Hubo un tiempo, sobre todo en la administración de Diódoro Carrasco, que estuvo muy de moda hablar del reconocimiento y respeto de los derechos indígenas en Oaxaca,pero ahora ya nadie en el gobierno se toma en serio el asunto. Ocupados como andan los funcionarios en acomodarse para asumir algún cargo en las próximas elecciones, pocos se acuerdan de los indígenas, sus derechos reconocidos en la legislación estatal y menos de respetarlos.
 

El pueblo chatino es uno de los 16 pueblos indígenas originarios que habitan en el estado de Oaxaca. Su territorio abarca una gran parte de la Sierra Madre Sur, desde el suroeste al noroeste del Distrito de Juquila, pasando de la región de la Costa a las zonas montañosas de la sierra; prosigue en esa dirección para incluir una porción sur occidental del distrito de Sola de Vega. Colinda al oeste con el distrito de Jamiltepec, habitado en su mayoría por mixtecos, al norte con Sola de Vega, al este con Miahuatlán y Pochutla y al sur con la Costa del Pacífico. Su población se agrupa en nueve municipios y 235 localidades, aunque también se pueden encontrar municipios, que siendo mayoritariamente mixtecos, presentan población chatina. A nivel estatal los chatinos ocupan el sexto lugar en densidad poblacional, representado el 2.8% de población hablante de lengua indígena.

Según la memoria colectiva el padre del señor Idelfonso Zorrilla Cuevas, cacique regional e influyente funcionario estatal, fue un cura al que la gente del pueblo le obsequió un pedazo de sus tierras comunales en señal de respeto, pero como en tiempos de la Colonia, el cura abusó de la buena voluntad del pueblo y se apoderó de más terrenos. Al morir, su hijo continúo su obra. En febrero de 1957 estalló un conflicto entre el cacique --que ya se había hecho ilegalmente de muchas hectáreas de terrenos comunales-- y los lugareños, porque aquel los obligó a abrir una brecha del pueblo de Teotepec a su rancho sin pagarles un centavo, alegando que era una obra ordenada por el gobierno. Tres meses después la gente se inconformó y envió una persona a Oaxaca a investigar. Así se enteraron que no era cierto que la obra hubiera sido ordenada por el gobierno.
La organización del pueblo no agradó al cacique y comenzó a agredirlos. El pueblo denunció los hechos en la capital del estado y el cacique aumentó la represión. El primero en sufrir su furia en carne propia fue un señor de nombre David, que era topil cuando se hicieron las denuncias. En junio de ese mismo año Gilberto Zorrilla disparó sobre las autoridades municipales cuando salían de la mayordomía; los agredidos se defendieron y el agresor murió en el acto. Como para demostrar el apoyo gubernamental a la familia Zorrilla, a la noche siguiente llegaron los militares y se soltó la represión. Esa misma noche cayeron asesinados los señores Enmanuel y Celestino Moreno. En total murieron trece personas y otras tuvieron que huir del pueblo.
Los chatinos no encontraron más alternativa y se rebelaron, encabezados por el señor Maximino Carmona, topil de la población, y los hermanos Moreno, también topiles y policías comunitarios. Las comunidades se dividieron y se crearon otras nuevas con los desplazados de la represión, entre ellas Cerro del Aire. En la comunidad de Cuixtla la gente del cacique asesinó a los señores Emilio Zárate Velasco e Hilario Torres, que era alcalde mu-nicipal. Los federales mataron y quemaron a los señores Rómulo Chávez y Jerónimo Quintas. Lo mismo hicieron con un señor de nombre Tiburcio, a quien enterraron en una ciénega para que su familia no lo encontrara. El conflicto duró unos dos años.
La tensa calma hizo explosión nuevamente en 1992 porque la gente comenzó a inconformarse con su situación de vida. En esta época el síndico de Santos Reyes Nopala privó de la libertad a los señores Jerónimo Carmona, Pedro Salina y Rodolfo Cruz, de la comunidad Cerro del Aire. El 8 de abril de 1995, entraron judiciales y soldados quitándoles sus machetes y herramientas de trabajo a los señores Eulogio Cruz, Pablo Carmona y Arturo Chávez, además de detenerlos y acusarlos de ser zapatistas. Al mes siguiente, el cuatro de mayo, fue asesinado el señor Honorato Vásquez, agente municipal de la misma comunidad.

