La Jornada martes 25 de abril de 2000

Claudia Sheinbaum Pardo y Víctor Rodríguez Padilla
El colmo de la política energética zedillista

La política energética del presente sexenio ha estado orientada por una visión de corto plazo de las prioridades gubernamentales, así como por lineamientos de liberación gradual y progresiva de los mercados energéticos hacia una integración creciente con Estados Unidos. En consecuencia, los programas y políticas del sector energía han carecido de una visión integral de largo plazo, que busque cubrir las necesidades de la demanda, bajo una lógica de desarrollo soberano y sustentable.

En esta perspectiva se ubica la política del gas natural. Por un lado se promueve la demanda de este hidracurburo y por el otro se limita la inversión pública en la exploración y explotación, mientras se autoriza la libre importación y exportación y se permite la inversión privada para almacenamiento, transporte y distribución. No podía resultar más obvio. La demanda de gas natural se promueve como política estatal y la oferta nacional se limita también como política estatal.

Es evidente que los montos de inversión que el gobierno le ha venido concediendo a Pemex para las actividades de exploración, producción y procesamiento de gas natural son insuficientes para responder con producto nacional al formidable incremento del consumo que se estima para los próximos años. En lugar de invertir en incrementar la plataforma de producción, lo cual fortalecería la posición competitiva de México y sería altamente rentable, el gobierno ha preferido favorecer las importaciones masivas. De acuerdo con las últimas estimaciones oficiales, en el periodo 1997-2007 la producción interna crecerá a una tasa anual de 6.2 por ciento. En cambio, las compras foráneas se incrementarán a un ritmo anual comprendido entre 34.6 por ciento y 42.2 por ciento, alcanzando entre mil 410 y 2 mil 431 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), en el año 2007, lo cual representa entre 18.4 por ciento y 28 por ciento del consumo interno, así como una factura estimada entre mil 287 y 2 mil 218 millones de dólares.

Es claro que esa política equivocada de compras externas masivas, vendría no sólo a presionar la balanza de pagos, sino a dejar en manos de Estados Unidos y Canadá la garantía de seguridad de abastecimiento del mercado mexicano. No cabe la menor duda de que con su actual política de subinversión, el gobierno busca hacer de México un mercado seguro para los excedentes de gas estadunidense, en el corto y mediano plazo, en lugar de velar por la seguridad energética y los intereses nacionales.

Por otra parte, la insuficiente inversión en procesamiento de gas ha resultado en una baja en la producción de gas licuado, por lo que se ha tenido que recurrir cada vez más a las importaciones para responder al rápido crecimiento de la demanda. En la actualidad las compras foráneas cubren la cuarta parte del consumo nacional, lo cual contrasta con la autosuficiencia que tenía el país hasta hace pocos años.

Por si esto fuera poco, día con día se queman grandes cantidades de gas asociado en la Sonda de Campeche porque a Pemex se le han negado los recursos financieros para construir la infraestructura necesaria para recolectar y llevar el gas a tierra; pero también porque el gobierno se niega rotundamente a disminuir la plataforma de producción de crudo y de ahí la producción de gas asociado, al menos hasta que la empresa esté en posibilidad de aprovechar ese hidrocarburo.

La quema de gas sin ningún provecho económico o ambiental equivale a por lo menos la mitad de lo que consumió la industria eléctrica en 1997, a casi dos veces lo que se utilizó como materia prima ese mismo año para la petroquímica, y a unos 350 millones de dólares anuales. Esa política de desperdicio es un atentado contra el patrimonio natural en hidrocarburos de nuestro país.

Es indispensable que la política de gas natural sea reorientada si se quiere garantizar la seguridad energética nacional. Por razones de seguridad y de equilibrio en la balanza comercial es indispensable practicar una política de autosuficiencia, estableciendo ritmos suficientes de extracción para abastecer la mayor parte de la demanda del mercado interno con producción nacional, y recurriendo a las importaciones sólo de manera marginal. De otra manera, se está hipotecando desde ahora, la seguridad energética nacional.