Juliaca. Miles de peruanos salieron este martes con coronas fúnebres y banderas negras por las calles de una región de los Andes, cercana a Bolivia, para exigir justicia tras la muerte a tiros de 18 personas hace un año durante las protestas que pedían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los 130 legisladores tras la detención del depuesto mandatario Pedro Castillo.
Los manifestantes quemaron una muñeca gigante construida con cañas, que llevaba colgada del pecho la banda presidencial de Perú, vestía uniforme militar, botas y cargaba un fusil. La muñeca de cabellos de tela se redujo a cenizas en la plaza principal de la ciudad de Juliaca, ubicada en la región Puno, eje comercial del sur peruano y epicentro de la mayor violencia contra civiles en las pasadas protestas.
Poco antes, junto a un puente, los manifestantes colgaron 18 retratos en blanco y negro de los fallecidos junto a una frase que decía “Si Puno no es el Perú como dice la presidenta, entonces nosotros, ¿qué somos?”.
La frase recordaba una declaración de la mandataria días después de las 18 muertes, ocurridas el 9 de enero de 2023, cuando ella dijo a la prensa internacional: “tenemos que proteger la tranquilidad de los 33 millones de peruanos, Puno no es el Perú”.
Los manifestantes también llevaron en los lomos de cinco burros unas banderolas que tenían los retratos de la mandataria junto a la frase “Dina asesina”, así como de los cinco congresistas que representan a la región Puno acompañados del adjetivo “traidor”.
El Parlamento y la presidenta son altamente impopulares en Perú, según las encuestas.
Raúl Samillán, hermano de uno de los fallecidos y presidente de una asociación que los agrupa, dijo que quienes salieron a protestar hace un año recibieron como respuesta del Estado “charcos de sangre”.
Más de 100 mujeres vestían estrictamente de negro, incluidos sus sombreros, zapatos y ganchos del cabello. Las mujeres de negro llegaron desde Yunguyo, un pueblo rural a las orillas del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y del cual, según antiguas leyendas, salieron los fundadores del imperio de los Incas.
Los manifestantes protestaban en tres idiomas: español, quechua y aymara, también cantaban canciones de carnaval que decían “esta democracia, ya no es democracia, Dina asesina, el pueblo te repudia”.
Samillán, un profesor de escuela rural, dijo antes en una conferencia con medios locales que de los más de 252 heridos en las protestas de la región Puno reportados por el Ministerio de Salud, el gobierno sólo ha entregado apoyo económico a 47 heridos.
Entre los heridos se encuentra Alex Mamani, de 34 años, quien recibió un disparo que le destrozó la mandíbula que ha sido parcialmente reconstruida tras dos operaciones. Mamani le dijo en diciembre a The Associated Press que ahora no logra masticar, sólo ingiere alimentos licuados y no puede hablar correctamente.
Otro de los heridos es Diego Quispe, quien tras un año sigue con más de 40 perdigones en el brazo izquierdo. Baylón Quispe, de 11 años, también fue herido en el tobillo izquierdo el día de la violencia y el niño le dijo a la AP por teléfono que cojea porque su tobillo le duele y no puede jugar al fútbol en el pueblo minero donde ahora vive, La Rinconada, ubicado a más de 5.100 metros de altitud.
La presidenta Boluarte no ha realizado ninguna declaración sobre el tema durante la jornada. El primer ministro Alberto Otárola tampoco. Otárola dijo hace más de una semana a la radio local RPP “no vamos a aceptar la atribución de esas muertes”, en referencia a los 49 fallecidos durante las protestas que empezaron en diciembre de 2022 y culminaron en marzo de 2023.
En noviembre la fiscalía denunció ante el Parlamento a Boluarte para que al finalizar su gestión pueda ser procesada por los jueces por homicidio calificado. Según la denuncia, a la que AP tuvo acceso, se indica que Boluarte habría “omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos” por parte de las fuerzas de seguridad “sobre quienes tenía una posición de dominio como jefa suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional".
Boluarte sucedió al presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso destituyó a Castillo y después de que éste intentó disolver el Parlamento sin apoyo de las fuerzas de seguridad. Ese mismo día Castillo fue enviado a una cárcel para expresidentes y hasta ahora continúa detenido mientras es investigado por presunta corrupción y rebelión.
