La paraestatal, objeto de corrupción, mermada en los últimos 18 años
Roberto González Amador Ť Mermada en sus funciones por las tres últimas administraciones federales, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) dejó de cumplir el mandato que le dio origen como una entidad pública elemental de la política del Estado encargada de distribuir productos básicos de bajo costo a la población de menores recursos económicos.
A 61 años de su fundación, ocurrida en 1937 con el nombre de Comité Regulador del Mercado de Trigo, la Conasupo está ahora en la mira del gobierno federal, que con el argumento de eliminar ``los perniciosos subsidios'' pretende desaparecer de un golpe al organismo, víctima en la última década del adelgazamiento de su estructura y de la corrupción de algunos de sus directivos.
Mientras funcionarios del gobierno, empresarios y algunos representantes del Partido Acción Nacional han emprendido una campaña para criticar que cada año sea destinado un subsidio por casi ocho mil millones de pesos al consumo de maíz y frijol, dos de las tareas que ahora cumple Conasupo, el gobierno planea para 1999 destinar recursos públicos por cerca de 50 mil millones de pesos para financiar el pago de intereses de la deuda asumida durante el proceso de rescate bancario.
``La estrategia del gobierno, apoyada por Acción Nacional y los representantes de las cúpulas empresariales, de cancelar todos los subsidios a los sectores mayoritarios de la población es contraria a los derechos sociales del pueblo de México y pretende beneficiar a las grandes transnacionales y consorcios mexicanos comercializadores de granos'', sostiene Jorge Calderón, senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El legislador considera ``inaceptable'' que exista la pretensión del PRI y el PAN de otorgar en 1999 un subsidio a los banqueros por casi 50 mil millones de pesos como intereses y amortización de los pagarés emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el organismo que instrumentó el rescate bancario, ``y al mismo tiempo desde el gobierno y su círculo afín se plantee eliminar un subsidio muy modesto que reciben las clases populares a través de la compra de tortilla y la comercialización de maíz''.
Jorge Calderón acepta que en la Conasupo existe corrupción, pero esa práctica debe ser castigada y no servir de pretexto ``para cancelar la política social del gobierno de la República''.
El gobierno federal planteó el jueves, a través del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Santiago Levy, que el subsidio a la tortilla --que es de alrededor de seis mil millones de pesos al año-- sería retirado en un cien por ciento. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los organismos más influyentes del sector privado, propuso ayer la desaparición de la Conasupo.
Para Julio Bolvitnik, investigador de El Colegio de México y especialista en temas de pobreza y distribución del ingreso, la eventual desaparición de la Conasupo dejaría libre el mercado de productos básicos al juego de la especulación. ``La liberación de precios de la tortilla y frijol resultante de una eliminación del subsidio gubernamental sería desastrosa'', considera.
El especialista apunta: ``Conasupo es un organismo mermado, ya no cumple su función original, que era garantizar abasto a precios accesibles. Pero si desaparece, los consumidores quedarían en manos del mercado y enfrentarían el riesgo de fluctuaciones de precios. El gobierno ya no tendría un instrumento para intervenir en el mercado e impedir alzas brutales en el precio de algunos artículos básicos como el maíz''.
Para Julio Bolvitnik, el problema de la desaparición de Conasupo entraña graves riesgos. ``Las hambrunas se generan cuando hay escasez de algún producto y la población que no cuenta con ingreso suficiente ya no puede comprarlos. Esa escasez puede ser artificial, impulsada por una especulación, por eso es importante el papel de regulación del mercado que tiene Conasupo. En México no ha habido hambrunas porque había un mecanismo regulador que mantenía estables los precios de productos básicos''.
La estructura de Conasupo, que el próximo año será reducida a su mínima expresión con el cierre de 19 de sus 32 delegaciones en el interior del país, comenzó a ser ``achicada'', cuando el director de la paraestatal era Ignacio Ovalle y el gobierno decidió desincorporar las empresas filiales Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa), Industrias Conasupo (Iconsa) e Impulsora del Pequeño Comercio (Impecsa) --que surtía abarrotes a pequeños comercios.
El proceso continuó a lo largo de la administración del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, hasta profundizarse en el actual gobierno. En diciembre de 1994, la administración federal decidió transferir las filiales Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) y Distribuidora Conasupo (Diconsa) al ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social y, en este año, concluyó la venta a los empresarios agrícolas de los mil 363 centros de acopio que integraban la filial Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa).
Aunque la corrupción de funcionarios de Conasupo ha sido denunciada continuamente por la oposición y por especialistas, investigaciones legislativas han demostrado algunos casos concretos, como la importación de leche radiactiva y maíz contaminado realizados durante el paso de Raúl Salinas de Gortari por la paraestatal, en donde ocupó, de 1982 a 1986, la gerencia general de Diconsa, y de 1987 a 1989 la dirección general de esa misma filial.
``Existe corrupción en Conasupo. En pleno salinato exigimos combatir esa práctica. Pero la existencia de corrupción no debe ser un pretexto para eliminar Conasupo'', reitera el senador Calderón.
La desaparición de la paraestatal, señala, constituiría un éxito para los sectores empresariales que han pedido que desaparezca esa empresa, que fue un medio para crear una red de tiendas populares que constituían un sistema de abasto fuera de los circuitos comerciales. De hecho, el encarecimiento de básicos en algunas regiones del país está directamente vinculado a la reducción gradual del abasto a bajo precio que Conasupo realizaba, indica.
Un funcionario de Conasupo, que habló con este diario a condición de no ser citado, comenta sobre una de las funciones esenciales que realiza la empresa como regulador del comercio para evitar el encarecimiento en el precio de los productos básicos como maíz y frijol.
Recordó que a principios de este año hubo un movimiento de especulación por parte de algunos almacenadores de frijol, que pretendieron llevar el precio del grano a 16 pesos por kilogramo. ``Conasupo empleó sus reservas estratégicas de frijol --también las tiene de maíz-- para regular el mercado y con eso evitó el encarecimiento artificial del producto''. Ahora, ``¿qué pasará cuando la empresa ya no exista para realizar esa función esencial de regulación del mercado?''.