Orlando Delgado
Los pagarés Fobaproa-IPAB y el Distrito Federal
Desde que comenzó la discusión sobre el ''rescate bancario'', uno de los temas que se escondieron fue el rendimiento de los pagarés que el Fobaproa entregó a los bancos; como se sabe, estos instrumentos amparaban operaciones de distinto tipo: compras de cartera, apoyos para capitalización, así como las intervenciones. En casi todos estos casos, las contribuciones del gobierno no se operaron con recursos frescos, sino a través de un pagaré a 10 años, con intereses capitalizables trimestralmente y a tasas de Cetes a 91 días, más un spread de entre uno y tres puntos, pero que en tiempo de vida del papel resultaría en promedio un punto; por la naturaleza del papel y del emisor, una característica importante es que no puede ser reportable, es decir, no puede comprarse y venderse en el mercado secundario de dinero.
Durante los meses en que se debatía la conversión de estos pagarés en deuda pública, se argumentaba que los costos estaban aumentando porque el Congreso demoraba la decisión; se llegó a decir que, incluso, la discusión había incrementado el saldo total de los pasivos de Fobaproa. La realidad ha sido contundente: el monto de los recursos fiscales que tendrán que destinarse para el pago del valor actualizado de los pagarés sigue creciendo: el último dato oficial informado por el secretario ejecutivo del IPAB, con cifras al cierre del primer semestre de 1999, fue de 873 mil 100 millones de pesos. Con la incorporación de los intereses que se han generado en cinco meses, calculados a la tasa actual de los Cetes a 91 días (18.56 por ciento) más 1.5 puntos porcentuales, el saldo llega a 946 mil 71 millones de pesos; a este saldo deben agregarse los ''rescates'' de Serfin y Bancrecer, por casi 145 mil millones.
El cálculo del componente real de los intereses de este enorme saldo aparece en el presupuesto de egresos de la Federación, en el que se propone destinar 35 mil millones de pesos, más las ventas de los activos por alrededor de 15 mil millones, junto con las cuotas al IPAB, alcanzan 54.5 mil millones de pesos. Esta cantidad pagará solamente el componente real de los intereses, es decir, la parte de la tasa de interés que resulte por encima de la inflación; como se sabe, se propone que la meta de inflación en el 2000 sea de 10 por ciento, de modo que el componente real sería de cinco puntos porcentuales.
Destinar recursos presupuestales por 35 mil millones, adicionales a las probables ventas y las cuotas, no paga los intereses de los pagarés, sólo paga la tercera parte de estos intereses. Así las cosas, al finalizar el año 2000, el saldo del Fobaproa-IPAB llegará a un billón 91 mil millones de pesos; a este monto habrá que agregar los ''rescates'' anunciados de Promex y Atlántico y los no anunciados de Inverlat y Bital.
Se dedicarán casi cuatro veces más recursos fiscales a los bancos, que los que el gobierno de la ciudad solicita como techo de endeudamiento neto, para realizar obras importantes para los habitantes de esta ciudad, de los estados vecinos y de cualquiera que nos visite, sin que el saldo nominal del ''rescate bancario'' disminuya. Para el gobierno y el PRI, merecen más los banqueros que casi 10 millones de habitantes; sus prioridades están, como siempre, muy claras.