El 29 de agosto de 1996 el Ejército Popular Revolucionario lanzó un ataque en La Crucecita, Huatulco, en la Sierra Sur de Oaxaca. En los acontecimientos murió Fidel Martínez quien hasta entonces fungiera como regidor de Hacienda del municipio de Loxicha. Según los campesinos zapotecos de la región esto bastó para que el gobierno del estado de Oaxaca y las policías vincularan sin pruebas a todo el municipio con el EPR, por lo que realizaron un operativo en el que participaron el ejército mexicano, la policía judicial y la policía preventiva de Oaxaca. Muchos campesinos del lugar afirman que incluso agentes del FBI participaron en el ataque que tomó por la fuerza el palacio municipal y en el que se incendiaron el palacio de gobierno y el ayuntamiento perdiéndose toda la papelería y documentación del municipio. Gente con el rostro cubierto a la que le llaman "entregadores" señaló a más de 130 campesinos como integrantes del EPR que, sin órdenes de aprehensión, fueron detenidos. Todas las autoridades municipales y aquellos que participaban activamente en los tequios comunitarios fueron llevados a las cárceles de Pochutla, Miahuatlán, Santa María Ixcotel, Villa de Etla, en Oaxaca y al penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez en el estado de México en donde se les puso en aislamiento.
Muchos de los presos sostienen haber sufrido tortura para arrancarles confesiones y para obligarlos a firmar en hojas en blanco sus declaraciones. Entre los métodos que afirman utilizaron estuvo la aplicación de toques eléctricos en los genitales, violencias sexuales y ejecuciones falsas. Muchos de estos detenidos no hablan castellano y no se les permitió tener traductores que les hicieran conocer ni siquiera de qué se les acusaba.
Desde entonces a la fecha se calcula que más de 200 habitantes de la región se mantienen escondidos pues pesan sobre ellos órdenes de aprehensión. Hay cuatro desaparecidos y han ocurrido unos 25 asesinatos de personas de la comunidad. La región sigue militarizada y las inmediaciones del palacio municipal en San Agustín tiene guardias armadas en los techos de lo que se considera un verdadero pueblo fantasma después de que el municipio quedó en manos de los grupos de caciques y pistoleros que desde hace varios años ha hostigado a las comunidades xiches, como se autonombran los zapotecos de Los Loxichas. El nuevo presidente municipal, Lucio Vázquez, por ejemplo, es un ex policía judicial al que se le imputan por lo menos diez asesinatos y se le acusa de estar vinculado a grupos de guardias blancas.

Lo inquietante de esta historia es que en los tres años transcurridos desde estas detenciones, han obtenido su libertad por falta de pruebas más de 40 de los 130 detenidos originalmente, los últimos a finales de enero pasado y se espera que más y más campesinos salgan libres por falta de pruebas. Aunque en su mayoría no han sido sentenciados pese a los años transcurridos hay el caso dramático de uno de los detenidos que habiendo sido sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de rebelión y homicidio, pudo también salir libre mediante el recurso de apelación por falta de pruebas.

Los familiares de los presos se han visto en la necesidad de vender sus tierras para el sostenimiento de su estancia en la cárcel y los gastos procesales. Hoy son pocos los medios informativos que reconocen y difunden la existencia de un exilio forzado que orilló a muchas familias a migrar pero también a mantener, desde el 10 de junio de 1997, un plantón permanente en el zócalo de Oaxaca, en espera de que se les haga justicia, se rompa el cerco informativo en torno a su caso y se reconozca la ilegalidad de las acciones represivas tendidas en contra de los habitantes de una región que hoy se le nombra "tierra de malditos".
El grupo de manifestantes se ha mantenido estos años vendiendo mercancía elaborada por los presos y recibiendo apoyo y donaciones voluntarias.

La región Loxicha, con 35 mil habitantes de 27 comunidades repartidas en seis agencias municipales tiene tras de sí una historia larga de despojos y asesinatos. Desde la época de Porfirio Díaz sus habitantes engrosaron las filas de los peones acasillados de las fincas cafetaleras que hoy día son uno de los últimos bastiones finqueros en el país. La zona es muy pobre y se encuentra encerrada entre los finqueros y los narcotraficantes que controlan los caminos a varias de las comunidades como Magdalena, Sirena Miramar, San Agustín, Chilapa y Loma Bonita.

Los xiches son zapotecos que siguen hablando la lengua y que mantienen tradiciones en la elección de sus autoridades, en el servicio de la Iglesia y en la organización comunitaria para el trabajo en el tequio comunal, que en la región es semanal y en el que participa todo el pueblo, incluidas las autoridades. Como en otros pueblos zapotecos de Oaxaca el cargo de autoridad no recibe paga alguna y en cambio se considera un acto de dignidad aceptar y servir. "Si el trabajo estuvo bien realizado, el pueblo le guardará respeto y agradecimiento tanto a la persona como a su familia y a su parcela". Todos siembran maíz de autoconsumo en pequeñas parcelas y en algunos parajes los campesinos trabajan su propio café. Haberse convertido en peones de lo que antes fueron sus propias tierras los ha marcado para defenderse.
Una de las crisis graves que enfrentó la región Loxicha ocurrió a finales de los setenta cuando los terratenientes comenzaron a tomar el control político de la región y contrataron a los primeros pistoleros. En 1978 la gente de la región comenzó a rebelarse mediante acuerdos de asambleas comunitarias y se agrupó en la opiz, la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, para quitarle el control a los caciques y expulsarlos de la comunidad.

En 1980, los pistoleros Rogelio Vázquez, Jesús Sebastián y Luis Martínez, entre otros, asesinaron a más de 80 campesinos, se robaron y violaron a varias mujeres y sembraron marihuana para inculpar al pueblo. Los habitantes de los Loxichas afirman que hoy estos pistoleros son parte de los grupos paramilitares que operan en la región.
Por esas mismas fechas se nombró a un presidente municipal sin el requisito de pertenencia a ningún partido. Elegido en asamblea "por usos y costumbres" Alberto Antonio, dirigente muy recordado, inició una etapa de organización y construcción de obras en la región. De ahí en adelante todas las autoridades fueron electas por "usos y costumbres". Entre 1980 y 1996 lograron una de las pocas etapas de tranquilidad en una región que hoy la opinión pública tiene miedo de nombrar.
Independientemente de que pueda o no vincularse a sus habitantes con el Ejército Popular Revolucionario, la situación de ilegalidad promovida por los caciques regionales, los pistoleros y paramilitares que hoy controlan la región, y las autoridades policiacas y militares que mantienen un cerco casi infranqueable más la represión desatada contra ellos por el gobernador Diódoro Carrasco, hoy secretario de Gobernación --mientras negociaba con el el grueso de organizaciones una ley indígena para Oaxaca que en los hechos dividió momentáneamente al movimiento indígena oaxaqueño-- no puede callarse y tiene que recibir la atención de los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales. Y los presos políticos, verdaderos rehenes de una guerra sucia que no sólo ocurre en Chiapas, deben quedar en libertad, pero con las garantías suficientes como para recuperar en la región una paz que no sea la que impongan por la fuerza los paramilitares que controlan el municipio. Si esto no ocurre así, es probable que en Los Loxichas la violencia siga siendo la moneda de cambio.