Muy a pesar de las declaraciones "excesivamente triunfalistas" del gobierno mexicano (a decir del más reciente comunicado de las autoridades wixárika), los conflictos territoriales en la Huichola se encuentran lejos de estar resueltos.

Quienes han disfrutado ilegítimamente de los recursos heredados por el pueblo huichol --que se remontan a tiempos precoloniales--, siguen renuentes a acatar los triunfos legales alcanzados por este pueblo en los últimos meses, lo que significa un riesgo para la estabilidad en la región y una prueba del ácido para el gobierno mexicano que debe mostrar voluntad y capacidad para hacer valer los alcances de la aplicación estricta de la ley.

Algunos de los 176 procesos judiciales promovidos durante nueve años por las comunidades huicholas han obligado a que los invasores acepten las resoluciones de los juzgados que reconocen en las demandas wixárika un derecho fundado, pero en no pocos casos los invasores parecen decididos a utilizar la violencia para evadir las consecuencias derivadas de la aplicación de las leyes.

En la defensa de su territorio los huicholes cuentan con abogados, ingenieros, equipo y recursos económicos puestos a su disposición por varios organismos civiles y universidades que desde hace dos años han hecho suya la defensa del territorio huichol sumándose a la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) que lleva ya casi diez años acompañando el proceso wixárika. El resultado es un frente jurídico y técnico que incluye a la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Red de Abogados y Abogadas por los Derechos Indígenas, la Universidad de Guadalajara, la Asamblea Jalisciense por la Paz, el ITESO y el Sindicato de Radio Educación, a nivel nacional; el Indian Law Resources Center (ILRC) de Washington, la Universidad de Arizona, la Coordinadora Internacional de Organizaciones Sindicales Libres con sede en Bruselas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de la onu, a nivel internacional.

En los últimos nueve años los huicholes han ganado juicios agrarios de manera definitiva. La comunidad de Santa Catarina recuperó 4 020 hectáreas que detentaba la familia Mijares y más de 3 mil hectáreas invadidas por los Núñez, que faltan por ejecutar.

San Andrés obtuvo del ejido El Refugio 2 300 hectáreas mediante proceso judicial. Santa Rosa devolvió 10 800 hectáreas mediante proceso judicial y conciliación agraria y quedan pendientes otras 2 mil hectáreas actualmente en proceso de negociación en el Tribunal Unitario Agrario número 13 de Guadalajara.

San Sebastián logró recuperar 7 300 hectáreas --4 020 sobrepuestas a su plano por un error en la dotación otorgada al Ejido Barranca del Tule en 1954 y 3 280 más que tenía invadidas este ejido. Ejecutar la resolución del Tribunal de Amparo que reconoció el derecho de la comunidad, después de un juicio que duró 17 años, se retrasó todavía tres años más por las insuficiencias burocráticas. San Sebastián ganó, también por la vía de la conciliación, 2 500 hectáreas que ya devolvieron dos posesionarios de Puente de Camotlán, a cambio de una compensación ofrecida por el gobierno federal y que actualmente se encuentran a disposición de la Reforma Agraria en espera de restituirse a la comunidad sebastianera. Esta oferta del gobierno federal está abierta para todos los posesionarios de Puente de Camotlán y Huajimic que quieran regresar las tierras que tengan en posesión antes de que concluyan los juicios agrarios, procesos que claramente podrían ganar los huicholes. Un caso más que involucra a posesionarios fue ya ejecutado y otros dos están terminados, lo que arroja 1 200 hectáreas más. Resta sólo que se fije fecha de ejecución.

Sin embargo, tan sólo en San Sebastián quedan pendientes 145 juicios que sumarían otras 28 300 hectáreas que --por la actitud de un pequeño grupo de posesionarios que amenazan con acciones ilegales y violencia hacia las comunidades wixárika-- son las más difíciles de recuperar.

San Andrés tiene pendiente la resolución del caso de un territorio que le fue segregado en los sesenta y setenta y que actualmente es vigilado por la OIT. Puede dividirse en tres casos particulares: Bancos de San Hipólito, entregado ilegítimamente al núcleo mestizo de San Lucas de Jalpa en el estado de Durango y que significa 10 720 hectáreas en conflicto; la región denominada El Saucito, entregada ilegítimamente a San Juan Peyotán en Nayarit (otras 10 mil hectáreas), y Tierra Blanca cuyos terrenos formalmente no pertenecen a ningún núcleo por lo que dicha localidad inició demanda para obtener su reconocimiento como legítima propietaria con la oposición de San Juan Peyotán que pretende arrebatar desde hace veinte años 1 250 hectáreas.

