Carlos Fazio
Usos mafiosos y economía criminal

El presunto atentado contra el diputado federal panista Juan Marcos Gutiérrez, encargado de elaborar el dictamen sobre la procedencia de anular la inmunidad que goza el secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, acusado de peculado por 420 millones de pesos evidenciaría, de confirmarse, la constante amenaza de recurrir al uso de la fuerza en desmedro de la institucionalización de la legalidad.

La sospecha de que se trata de un atentado tendente a "enterrar" el caso Espinosa -sindicado como "el cajero del régimen"-, por las repercusiones que tendría una investigación de los pasos del ex regente sobre el actual equipo gobernante, en particular el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, está avalado por una larga cadena de ejemplos sobre el uso o la amenaza del uso de la fuerza en un sistema corporativista sustentado en la corrupción y que está atravesado por clanes clientelares que han convertido al crimen en un elemento orgánico para perpetuarse en el poder.

Con el auge de una nueva "economía criminal" que se ha consolidado en México en los dos últimos sexenios, afloraron las "conductas mafiosas" y las microsolidaridades de los amos del poder y sus administradores, la Presidencia, sus ministros y una clase política que se han autoerigido en un gobierno privado extralegal. Al mismo tiempo salieron a la luz pública con mayor nitidez las prácticas extorsivas gansteriles y la compraventa de "protección" en beneficio de un empresariado criminal que ha recurrido cada vez más al suministro de una violencia disuasiva, represiva y aniquiladora para la regulación de los conflictos y la continuidad del círculo vicioso de la ilegalidad.

Es cierto que la violencia en México no empezó ayer; es de siempre. Lo novedoso, ahora, es que como en otros periodos anteriores que dejaron una huella negativa en la sociedad, se trata de una violencia exacerbada, sin límites. Tampoco es un fenómeno exclusivo de México. A lo largo de toda la historia de la civilización, la dominación y el control de la violencia han sido elementos decisivos en la formación de la sociedad. Todas las relaciones sociales están determinadas por el uso de la violencia. La "globalización" -como han denominado sus gurúes al imperialismo de nuestros días-, con su nuevo credo ideológico, el neoliberalismo rampante, depredador y excluyente, están llevando a una desintegración de la sociedad.

Se han roto los viejos pactos sociales y la convivencia entre las personas ha sido sustituida por sociedades anónimas. A la vez, se ha formado un vacío que ha permitido la expansión de una violencia otra vez sin límites. Se trata de una nueva ley de la selva donde domina el derecho del más fuerte.

El resultado es un neodarwinismo social o esta guerra de todos contra todos que a diario padecemos. Pero es una violencia que sale de las mafias y los consorcios, y que se impone al resto de la sociedad. La economía misma está en manos de bandas internacionales; está controlada por los cárteles de la droga y de la industria armamentista, por las mafias de los mercados informales y los contrabandistas de plutonio y otros minerales estratégicos. Por redes de ladrones. Todos lavan su dinero sucio en los restos de la economía formal que, a su vez, ha cedido su lugar a la nueva "economía criminal".

Se trata de un gobierno de cárteles, conectado con grandes capitales no controlados, que en algunos países han cambiado a la economía en una economía de mafias y ha conducido a una barbarización de la sociedad. El caso de Rusia es paradigmático. Los nuevos amos mafiosos surgidos tras la caída del muro de Berlín, que contaron con el apoyo y patrocinio del FMI y el Banco Mundial, se reconocen a sí mismos como una nueva oligarquía. El resultado de ese proceso acelerado y traumático es la conformación de una suerte de sistema oligárquico por la vía de la cleptocracia, es decir, un gobierno controlado por órdenes o clanes de ladrones.

México es otra cleptocracia en potencia, donde la autoridad ha sido conformada con base en la oferta y la demanda, no por leyes y regulaciones. Los usos y costumbres mafiosas tampoco son de ahora. Las viejas redes corporativas y clientelares del PRI-gobierno incorporaban ya las actitudes y los componentes básicos del comportamiento mafioso. Los "hombres de respeto" del viejo PRI, ciudadanos honorables de la aldea, eran funcionales a todo un sistema subcultural que se reproducía con base en la corrupción y la impunidad, y en el cual, ya fueran caciques o miembros de la clase política, destacaban por sus funciones como dadores de protección y mediación, así como por sus "capacidades" en la administración de la violencia privada.

Ahora, el actual gobierno de la violencia, que brinda "una protección criminal a la criminalidad por medio de una supracriminalidad" (Giulio Sapelli), ha creado un mercado propio y una clase política propia, que regula, administra y reproduce al sistema. Se trata de un sistema que ha erigido el delito como empresa y que usa a la violencia como su arma fundamental de competencia. Un sistema administrado por un neocaciquismo gansteril que ha renovado su vínculo familiar-clientelar-corporativo con la sociedad y que al interior del partido de Estado reproduce la antigua relación entre secuaces y líderes, con un nuevo componente: las conductas mafiosas de las facciones que lo integran, con sus códigos de silencio, solidaridades y autoayudas, y la amenaza o el uso de la violencia física privada como la razón última.