El 22 de noviembre, unas quinientas personas de las comunidades afectadas, con el apoyo de varias más, pararon los camiones madereros a la altura de Cerro del Aire, demandando la suspensión inmediata de la tala del bosque, pago de los daños causados a terrenos y plantíos, entrega a la comunidad del cuarenta por ciento de la venta del producto, reparación de la carretera dañada por la empresa maderera y reforestación de la zona afectada. Esta medida de las comunidades afectadas provocó que de inmediato las autoridades municipales de Santa Lucía Teotepec y la empresa se presentaran en el lugar a negociar con los inconformes.
Un primer problema para el diálogo fue que la empresa y las autoridades municipales coludidas con ella no aceptaron negociar con la comisión nombrada por las comunidades inconformes, sino sólo con autoridades incondicionales a ella. No hubo acuerdo. Al día siguiente las pláticas se trasladaron a la cabecera municipal de Santos Reyes Nopala. La em-presa y las autoridades sólo aceptaban entregar el 15% de la producción, lo cual obligó a la comisión negociadora de las comunidades a llevar la propuesta a consulta de sus compañeros. En la reunión, realizada la noche de ese mismo día se rechazó la propuesta. Se hizo responsables a los representantes de la empresa y las autoridades municipales que la apoyan, de cualquier agresión que pudieran sufrir las personas que participaban en la lucha por sus derechos.
El 24 de noviembre el ejército federal --que se encontraba en la re-gión con el argumento de apoyar a las víctimas de los temblores y las lluvias que azotaron al estado-- inició operativos intimidatorios en varias comunidades, mismos que continuaron al día siguiente, apoyados por la policía judicial que en noviembre estableciera un destacamento permanente en la cabecera municipal. Ese mismo día, la empresa dio un giro en las negociaciones que se celebraron en el municipio de Santos Reyes Nopala, declarando que el problema era una desaveniencia entre comunidades. Su posición fue apoyada por las autoridades municipales que firmaron un "acuerdo" entre partes. Los puntos medulares eran que la agencia de Santa Lucía Teotepec se comprometía a aportar el 40% del monto total de la venta de madera a la agencia de Cerro del Aire en un plazo de 25 días, tiempo en el que se culminaría con el convenio de trabajo; la agencia de Santa Lucía Teotepec acordaba suspender la venta de madera, como recurso natural que corresponde a ambas agencias en un lapso de veinte días y la empresa se comprometía a indemnizar a los comuneros afectados en sus parcelas y a reforestar el perímetro total del bosque talado. En otras palabras, la empresa se desentendía de un problema que ella misma había creado y echaba a pelear a las comunidades.

La empresa no cumplió la parte de las indemnizaciones y la reforestación. Muy por el contrario, continuó talando bosques. Eso obligó a los afectados a buscar el apoyo de la sociedad y el 2 de diciembre del año pasado se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a raíz de la em-boscada que se tendió el día 28 contra una comisión de las comunidades afectadas. El caso se denunció también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero tampoco ha dado una respuesta favorable a los afectados.
El asunto se agravó al comienzo de este año porque las autoridades municipales se niegan a reconocer a las autoridades comunitarias electas por usos y costumbres, según lo dispone la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. El señor Rufino Mendoza Cortés, de la comunidad de Cerro del Aire, agente municipal electo el 3 diciembre para el presente año, no ha podido asumir el cargo porque el ex agente municipal, Gregorio Velasco Carmona, en contubernio con el delegado de gobierno de ese distrito, violentaron la elección convocando a otra para el 6 de diciembre. Como nadie acudió porque ya habían electo a sus autoridades, después de cuatro convocatorias sin respuesta decidieron prorrogar el mandato del ex agente municipal.

En una carta pública firmada por el director general de la empresa y publicada el 27 de diciembre del año pasado en el diario La Jornada, la empresa fijó su posición sobre el problema. Entre otras cosas, dijo que el paro de los camiones del 22 de octubre ocurrió porque "Cerro del Aire quería presionar a Santa Lucía Teotepec para que les diesen 40 por ciento del importe de la madera vendida a la empresa Tachapuesa. Después de una reunión en la que intervino el municipio de Santos Reyes Nopala como mediador, se llegó a un acuerdo de aceptar dicho porcentaje" Lo anterior es completamente falso. Lo que Cerro del Aire y otras comunidades buscaban lo expresaron en los cinco puntos anotados con anterioridad. Las autoridades municipales no intervinieron como mediadoras sino como parte. Y si era un conflicto intercomunitario ¿qué andaba haciendo la empresa? ¿qué hace ella explicando cómo sucedieron los hechos?
También expresó que la explotación forestal la han hecho "respetando las leyes y normativas forestales; todos los contratos, marqueos y aprovechamientos son controlados y supervisados por Semarnap y la Dirección de Ecología del Estado". Esta afirmación es igualmente falsa. La legislación forestal exige tratar con los ejidatarios o comuneros propietarios de los bosques y la empresa no lo hizo; tampoco han mostrado sus estudios de impacto ambiental ni el Plan de Manejo Forestal, en lo cual también tienen su responsabilidad las autoridades federales correspondientes. Lo más grave es que no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos indígenas, contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de que sean ellos mismos quienes utilicen, administren y conserven los recursos naturales existentes en sus tierras. En conclusión, se han violado en perjuicio de las comunidades del pueblo chatino las leyes Forestal y de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sus respectivos reglamentos y el Convenio 169 de la oit sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

En la región se vive una falsa calma. La empresa maderera ha dejado de cortar madera pero no es claro si esa suspensión de actividades es temporal o permanente.
La autoridad municipal electa de Cerro del Aire no ha podido tomar pose-sión porque se lo impiden los caciques y las autoridades del gobierno estatal. Los pobladores viven en constante inseguridad. Recordando viejos tiempos temen que las cosas se agudicen y la sangre llegue al río.
Mientras esto sucede el procurador de Asuntos Indígenas, a quien la ley obliga a velar por el respeto de los derechos indígenas, se preocupa más por conseguir una diputación federal que por cumplir sus obligaciones.
Lo dicho, para los funcionarios de Oaxaca ha pasado de moda hablar de derechos indígenas.