Documento del Instituto Científico de Culturas Indígenas de Ecuador

El proceso de reconstitución de los pueblos de la nación quichua del Ecuador, a no dudarlo, es uno de los procesos inéditos más importantes de los pueblos indígenas en América Latina y abre el espacio del reconocimiento a la alteridad de nuestras naciones desde la aceptación de la pluriculturalidad y de la interculturalidad. Además, cuestiona en lo fundamental la esencia misma del Estado, al mismo tiempo que evidencia el carácter real que tiene el Estado dentro de nuestra sociedad, esto es, como la imposición de una forma de dominación, de ejercicio del poder y de control social.

La formación del Estado-nación en el caso del Ecuador, adoptó las formas jurídicas, políticas e ideológicas que había desarrollado la burguesía europea en el siglo XVIII. Se construyó un Estado de forma burguesa en donde no existía una burguesía, y se le dio una forma republicana cuando no existían procesos de ciudadanía, ni formación de partidos políticos.

El Estado que se construyó en 1830 en lo que antes se denominaba la Real Audiencia de Quito, articulaba formas de control y de dominación que venían desde la Colonia, con los intereses de la clase dominante emergente, y buscó legitimarse con un discurso liberalizante en lo económico y en lo político. El Estado moderno ecuatoriano, en realidad, se construyó como una forma de articular nuevas relaciones de poder sobre instituciones económicas, sociales y políticas ya existentes. Esta contradicción entre el carácter jurídico-político del Estado ecuatoriano y su realidad, atraviesa toda la historia republicana del Ecuador. Desde su formación en 1830, es apenas en 1999 que la clase dominante logra por fin definir con exactitud los límites geográficos del Estado ecuatoriano. Pero, el mismo año en el que finalmente se logra dibujar el mapa real del Ecuador, surgen con fuerza los pedidos de autonomía regional y de descentralización. La formación del Estado ecuatoriano, revela así, su carácter más bien provisional y espontáneo, y su inconsistencia con la realidad histórica del Ecuador.

Desde la formación misma del Estado ecuatoriano, el reto ha sido construir una nación para ese Estado. Durante todo el siglo xx se escuchan las voces que reclaman la identidad ecuatoriana y la construcción de un "proyecto nacional". Sin embargo, la categoría de "nación" parece no articularse de manera coherente con la formación del Estado como estructura de poder y de dominación. La "nación ecuatoriana" que recurre incluso a lo folclórico y anecdótico para legitimarse, no pasa de ser una construcción forzada e ideológica.

Sin duda alguna, el desafío más importante para la definición de la "nación" ecuatoriana, ha sido realizado por los pueblos indígenas originarios del Ecuador. Han sido ellos quienes desde la década de los ochenta, otorgaron sentido y coherencia histórica a la categoría de "nación". Se reclaman a sí mismos como "nacionalidades" y defienden un concepto de soberanía que es extraño e incomprensible para la actual estructura del poder. En efecto, cuando los indígenas del Ecuador, propusieron en 1990 el concepto de "nacionalidad" y obligaron a aceptar la categoría de la "plurinacionalidad" del Estado ecuatoriano, evidenciaron que durante toda la época republicana, la clase dominante había sido incapaz de articular, formar y consolidar una identidad nacional y una nación. A lo sumo, había logrado desarrollar un aparato estatal y una división geográfica que manifestaba el ejercicio del poder a través del control geográfico de las poblaciones y de los territorios. Por ello, los múltiples reclamos y la manifiesta incomprensión de la propuesta de "plurinacionalidad" que suscitó entre diversos sectores de la sociedad, incluido el presidente de la república de ese entonces, Rodrigo Borja. Para ellos, el Ecuador era uno solo e indivisible. La soberanía, decían, no es negociable. No existe, argumentaron, otra cultura y otra identidad que la "ecuatoriana". Por esta razón apelaban a la asimilación de la población indígena a un proyecto atrasado de modernidad, y aceptaban, como máxima concesión, el mestizaje de la población ecuatoriana. Una década después, la pluriculturalidad y la interculturalidad son ya discursos socialmente aceptados en el Ecuador. Pero ha mediado un profundo y complejo proceso de discusión, debate, controversia, lucha y disputa, tanto al interior del movimiento indígena ecuatoriano, cuanto a nivel de toda la sociedad. Efectivamente, a pesar de que se hayan aceptado en el debate político la inclusión de las categorías de pluriculturalidad, la sociedad ecuatoriana sigue siendo profundamente racista, excluyente y autoritaria.

