Con el voto favorable del oficialismo y la oposición del bloque de derechas, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Amparo que busca acotar la arbitrariedad y los abusos del Poder Judicial al conceder dicha protección a particulares. Hasta el cierre de esta edición no se habían votado los cambios a la Ley de Amnistía, avalados un día antes en comisiones de San Lázaro, pero se descuenta que tendrá un trámite semejante.
Ambas iniciativas responden a la necesidad de acotar la dictadura de los togados que hoy por hoy es el mayor obstáculo al desarrollo nacional y al anhelo de justicia de la sociedad. Con las modificaciones a la Ley de Amparo, se podrá mitigar el abuso del amparo por parte de poderosos grupos políticos y empresariales que recurren a esta figura para evadir impuestos, mantener impunes sus violaciones a derechos laborales y ambientales, sabotear obras públicas y programas de gobierno, así como para perpetuar privilegios ilegales (como los salarios inconstitucionales que se siguen otorgando a sí mismos ministros de la Suprema Corte, jueces, magistrados y la burocracia dorada de los organismos falsamente autónomos). Con ello, se cortará también una de las principales fuentes de podredumbre en la judicatura, que es justamente el tráfico de influencias generado en torno a la concesión injustificada de suspensiones legales.
Por su parte, la nueva Ley de Amnistía dotará al Ejecutivo de una herramienta para agilizar indagatorias paralizadas y destrabar casos empantanados en fiscalías y tribunales. Al contar con la facultad de indultar a personas imputadas que cuenten con información comprobable y fidedigna sobre asuntos de relevancia nacional (el primero que acude a la mente es, por supuesto, el de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014), el gobierno federal podrá coadyuvar en el esclarecimiento de sucesos que se han mantenido en las sombras por demasiado tiempo.
Sin embargo, como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, existe la posibilidad de que los togados porfíen en su sistemática interferencia en la función legislativa y anulen los cambios aprobados por los representantes populares. Tal escenario confirma la urgencia de reformar a la judicatura misma para evitar que la facción mafiosa que controla el Poder Judicial sabotee estas iniciativas, como ha hecho con tantos cambios legales promovidos en pro del país: en la medida en que esa rama del Estado continúe capturada por un grupo de togados corrompidos, desdeñosos de la voluntad popular y marcados por sus conflictos de intereses, será imposible concretar los profundos cambios que México requiere para cumplir a cabalidad los derechos de sus ciudadanos.
