ayer en el Senado, y el bajacaliforniano fue el único orador antes que se votara la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. Corella recordó que a una iniciativa de su autoría, aprobada el año pasado en esa cámara, también proponía hacer públicas las declaraciones patrimoniales, pero ese punto fue rechazado por los priístas.
Eso significa, dijo, que mientras Labastida "anda proclamando que propondrá que las declaraciones de los bienes de los servidores públicos sean públicas, sus legisladores no dejan pasar ninguna iniciativa en ese sentido".
La que se discutió esta madrugada fue una minuta con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La fracción del PRI votó en favor de suprimir el artículo 81 de esa legislación, en el que se planteaba dar carácter público a las declaraciones patrimoniales, de tal manera que fuera posible conocer los cambios en sus bienes, "con la intención de reducir las posibilidades de que se enriquezcan en forma ilegítima", precisó.
El argumento de los senadores del Partido Revolucionario Institucional fue que el posibilitar que cualquier ciudadano acceda a la información sobre los bienes declarados por un funcionario, es negar a éste el derecho a la privacidad.
"La búsqueda de un mayor control de los servidores públicos no puede instrumentarse a partir de restringir derechos y garantías de éstos. Un servidor público, como todo ciudadano, tiene derecho a una vida privada y que ésta sea respetada", argumentaron los legisladores en el dictamen.