Ť El antimexicanismo, una causa: González Souza
43 mexicanos, condenados a la pena de muerte en EU: SRE
Ť Algunos casos, sin notificar a los consulados: Ruiz y Avila
En Estados Unidos hay oficialmente 43 mexicanos condenados a la pena de muerte; 77 se encuentran en proceso jurisdiccional, con la posibilidad de que se aplique una sentencia en ese sentido. Otras tres personas nacidas en México ya han sido ejecutadas ųtodos en el estado de Texasų y sólo una fue liberada tras demostrarse su inocencia, según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de ONG.
Al respecto, el investigador Luis González Souza consideró que esta situación se inscribe dentro de un "creciente antimexicanismo" en el país vecino, que bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y las políticas migratorias, no hace "sino envenenar" las relaciones bilaterales.
Al participar en la mesa redonda Mexicanos Sentenciados a la Pena de Muerte, González Souza destacó que de los 82 extranjeros condenados a la pena capital en ese país, poco más de la mitad son mexicanos.
Esta situación, aseguró, responde también al discurso de creciente envenenamiento y explosividad de dichas relaciones que, consideró, podrían ser ejemplares tras finalizar la guerra fría; sin embargo, subrayó, para EU a México sólo se le falta el terrorismo para quedar como un enemigo redondo una vez que el comunismo desapareció.
No obstante, cuestionó las autoridad moral que pudiera tener México para condenar la pena de muerte, cuando en el país ha comenzado una oleada a favor de esta medida, y urgió a detener esa situación.
Por su parte, el director general de Derechos Humanos de la SRE, Eleazar Benjamín Ruiz y Avila, dijo que el gobierno mexicano rechaza la pena capital, y que de 1993 a la fecha ha logrado salvar la vida de 125 connacionales que iban a ser ejecutados en EU. Agregó que en los casos de muchos de ellos, los consulados mexicanos en ese país no son notificados por las autoridades locales, como obliga la Convención de Viena sobre relaciones consulares, suscrita por ambos países.
En ese sentido, indicó que el gobierno mexicano pidió en 1997 una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las garantías judiciales mínimas y el proceso en el marco de la pena de muerte contra extranjeros.
La corte ųexplicóų resolvió casi por unanimidad que "la inobservancia del derecho a la información de detenidos extranjeros afecta las garantías del debido proceso legal y, en estas circunstancias, la imposición de la pena de muerte constituye una violación del derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente".
Sostuvo que para el gobierno mexicano la pena de muerte representa "la negación del derecho humano más esencial", y por ello se ha sumado a los esfuerzos internacionales para lograr su abolición.
Dijo que la cancillería, al abogar en favor de los mexicanos sentenciados a muerte o de aquellos que posiblemente sean condenados, no pretende enjuiciar al sistema jurídico de Estados Unidos, ni pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados, sino vigilar que los procesos judiciales se apeguen a Derecho.
Agregó que para ello México cuenta con 42 consulados en Estados Unidos que "están atentos" a proteger a los mexicanos, particularmente, afirmó, a quienes son sentenciados a la pena de muerte.
De acuerdo con cifras proporcionadas por ONG, serían 47 los mexicanos que esperan ser ejecutados, la mayoría en Texas y California, con 18 y 17 casos, respectivamente. En estos dos estados se dejó de notificar de los procesos en 19 casos al consulado mexicano correspondiente.
A su vez, Rocío Culebro, responsable de Amnistía Internacional en México, coincidió con González Souza en que en las condenas a pena de muerte que se aplican en EU, frecuentemente influye no sólo el delito sino la circunstancias étnicas y sociales, así como los recursos económicos o las opiniones políticas de los procesados.
Al rechazar la pena de muerte, Culebro dijo que ésta acarrea el riesgo inherente de errores judiciales que jamás pueden ser reparados. En el caso de EU que, comentó, se considera el "paladín de los derechos humanos", sigue sin cumplir la promesa de hacer que los derechos sean para todos, incluso en su propio territorio.
Recordó que en un estudio internacional realizado por Naciones Unidas en los últimos años se concluyó que "no hay pruebas de que la pena de muerte tenga un poder disuasorio mayor que la reclusión perpetua".
Consideró que en México "se acaricia" la idea de adoptar la pena de muerte ante la "ineficiencia e ineficacia" por investigar y castigar con rigor a los que delinquen.
"La pena de muerte tampoco debe ser aceptada por esta razón. El Estado tiene la obligación de garantizar la justicia, no la venganza", afirmó Culebro. (José Juan de Avila)