El Congreso Agrario Permanente (CAP) cumple este año sus diez años de vida. ƑHa cumplido sus objetivos? ƑJustifica su existencia? Algunos analistas y dirigentes sociales y políticos consideran que su ciclo ha terminado, y que debe morir o transformarse a fondo. Otros mantienen la idea de "su utilidad", de que no su crisis o depresión no es más que el reflejo de los innumerables y complejos procesos de cambio que en los últimos tiempos ha vivido la sociedad mexicana, y de que sólo basta ampliar su membrecía y renovar sus estructuras de mando. ƑSerá?
El Congreso Agrario Permanente (CAP), a diez años de su formación, mantiene aún y sin haber resuelto las demandas que le dieron origen: tierra, financiamiento, fomento a la producción y ser una instancia de interlocución de los campesinos ante las autoridades. En este tiempo, varias de las organizaciones que forman parte de él se dividieron cuando las dirigencias avalaron las reformas al artículo 27 constitucional y no fueron tomadas en cuenta por el gobierno en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC).
Constituido con agrupaciones de distintas filiaciones políticas y representatividad en el campo, durante esta década enfrentaron retos fundamentales con la nueva ley agraria y con los cambios en la política agropecuaria que establecieron el retiro de los precios de garantía, subsidios y apoyos.
Ahora, a fin de milenio y con una gran pobreza en el campo, el CAP está ante la disyuntiva de renovarse, Ƒo tal vez morir? En opinión de su actual coordinador, Juan Leyva, "parecen pocos (los avances) ante los grandes problemas que enfrenta el agro".
Para algunos de los dirigentes de las diez organizaciones integradas en el CAP, se requiere que ingresen nuevas organizaciones, modificar el periodo de permanencia de los coordinadores ųque es de cuatro mesesų para que dé posibilidad de hacer un trabajo de mediano plazo, y recuperar la interlocución real con el gobierno, además de establecer una clara política en defensa del ejido.
La historia
En enero de 1989, la Confederación Nacional Campesina (CNC), dirigida por Maximiliano Silerio Esparza, convocó a la constitución del CAP, a instancias del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y se incorporaron, además de esa organización, la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA); la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); la Confederación Agrarista Mexicana (CAM); la Central Campesina Cardenista (CCC); la Central Campesina Independiente (CCI); la Comisión Organizadora de la Unidad Campesina (CODUC); el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos (MNCP); la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP); la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
Los objetivos bajo los cuales se constituyó el CAP, según su Acuerdo de Acción Unitaria, eran unir las fuerzas campesinas bajo un frente de lucha común que promoviera la solución de los problemas nacionales agrarios; instituir un foro campesino de expresión nacional para el análisis, la discusión y elaboración de propuestas comunes en política agropecuaria de desarrollo rural y ser un órgano autónomo.
En la convocatoria para su conformación se destacó el planteamiento de la existencia de "profundos desequilibrios y rezagos en el agro mexicano, que se han agudizado por la severa crisis económica del país; una deficiente relación entre los productores y las instituciones que operan en el agro y la resistencia que oponen a las transformaciones sociales grupos contrarios a los intereses de los campesinos".
Decían estar en "pie de lucha" para reclamar solución a los problemas agrarios no resueltos, y afirmaban que tales problemas eran causa frecuente de antagonismos y conflictos, provocando inestabilidad política y manteniéndose como amenaza latente para la convivencia pacífica entre los mexicanos".
En ese momento consideraban urgente atender la demanda de los campesinos sin tierra, y mantener una política de fijación de los precios de garantía que "se ajusten con realismo a la estructura de costos de la producción agropecuaria y a las necesidades sociales de las familias campesinas". Asimismo, demandaban el establecimiento organizado de canales de comercialización "que liberen al campesino del intermediarismo de acaparadores y encarecedores de los productos básicos".
El CAP fue constituido formalmente el 26 de mayo de 1989 y el gobierno se abrió así el camino para la reforma estructural del agro que impulso dos años después con los cambios al artículo 27 constitucional. El financiamiento para mantener su infraestructura lo obtuvo y aún lo mantiene, de las Secretarías de la Reforma Agraria y de Agricultura.
Salinas de Gortari propuso la creación del CAP, como un símil del Congreso del Trabajo ųdonde están agrupadas las distintas organizaciones obrerasų para tener un organismo plural, lo cual le resultaba adecuado porque la CNC era hasta entonces el único interlocutor con que contaba en el agro; el gobierno ampliaba así este espectro, explica Ana de Ita del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM).