Es en virtud de ello, que el movimiento indígena ecuatoriano ha ido ampliando el horizonte de sus expectativas políticas. En efecto, no bastaba con incluir en la Constitución Política del Ecuador los derechos colectivos y el reconocimiento a la pluriculturalidad y la interculturalidad, había que ir más lejos. A pesar del reconocimiento de la pluriculturalidad, el ejercicio del poder excluía de hecho a la población indígena de todo el debate político nacional, al mismo tiempo que descargaba sobre sus hombros el peso de la crisis del sistema. Son los pueblos indígenas los más duramente golpeados por la crisis a pesar de que son ellos quienes aseguran la sobrevivencia alimentaria del país. El movimiento indígena comprendió que a las propuestas de pluriculturalidad había que acompañar las propuestas de democratización real y efectiva de la sociedad en los ámbitos políticos y económicos. El reconocimiento de la pluriculturalidad es letra muerta sin una real participación en la conducción política y económica del país.

Algunos acontecimientos fueron conformando una nueva práctica política dentro del movimiento indígena, que rebasaba la visión de las demandas sectoriales y particulares hacia una comprensión más vasta y más comprometida. Aquello puede ser comprobado durante el mes de julio de 1999, cuando el movimiento indígena hizo suyos los pedidos de todo el pueblo y lideró las jornadas de protesta en contra de la imposición de un paquete de ajuste económico.

De esta manera, el movimiento indígena se convierte en referente político y organizativo dentro de un proyecto de resistencia a la imposición del poder. Pero al mismo tiempo, el movimiento indígena entra en un proceso de definiciones internas a través de la búsqueda de una identidad más profunda, que le posibilite un marco de acción histórico más amplio y más al largo plazo. Es el proceso de reconstitución de los pueblos de la nacionalidad quichua.

El concepto de "nacionalidad" que tuvo una importancia estratégica durante los años 80 y 90, se revela insuficiente en el momento de redefinir a los pueblos pertenecientes a la nación quichua. Es necesario, entonces, otorgarle nuevos contenidos y nuevas posibilidades.

El concepto de soberanía que emerge desde el proceso de reconstitución de los pueblos, es un concepto diferente a aquel concepto inherente a la categoría de "nación". Es el proceso de reconstitución de los pueblos el encargado de darle nuevos contenidos a la definición de soberanía, al concepto de Estado, e incluso a los conceptos más particulares y específicos como aquellos de la descentralización, de reforma y reestructura del Estado.

La reconstitución de los pueblos de la nación quichua implica, de una parte un proceso de auto-identificación histórica, redefinición organizativa, y autoconsciencia de los pueblos indígenas, pero, de otra parte, es también el ejercicio de un poder alternativo y diferente. De este proceso deben emerger las definiciones necesarias para estructurar los gobiernos y los cabildos comunitarios. La participación de la comunidad y de las organizaciones son aspectos claves en la discusión y en el debate sobre la reconstitución de los pueblos, porque se trata, en definitiva, de estructurar un nuevo tipo de conciencia y de organización que sean capaces de dar sustento a una nueva propuesta de país y de sociedad.

Es dentro de este proceso de reconstitución de los pueblos de la nación quichua que se plantea la necesidad de crear un nuevo espacio de discusión política y social, los parlamentos indígenas. Concebidos como espacios organizativos en los cuales cuenta la participación democrática de las comunidades, los parlamentos indígenas intentan constituirse como las semillas de una democracia radicalmente diferente a la existente. Una democracia que rebase los aspectos formales del voto y la delegación, para incorporar plenamente a los individuos en la conducción y gestión de su sociedad.