James Anaya del ILRC ha declarado que "este caso es el más importante para los pueblos indígenas del mundo al ser el primero en el que existe una resolución de la OIT sobre cuestiones territoriales en la aplicación del Convenio 169". Los precedentes que se sienten en cuanto a la interpretación, aplicación y alcances del Convenio y sus órganos de vigilancia afectarán a todos los demás casos en el mundo que acudan ante esta instancia internacional. A partir de lo ocurrido con este caso pueden desprenderse algunos hechos.

1. El procedimiento establecido por la OIT en este proceso permite al gobierno mexicano conocer toda comunicación proveniente de las comunidades huicholas de manera expedita pero evita --por considerar la información del gobierno como confidencial-- que los wixárika conozcan las probanzas y alegatos que el gobierno mexicano interpone, causando lo que en derecho se conoce como estado de indefensión de quienes promueven algún recurso.

2. Esta situación impactó el resultado de la resolución del Consejo de Administración de la OIT, que dio por buenos los alegatos del gobierno mexicano de que se trataba de un problema entre indígenas. Según el gobierno, la población de San Juan Peyotán y San Lucas de Jalpa es huichola también, lo cual es falso. Si bien existe un núcleo de huicholes, dicho núcleo es precisamente el promotor del recurso ante la oit contra los mestizos. Al dar por buena dicha información, e impedir que ésta llegara a manos de los wixárika, la OIT evitó que las comunidades pudieran contraargumentar, y restó alcances a su resolución.

3. En el caso de Tierra Blanca, el Tribunal Unitario Agrario 19 en Nayarit resolvió negativamente la solicitud de dicha localidad de ser reconocida como comunidad. El ex gobernador de Nayarit, Rigoberto Ochoa, ejerció presiones sobre el magistrado. y el proceso fue muy turbio. Tierra Blanca promovió entonces en el Tribunal Colegiado de Mazatlán un recurso de amparo contra dicha resolución que duró dos años en resolverse. Al final el tribunal colegiado resolvió de una manera sorprendente: si bien dice que concedió el amparo, se ordenaron trabajos que violan radicalmente la legislación mexicana al desestimar los derechos emanados del plano definitivo en favor de un plano proyecto que se había desechado por ser impreciso. Esto resultará en el reconocimiento del poblado de Tierra Blanca como parte de San Andrés, pero le negará su carácter de comunidad dejando fuera todas sus tierras de cultivo y agostadero. El gobierno informa a la oit que se avanza porque dizque concedió el amparo pero garantiza el despojo de las tierras.

4. Este acto ilegal por parte del tribunal resulta imposible de combatir en tierras mexicanas por ser este tribunal la última instancia. Ante este absurdo jurídico, es de prever que se empuje a la comunidad huichola a la desilusión de las instancias mexicanas de legalidad y se hará necesario recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 

Durante nueve años, el pueblo huichol ha trabajado en la defensa de su territorio apegado estrictamente a los procedimientos contemplados por las leyes nacionales y a la calidad de los documentos y argumentaciones presentadas. En este lapso se tejieron alianzas con la sociedad civil nacional e internacional que le confiere a este proceso presencia mundial y reconoce la probidad de sus razones. Se han recuperado más de 30 mil hectáreas ganando los juicios menos complicados. Sin embargo, se acerca el punto en el que el gobierno mexicano tendrá que demostrar qué tan dispuesto está a obedecer el mandato expreso de las leyes y no sólo en ocasiones mostrar una voluntad de resolver "políticamente" asuntos cruciales. Resalta la discrepancia entre los ordenamientos de la OIT y las legislaciones mexicanas y la propensión del gobierno mexicano a salirse con la suya mintiendo y fabricando datos --lo que agrava las incongruencias entre su empeño por mejorar su imagen internacional, y sus prácticas habituales. Ante instancias nacionales parece seguir dispuesto a presionar a magistrados para imponerse. Para el pueblo wixárika, se acerca entonces un momento difícil.