Motivo de rupturas
El 7 de noviembre de 1991, el ejecutivo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas al artículo 27, con el que básicamente pretendía dar por terminado el reparto agrario ųuna de las principales demandas de las organizaciones -, crear condiciones para la privatización de la propiedad social, su incorporación a las dinámicas del mercado, la creación de sociedades mercantiles y las agroasociaciones.
Al conocer el documento, organizaciones del CAP y otras independientes comenzaron a reaccionar en contra, por lo que Salinas de Gortari se reunió con las dirigencias de las agrupaciones para que apoyaran sus reformas. Como fórmula de chantaje y cooptación, Salinas impulsó el programa denominado "Diez puntos para la libertad y justicia en el campo mexicano", con el cual les ofreció mayores recursos inmediatos para programas productivos y de infraestructura, elevar en 20 por ciento el presupuesto del sector, así como créditos frescos, agrega en entrevista Ana de Ita.
Estas organizaciones proponen modificaciones a esa iniciativa y establecen candados, sobre todo para evitar la creación de latifundios a través de las sociedades mercantiles o las asociaciones. No hubo acuerdo de las organizaciones en gran parte de los puntos de la ley y el CAP presentó propuestas en los artículos que internamente lograron consensar, explica por su parte Juan Leyva.
Pocos días después, Salinas los llamó a firmar el Manifiesto Campesino, con el cual las organizaciones avalan la ley que, finalmente fue aprobada en febrero de 1992. Sin embargo, las manifestaciones en contra de esa legislación se sucedieron en todo el periodo previo a su aprobación, agrega Ana de Ita
Al interior de las organizaciones campesinas, indica, "se comenzaron a presentar divisiones entre los dirigentes y entre éstos y sus bases, las cuales en general estaban en contra de la nueva ley". El Movimiento de los 400 Pueblos de César del Angel fue en ese momento la única organización que optó por dejar la cúpula campesina al considerar que el CAP había perdido capacidad de interlocución con el campo.
La UGOCP se dividió en "la roja" y la de Margarito Montes; la UNORCA también se fragmentó y, en diciembre de 1991, cuando firmaron el Manifiesto Campesino, no todos los dirigentes de las organizaciones lo signan y algunos salen de la reunión donde estaba Carlos Salinas. Después, explica, las bases reclamaron a sus dirigentes el haber avalado esa ley.
En 1992, agrega Ana de Ita, el gobierno promovió el denominado Nuevo Movimiento Campesino, pero en una de las reuniones, donde también estaba Salinas, los productores de la UNORCA reclamaron la situación en que se había colocado al campo y este proyecto se dejo de lado.
Posteriormente se llevaron a cabo las negociaciones del TLC, donde las organizaciones no tuvieron participación ni fueron tomadas en cuenta, agrega en entrevista por separado Leyva, y dice que en esta situación no sólo estaba el CAP, sino también el sector privado con el Congreso Nacional Agropecuario y otras agrupaciones.Para el dirigente de la UNTA, Álvaro López, el CAP ha sufrido un desgaste natural, además que "se creó con el estigma de que era un organismo para favorecer las reformas del sexenio pasado y esas mismas reformas llevaron a un debate que fracturó las agrupaciones y por consiguiente las debilitó".
Todo ello, agrega, ha llevado a una coyuntura en la que se tiene que ver si el CAP es útil o no, "las organizaciones hemos llegado a la conclusión de que debe seguir existiendo como un espacio de interlocución ante el gobierno".
Futuro del CAP
Para dos de los más recientes coordinadores del CAP, Juan Leyva y Álvaro López, esta agrupación tiene aún su razón de ser, pero requiere renovarse. Para Juan Leyva, dirigente de Alcano, existe el consenso generalizado de las organizaciones que constituyen el CAP de que se debe dar una actualización del pacto político hacia el exterior así como la revisión de los estatutos y del programa de acción, sobre los cuales en esta década no se ha dado ningún cambio sustancial. El CAP, asume, ha sido parte importante en los últimos 4 o 5 años ya que participó en la definición de la Alianza para el Campo ųque se ha constituido en el eje de la actual política agropecuariaų, del Procampo y del programa de descuentos a la cartera agropecuaria. Señala que el finiquito del rezago agrario también fue negociación del CAP y ahora se buscan programas productivos con organizaciones. "A lo mejor debiéramos haber hecho más, quizá la situación del campo es mucho más grave que los avances que se han dado y las negociaciones no han sido suficientes para que el campo se capitalice".Por esto, agrega, es que queremos después de estos años revisar todos estos aspectos y llegar a un acuerdo. Precisa que lo más importante es un acuerdo político entre las organizaciones y el consenso que entre éstas debe haber. Considera que el valor del CAP es lograr esos acuerdos, ya que algunas organizaciones simpatizan con el PRD y otras con el PRI, lo cual podría dificultar la acción, pero las demandas en el agro son comunes.
