Ť En Morelos, 16 secuestros en lo que va del año

Liberados, unos 200 plagiarios debido a procesos irregulares

Ť Los delincuentes excarcelados forman bandas piratas

José Galán, enviado, Cuernavaca, Mor., 30 de noviembre Ť A pesar de que la sociedad morelense logró dejar atrás la negra noche de los secuestros que caracterizaron el paso por el gobierno de Jorge Carrillo Olea, la mala integración de averiguaciones previas, el contubernio con malos elementos del Poder Judicial local, y acceso a grandes cantidades de dinero, ha permitido a casi la mitad de los plagiarios arrestados y consignados, durante cinco años, dejar la cárcel y regresar a sus ilícitas actividades.

De acuerdo con estadísticas oficiales, de 1994 a 1998 fueron consignados ante jueces del fuero común 480 miembros de distintas bandas de secuestradores, pero cerca de 200 de ellos ya abandonaron la prisión, debido a errores en la integración de las averiguaciones previas, la falta sustentable de pruebas para proceder en su contra, y al trabajo eficaz de abogados defensores.

A pesar de que los secuestros han disminuido "dramáticamente" respecto del gobierno anterior, como lo señala Cesáreo Carvajal Guajardo, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano de esta ciudad, tan sólo en lo que va de 1999 han ocurrido 16 plagios denunciados ante las autoridades, y que han dejado como resultado tres rehenes ejecutados, sin contar el último hallazgo, el cuerpo sin vida de la empresaria Yolanda Maestre Romo, que apareció en la cueva de Oateyehualco, municipio de Tepoztlán, Morelos.

Y es que gran parte de los delincuentes "liberados" decidieron integrar células piratas de grandes bandas desmembradas por las autoridades en los últimos dos años, como la de Daniel Arizmendi; la banda de La Víbora, Benito Vivas Urzúa, y cuyos integrantes resultaron ser "satánicos", según policías locales, y de presuntos militares miembros de la pandilla de El Rojo, detectados por autoridades morelenses como responsables de algunos de los más recientes secuestros.

Estos malhechores mantienen fuertes vínculos de protección y de negocios con miembros de los cuerpos policiacos desde la época en que el procurador de Justicia de la entidad, durante la administración de Carrillo Olea, José Castillo Pombo ųahora precandidato del PRI a la gubernatura del estadoų fue acusado de proteger a las bandas de secuestradores.

A su salida, por cierto, fueron despedidos 96 agentes de la Policía Judicial como responsables de vender protección o de participar activamente en lo que se conoció en su momento como "la industria del secuestro", así como otros 60 agentes del tristemente célebre Grupo Antisecuestros, manejado por el comandante Armando Martínez Salgado, detenido el 28 de enero de 1998 en Iguala, Guerrero, cuando se disponía a sembrar el cadáver de Jorge Nava Avilés, El Moles, presunto plagiario, quien fue torturado y muerto.

"Ahora los secuestros han disminuido, pero seguimos en la tarea no sólo de otorgar capacitación a los elementos ųactualmente el FBI brinda un seminario sobre secuestros y negociación de rehenes en esta ciudadų, sino también de depurar a cualquier mal policía". Sin embargo, la presencia, mínima pero constante, de esos delitos denunciados ante las autoridades, no deja lugar a dudas sobre la verdadera inquietud de las autoridades locales.

De allí la necesidad de establecer un convenio de colaboración con la embajada de Estados Unidos, para lograr que un instructor de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Raúl G. Salinas, tejano de origen mexicano, realice un curso de cinco días para unos 200 policías de seis estados del país, además de representantes de la Policía Judicial Federal y de la Policía Federal Preventiva, así como del Distrito Federal y Morelos, sobre técnicas antisecuestro y negociación de rehenes, incluidos los aspectos jurídicos del caso.

"A todos los involucrados en la lucha contra la delincuencia nos preocupa la falta de eficacia y puntualidad en la integración de las averiguaciones previas, de las acusaciones de hechos reales mal fundamentadas, que permiten la libertad de delincuentes", dijo Carvajal Guajardo. "De allí la necesidad de que la capacitación incluya a agentes del Ministerio Público como agentes de la Policía Judicial".