SABADO 8 DE ABRIL DE 2000

Ť Los documentos para acreditar derechos de propiedad son insuficientes

Esencial, que el Ollin Yoliztli no deje de funcionar por el diferendo: Aura

Ť Los usuarios, pendientes del litigio por los bienes del conjunto cultural que ya dura tres años

Ť Toda la confusión fue propiciada por los cambios de funcionarios y estructuras, dice Lozano

Raquel Peguero /I Ť En una carambola de tres bandas devino la problemática del Centro Cultural Ollin Yoliztli. En medio se encuentran los usuarios del recinto, pendientes del litigio que desde hace tres años enfrentan las instancias de gobierno que lo han administrado -el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) y el Instituto de Cultura de la Ciudad de México (ICCM)- y las dos asociaciones civiles que se fundaron para manejarlo -Conjunto Cultural Ollin Yoliztli, AC, y Orquesta Juvenil de México, AC- que defienden, estos últimos, el derecho de posesión sobre los bienes que ahí se encuentran.

Después de una denuncia de hechos, interpuesta por las asociaciones civiles en contra del CNCA, al que acusaron de sacar bienes de manera ilegal, en mayo de 1998; la destitución de Eduardo Diazmuñoz, ese mismo año, y dos amparos del ICCM contra la Procuraduría General de Justicia -el segundo apenas interpuesto la semana pasada- para evitar que el inmueble sea desmantelado, la carambola no termina de jugarse, debido a la insuficiente documentación que existe para demostrar los derechos de propiedad.

Este enredo comenzó cuando Cuauthémoc Cárdenas asumió la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y solicitó al CNCA la entrega de las instalaciones de la Ollin, en virtud de que pertenecían al DF: ''El Consejo accedió de muy buen grado, en términos muy elegantes y agradecibles porque no crearon ningún problema y dieron toda la ayuda para que así ocurriera", explica Alejandro Aura, director del Instituto de Cultura capitalino. Tras la firma del convenio, el 21 de abril de 1998, las asociaciones civiles iniciaron un diferendo con el consejo respecto de la propiedad de los bienes que se adquirieron, a través de ellas, para uso del conjunto, pues alegan que ''todo lo que está ahí les pertenece".

''Todo es una confusión que se ha dado por cambios de estructuras, funcionarios y llegada de nuevos gobiernos", explica Fernando Lozano, presidente de las asociaciones quien, agrega, se ''aclaró una buena parte del enredo con el CNCA, instancia que ha tenido una actitud muy abierta para poner orden. Se han resuelto algunas cosas y, otras, están vías de lograrse. Lo que falta son cuestiones de procedimiento, detenidas por Aura a quien le propusimos un comodato para que hiciera uso de los bienes, pero no hemos tenido respuesta. Esto afecta a niños y jóvenes que deberían estar estudiando y a nosotros que nos impide hacer nuestro trabajo debidamente, ya que tenemos la manera de probar la propiedad de las cosas".

Al Instituto de Cultura, dice Aura, no corresponde explicar si tiene razón o no el diferendo entre las asociaciones y el consejo, ''pero sí es nuestra responsabilidad que el centro cultural no deje de funcionar. Nos están llevando entre las patas, porque las asociaciones exigen el retiro de prácticamente todos los instrumentos musicales y el equipamiento del inmueble. Por eso tuvimos que ampararnos, ya que no tienen las facturas que comprueben la propiedad. Lo que el director del centro hace, por instrucciones mías, es impedir que saquen aquello que no tiene comprobante".

Pugna que revivió

El conflicto salió a la luz nuevamente, a partir de que el taller de laudería fue ''casi desmantelado" (La Jornada, 20/III/00) en seguimiento del proceso que ejecutan las asociaciones civiles para recuperar sus bienes y que debieron detener ante el amparo interpuesto por el ICCM, en junio del año pasado, cuando comenzaron a recogerlos. Al ser sobreseído ese juicio, las gestiones comenzaron de nuevo, la pugna se retomó y trajo a nuestra redacción una carta aclaratoria del contralor general del Conjunto Cultural Olin Yoliztli, Luis Fernando Chávez Murrueta, en la que especifica algunos puntos, que después fueron detallados en entrevista.

