Orlando Delgado
El Banco Mundial y los pobres
EN LA APERTURA FORMAL de la reunión anual del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), J. Wolfensohn, presidente del BM, señaló que ''los malos gobiernos, con falta de transparencia, corrupción y crimen, son el principal impedimento para el desarrollo y la reducción de la pobreza'' y agregó: ''la corrupción es un tema central de la pobreza, es robar a los pobres lo poco que tienen''. De hecho, la preocupación sobre el crecimiento de la pobreza en el mundo se ha venido planteando en una serie de opiniones del BM, en donde se ha aceptado que el cre-cimiento económico no sólo no genera una mejora en la distribución del ingreso, sino que aumenta la desigualdad.
Estos juicios, inclusive, han establecido que México es un ejemplo de crecimiento con incremento de la pobreza; la información que se entrega en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999-2000: Entrando al siglo XXI, reconoce que 40 por ciento de la población mexicana está por debajo de la línea de pobreza. La propuesta del BM es, consecuentemente, apoyar financieramente desde el gobierno la suficiencia de servicios básicos.
A partir de estos reconocimientos, las dos instituciones que se han ganado fama internacional por su papel en la implantación de las reformas neoliberales en los diferentes mercados y sectores, proponen a los gobiernos de los 182 países miembros ''fortalecer su sistema financiero y dar prioridad a la lucha contra la pobreza''. Con fuerza, advierten sobre la necesidad de ''humanizar la globalización'', urgiendo a trabajar colectivamente, ya que ''el año próximo simplemente puede ser demasiado tarde''. Wolfensohn fue todavía más lejos, al reconocer que la comunidad internacional está perdiendo la batalla para reducir la pobreza, lo que obliga a asignar a esta lucha ''la prioridad absoluta e incorporar a los gobiernos y todos los sectores de la sociedad''.
El señalamiento de ambas instituciones establece la necesidad de acompañar lo ''estructural y lo social con lo macroeconómico y lo financiero''. Este planteamiento requiere, como lo señalan ellos mismos, una nueva arquitectura internacional para el desarrollo, en la que la arquitectura financiera sea funcional a las acciones para combatir eficazmente a la pobreza.
El discurso es contundente y lo razonable sería que el flujo de recursos de estos organismos hacia los países pobres, entre ellos México, se destinara a la lucha contra la pobreza. Sin embargo, apenas unos días antes, el BM anunció apoyos para continuar con los programas de asistencia social y combate a la pobreza, pero los condicionó a ''que comience a ser cubierto con recursos públicos el costo del rescate bancario''; Guillermo Perry, funcionario de este organismo, señaló que ''los programas sociales del gobierno mexicano no se verán afectados por la canalización de recursos para comenzar a cubrir el costo del rescate financiero'', cuyo monto será de por lo menos 4 mil millones de dólares. Además, el 25 de septiembre se informa desde Washington que el BM ofrece a nuestro país un paquete de créditos cuyo propósito será modernizar la infraestructura legal del sistema financiero.
El discurso de Wolfensohn y de Stiglitz, que propone combatir a la pobreza, se convierte a la hora de la verdad en palabras huecas, exactamente como aquello del bienestar para la familia. No solamente ofrecen recursos para combatir ciertos aspectos sociales, condicionados a que el Congreso, casualmente hoy dominado por la oposición, acepte pagar el costo del rescate no de los bancos, sino de la política de liberalización financiera que, como señalamos la semana pasada, permite que las instituciones bancarias puedan funcionar sin otorgar crédito, sino que además destina recursos a fines alejados del combate a la pobreza extrema, como es la modernización de la infraestructura legal básica del país y, en el colmo del descaro, lo condicionan a que el Congreso apruebe la Ley para la Ejecución de Garantías de Depósitos.
De esta manera, queda evidenciada la verdadera cara de la propuesta: si quieren contar con recursos del Banco Mundial, empiecen a pagar los pasivos de Fobaproa; en caso de que el Congreso vote contra la incorporación de esos pagos en el presupuesto, no habrá recursos para los programas de asistencia social. Pero no sólo esto, también demandan reformar el marco legal del sistema bancario, promulgando la Ley de Garantías y reformando la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, cuyos beneficios serán ''mejorar la infraestructura legal para apoyar la liberalización y reducir los riesgos para la operación del sistema bancario''.
Así las cosas, es prioritario y urgente combatir la pobreza, pero antes se requiere empezar a pagar los adeudos del Fobaproa. Hay que atender a los pobres, una vez cubiertos los primeros pagos que deberá realizar el IPAB y, después, si queda algo, dediquémoslo a la lucha contra la pobreza. Las prioridades son claras: primero los pobres... banqueros.