Parece que la estrategia del gobierno oaxaqueño frente al conflicto interno en la comunidad de Yalalag, en la Sierra Juárez, fue hacer como que hacía algo, sin evitar que el conflicto se pudriera. Y se pudrió. Resultado de esta descomposición es el cadáver balaceado de Roberto Limeta tendido frente al edificio de gobierno de este municipio mayoritariamente zapoteca (su entierro sería anunciado por altavoces que llamaban a linchar a sus supuestos asesinos) y once acusados de homicidio y lesiones que declararon (algunos bajo tortura) en la capital oaxaqueña.

La comunidad que fuera ejemplo de lucha contra el caciquismo, que encaminara algunos de los proyectos políticos y culturales más avanzados de la región, la Meca de antropólogos y lingüistas, la que sirviera de semillero de dirigentes e intelectuales indígenas con importancia regional, estatal e incluso nacional --entre otras razones, por su destacada participación en los Acuerdos de San Andrés-- está postrada y dividida.
La metódica renuncia de las autoridades políticas y electorales del estado a cumplir sus responsabilidades no puede soslayarse. Fueron innumerables los viajes que los yalatecos enfrentados al gobierno municipal ilegal hicieron a las oficinas del gobernador José Murat para que cumpliera con el compromiso de establecer el interinato de un administrador municipal que pudiera preparar el camino para elecciones conforme a derecho.
Hace unas semanas, los yalaltecos llevaron a los oídos sordos de Erika Daes, relatora del Grupo de Trabajo para los Pueblos Indios de la onu, la denuncia del incumplimiento de los acuerdos del Instituto Electoral Estatal y el Congreso oaxaqueño sobre la invalidez de la elección fraudulenta de octubre.
En estas elecciones un pequeño grupo, rompiendo las tradiciones yalaltecas y la reciente legislación oaxaqueña que reconoce los "usos y costumbres" en las formas para elegir autoridades, organizó eleciones municipales que les permitió a grupos relacionados con el viejo caciquismo de la Sierra Norte retomar el poder.
El 2 de enero se nombró administrador municipal a Nahum Luna, quien en vez de organizar nuevas elecciones, las declaró innecesarias. Se lavó las manos y regresó a la ciudad. El conflicto creció. El segundo administrador, Carlos Rasgado, ni siquiera pudo tomar posesión por las presiones y amenazas del grupo que ilegalmente estaba en poder de la presidencia municipal. Las tensiones se escalaron al punto que los llamados a la prudencia de los dirigentes del grupo que promovía nuevas elecciones fueron desoídos.
La noche del lunes 6 un grupo de yalaltecos tomó pacíficamente el edificio de gobierno. Horas después los desalojados llamaron, con las campanas de la iglesia, a la recuperación de las instalaciones. En el enfrentamiento resultante hubo varios heridos de bala y murió Roberto Limeta, que comandaba a los que retomaron el palacio. El Consejo de Ancianos, la Unión de las Mujeres Yalaltecas y el Taller de Investigación y Difusión de la Cultura Zapoteca denunciaron que los caciques se presentaron armados y ellos mismos, en la confusión, hirieron de muerte a Roberto Limeta. La policía preventiva tomó prisioneros a 34 promotores de nuevas elecciones y, en la ciudad de Oaxaca, se les inició un proceso por homicidio y lesiones.
El Congreso Nacional Indígena exige al gobierno local y al Congreso del Estado cumplir y hacer cumplir los acuerdos firmados para restablecer la paz y denunció el "hostigamiento en contra de nuestros compañeros que han participado en el proceso de conformación del Congreso Nacional Indígena, Joel Aquino, Raymundo Cuevas, Víctor Aquino, Plutarco Aquino Sacarías, el expresidente municipal Maclovio Aquino e Ismael Molina (herido de bala), entre otros, a quienes se pretenderá culpar de los acontecimientos provocados por la falta de atención y respeto a los derechos del pueblo indígena yalalteco".