Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presentó ayer el segundo informe de labores de esa instancia. Fue una exposición contundente, rigurosa, dolorosa y exasperante, pero, al mismo tiempo, esperanzadora.

No hay atenuación posible, ciertamente, ante la devastadora ausencia de indicios de que los 43 estudiantes normalistas que sufrieron desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014 se encuentren con vida ni ante la confirmación de que han sido identificados restos de tres de los muchachos: Christian Alonso Rodríguez Telumbre, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio. Duelen, asimismo, la frialdad y la falta de humanidad con que actuaron los verdugos esa noche nefasta y el desamparo absoluto en el que estuvieron esos jóvenes, quienes se encontraban en formación para convertirse en maestros.

Por otra parte, resulta desolador e indignante constatar, con los elementos de prueba a la vista, el estado de pudrición que hizo posible que en la atrocidad y los ulteriores intentos de ocultamiento intervinieran en diversos grados –desde la participación directa hasta el encubrimiento, desde la omisión hasta la ulterior falsificación de la verdad– autoridades civiles de todos los niveles de gobierno, desde los entonces titulares del Ejecutivo federal y de la extinta Procuraduría General de la República hasta policías municipales y estatales, pasando por funcionarios locales y municipales y casi 40 integrantes de las fuerzas armadas.

En este segundo informe de la Covaj resalta un elemento adicional que mueve a la indignación: el papel del Poder Judicial en el encubrimiento y la obstrucción de la justicia. El caso más escandaloso es, sin duda, la orden de destruir los videos de las cámaras que estaban instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala y que grabaron momentos críticos del trágico episodio, con lo que se eliminaron elementos fundamentales para el esclarecimiento, pero hay fallas igualmente reprobables, como, entre muchas otras, la dispersión de los juicios, el que se haya liberado a decenas de consignados porque fueron sometidos a tortura sin que se ordenara una investigación para sancionar a quienes la aplicaron y ordenaron, o el que algunos de los jueces que intervienen en los procesos ignoran que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

Otra faceta terrible en la exposición de Encinas es la constatación de las inercias institucionales a las que ha debido hacer frente el trabajo de la Covaj, lo que se ha traducido en la persistencia de la impunidad y en obstáculos adicionales para lograr el pleno esclarecimiento de la atrocidad de Iguala.

En otro sentido, el informe desmiente de manera inequívoca las acusaciones en el sentido de que el actual gobierno había agotado su voluntad política para encontrar la verdad de los hechos y el paradero de los jóvenes, o incluso que estaría protegiendo a las instituciones castrenses del escrutinio por su papel en las atrocidades perpetradas en Iguala en septiembre de 2014. Como lo dejó claro Encinas, si bien la obtención de documentos en los archivos militares no ha sido miel sobre hojuelas y ha debido abrirse paso en archivos desordenados e incluso caóticos, las fuerzas armadas han colaborado en las pesquisas y han permitido el acceso de los investigadores de la Covaj a sus fondos documentales.

Por añadidura, de lo expuesto por el subsecretario de Gobernación queda claro que el gobierno federal no se ha detenido en el esclarecimiento ni tiene la menor intención de dar por cerrado el caso, e incluso se plantea establecer una instancia que pueda proseguir la investigación en caso de que ésta no lograra culminar en el presente sexenio.

Lo expuesto ayer por Encinas fue, en suma, la expresión de una labor exhaustiva, minu-ciosa, profesional, apegada a la verdad y respetuosa del dolor de los familiares de los muchachos desaparecidos. Y ese hecho abre paso a la esperanza de que el manejo oficial del caso Ayotzinapa logre sentar un precedente de justicia, esclarecimiento y vindicación de los derechos humanos. Cabe esperar que así sea, porque las madres y los padres de los muchachos faltantes merecen conocer la verdad y porque la ignominia del 26 de septiembre de 2014 en Iguala no debe repetirse nunca más.