Agrega que en este momento han emergido nuevas fuerzas políticas que tienen la posibilidad de llegar a la presidencia de la República y muchas de ellas no coinciden con el ejido ni la propiedad social, pero que frente a ello el CAP mantiene como objetivo la defensa del ejido.
Resalta que a siete años de las reformas del 27 constitucional, "las expectativas no han sido las que teníamos en el campo, esperábamos un cambio, y lo que se ha dado es la pulverización, se legalizó la venta de la tierra y el 80 por ciento de esas negociaciones son ilegales y no están apegadas a la ley".
Esas ventas no se han dado a partir de los candados que se pusieron en la ley agraria; por esto, reitera, uno de los principales temas que se tienen en este momento es la defensa del ejido y "esto va muy pegado a la política agropecuaria dentro del campo, porque tampoco se puede obligar a un ejidatario a que siembre su tierra, si su márgen de utilidades por sembrar es más reducida que lo que va a recibir por arrendar renta".
Destaca que esa defensa del ejido debe ir acompañada de programas productivos y de programas de la política agropecuaria, de crédito y financiamiento, para que los instrumentos lleguen a la gente, y además se deben flexibilizar las normas de Alianza para el Campo para que participen más productores y sobre todo el sector social sea el beneficiado.
Explica Leyva también que las organizaciones que aún participan en el CAP son de dos tipos: por un lado, agrega, están las que desde hace veinte años o antes, han logrado entrar en el medio rural con programas y proyectos productivos, y por otro están las que en su eje de acción mantuvieron por largo tiempo la demanda de tierra.
Después de esas reformas y de que se da por terminado el rezago agrario, muchas organizaciones tuvieron una baja debido a que ya no pudieron cumplir con las expectativas de los grupos y es hasta ahora cuando entran al terreno de proyectos y programas productivos. El reto para ellas es establecer ahora este tipo de demandas y buscar, sobre todo, la generación de empleo que es una demanda fundamental del sector rural, indica. Sin embargo, destaca, no se tiene el avance que se quisiera "decir lo contrario sería engañar". López Ríos, dice por su parte que las organizaciones están muy distantes de alcanzar los objetivos de libertad, justicia y de modernización que impulsó el gobierno pasado para justificar las reformas. Por un lado no se lograron esos objetivos porque la aparente recuperación económica del país y su entrada al primer mundo fincó un castillo de arena que se rompió en diciembre de 1994, señala.
Por otro lado, añade, el CAP como organismo cúpula y como instancia de interlocución con el gobierno no ha logrado mantener una línea constante. Esto tiene que ver con que todas las cosas que haga deben partir de un consens,o ya que de lo contrario no se puede avanzar (y además hay cambio de coordinador cada cuatro meses lo que presenta altibajos en la actividad).
Considera que el CAP debe cambiar para tener una coordinación que permanezca al menos seis meses, contar con mayor movilidad y presencia frente a la sociedad y las organizaciones que la integran, además de abrirse a otras organizaciones que han solicitado participar. Me parece, agrega, que desde la fundación del CAP nos percatamos que había diferencias en el tamaño de las organizaciones, pero decidimos convertirnos en un organismo interlocutor de las centrales que asumimos esa función, de crearlo sin tomar en cuenta el tamaño de cada una de ellas.
Estamos, considera, frente a un movimiento campesino disminuido, pero esto no esta en función de que se deba por la pertenencia al CAP, "creo que hay reacomodos naturales en el seno de una sociedad mas participativa, más informada, donde también tiene que ver las fuerzas políticas y sociales de México".
Ahora, destaca, el movimiento campesino de cara al nuevo milenio esta frente a la responsabilidad de construir y de transitar por vías que se planteen como objetivo la construcción, a evitar la dispersión y atomización como parece ser uno de los intereses del gobierno.
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