La desaparición de inventarios es un problema de origen, explica Ricardo Fuentes, actual director del Ollin, porque la mayoría de los cambios fueron verbales. Ocurrieron desde el sexenio de Echeverría, en que se dio el inmueble en usufructo, involucrando al CNCA, por medio del Instituto Nacional de Bellas Artes, cuando la Dirección de Acción Social, Cívica y Cultural (Socicultur) le solicitó, el 5 de noviembre de 1993, se hiciera cargo de los programas educativos del conjunto, y los incorporara al Sistema Nacional de Educación Artística, algo que no se dio, porque los planes de aquí eran incompatibles. Ante ello, ''el CNCA pidió a Lozano que creara una asociación civil -la del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli- para apoyarlos en sus tareas educativas". De esos traspasos no existen actas de entrega-recepción. Lo que sí aseguran autoridades del consejo es que entre los bienes que retiraron, en mayo, ''algunos eran del DDF y fueron donados al INBA en 1993, cuando asumió la dirección de las escuelas; otros fueron adquiridos por el CNCA y seguramente hay otros que son de las asociaciones" (El Universal, 5/VI/98).

El apoyo del CNCA al Ollin comenzó en 1988, a decir de Chávez Murrueta, cuando su presidente, Víctor Flores Olea, firmó convenios con Lozano. Ese año se creó la primera asociación civil, la Orquesta Juvenil Mexicana, AC, para formar agrupaciones de ese tipo en toda la República.

Inaugurado el 16 de julio de 1987, por el presidente Miguel de la Madrid, en 36 mil metros cuadrados, el Ollin Yoliztli está integrado por las escuelas de Iniciación a la Música y la Danza, la de perfeccionamiento Vida y Movimiento y la de Arte Integral; la Filarmónica de la Ciudad de México, dos salas de conciertos, una de cine, tres galerías, una librería, un restaurate, una cafetería y estacionamiento (todo existe aunque funciona al 60 por ciento). La idea era convertirlo en un centro de excelencia académica en el que existiera estrecho contacto entre las escuelas y la orquesta, hecho que se logró y que, a pesar de todo, se mantiene.

A partir de 1994, la enseñanza y administración del Ollin fueron responsabilidad del conjunto cultural, presidido por Lozano, aunque esta asociación obtuvo su status fiscal el 22 de marzo de 1997. Su convenio con el CNCA estipulaba que éste ''proporcionara un presupuesto aplicable a la creación de orquestas y coros juveniles, becas para los instrumentistas de la Carlos Chávez, la operación de las escuelas, taller de laudería y reparación de instrumentos", explica Chávez Murrueta. Las asociaciones ''debíamos aplicarlos para lo que estaban etiquetados, o para compra de vehículos, papelería, instrumentos y pago de maestros. Cada dos meses, en un formato que ellos nos entregaban, informábamos del avance presupuestal". Agrega que el aporte del consejo "era sólo una parte, otros provenían del DDF, la Lotería Nacional, la Secretaría de Hacienda, Mexicana de Aviación y Multivisión, entre otras, pero la del consejo era más estricta debido al convenio".

En 1996, Lozano fue nombrado director de la Filarmónica de la Ciudad, ''renunció como director administrativo -su nombramiento en las actas constitutivas de las asociaciones- pero siguió siendo presidente de ambas, aunque sin responsabilidad administrativa".

Por acuerdo de las asambleas de asociados, Diazmuñoz pasó a dirigir las escuelas y el Programa Nacional de Orquestas y Coros Juveniles, este último institucionalizado por el CNCA, ese mismo año, lo que parecía un doble nombramiento. El músico, sostiene Chávez Murrueta, ''comenzó a cambiar los objetivos, buscando más calidad que cantidad, lo que nos preocupó porque sólo las asambleas pueden cambiar los estatutos y comenzamos a ser más estrictos". Poco después, Diazmuñoz es acusado de nepotismo ante la controlaría interna del CNCA y retirado de sus funciones, algo ilegal ''porque, por poder notarial, era empleado nuestro y no del consejo. El, quizá por confusión mental, ante la demanda dejó todo botado, nunca nos entregó nada ni informó al respecto, para poder cancelar su nombramiento. Demandó al CNCA y, aparementemente ganó, pero a las asociaciones nunca regresó por lo que acudimos ante el Ministerio Público. En sus alegatos especifica que entregó chequeras y recursos al consejo, pero no bienes ni instalaciones porque esas son de las asociaciones y por tanto era indebido".

En enero de 1998, el consejo designa a Fernando García Torres en lugar de Diazmuñoz, nombramiento que no es reconocido por las AC. Aquél permaneció dos meses y asegura que cuando "entré en funciones, todo era pagado por el CNCA", pero no a través de las asociaciones; "no tuve nada que ver con ellas ni vi los convenios". De hecho, ''se hizo cambio de firmas en una cuenta que era del consejo, los cheques aparecían a su nombre y de ahí salían los pagos de mantenimiento, incluida la nómina del personal".