Un tribunal colegiado turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el juicio de amparo que promovió Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, para obtener la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de tortura, coalición de servidores públicos y desaparición forzada, en hechos relacionados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Desde 2019 el ex funcionario se encuentra en Israel en calidad de prófugo, y las autoridades de ese país han eludido su extradición pese a las reiteradas solicitudes de la Fiscalía General de la República y del gobierno mexicano. Estas peticiones se han realizado al más alto nivel: el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado dos cartas al primer ministro Benjamin Netanyahu, en las cuales expone la gravedad de los crímenes perpetrados por Zerón y apela a la historia del pueblo israelí, pues, como expresó en conferencia de prensa en mayo pasado, “ningún país debe proteger a torturadores, y mucho menos un país cuyo pueblo padeció y sufrió de torturas”, en referencia a la histórica persecución contra la comunidad judía y al Holocausto.
El titular del Ejecutivo ha denunciado que Zerón se encuentra en Israel porque ahí recibe la protección de las empresas con las cuales hizo negocios cuando fue alto mando de la extinta Procuraduría General de la República, en particular de NSO Group, la fabricante del software espía Pegasus, conocido por su capacidad para infiltrar y tomar total control de dispositivos móviles sin que los usuarios lo adviertan.
Las instancias de procuración de justicia de Tel Aviv deberían tomar conciencia de la importancia de colaborar con México en las indagatorias contra Zerón de Lucio, sobre todo desde que salió a la luz que Pegasus fue usado para intervenir teléfonos de empleados públicos, asesores gubernamentales y activistas sociales que participaron en las protestas contra el premier Netanyahu en 2020. Estas revelaciones dieron un giro a todo lo que se suponía sobre las operaciones de NSO Group, pues la firma aseguraba que su programa fue diseñado para no funcionar dentro de Israel. Ahora, se encuentran en duda otras aseveraciones, como la necesidad de autorizaciones del Ministerio de Defensa israelí para exportarlo, o el que sólo se haya ofrecido a gobiernos y nunca a grupos privados.
Más allá del destino de las gestiones para extraditar a Zerón, queda claro que la Suprema Corte está obligada a rechazar la petición de amparo del ex funcionario y que, por el contrario, debe sumarse a los esfuerzos para garantizar su juicio apegado a derecho. Ante la abrumadora evidencia de que este ex funcionario practicó y supervisó actos de tortura y de que usó todo su poder para encubrir a los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes e impedir de forma permanente el esclarecimiento de los sucesos de la Noche de Iguala, protegerlo terminaría con cualquier traza de credibilidad que pudiera quedar al máximo tribunal y lo exhibiría una vez más como protector de delincuentes.
Poner a Zerón de Lucio en el banquillo de los acusados y juzgarlo conforme a derecho es una tarea crucial para la institucionalidad mexicana, ya que de ello dependen en gran medida las posibilidades de dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, de consumar el desmantelamiento de las estructuras mafiosas tejidas en las instancias de procuración durante los sexenios anteriores y de sentar un precedente contra la impunidad.
