Con la presentación de su sexto y último informe, titulado Hallazgos avances, obstáculos y pendientes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación del caso Ayotzinapa dio por concluidas sus labores y confirmó que se retira del país.

Carlos Beristain, uno de sus integrantes, señaló que “no hubo respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones a informaciones adicionales solicitadas”, señaló que hubo “negativas y mentiras” de las instituciones castrenses y advirtió del riesgo “de que la mentira se institucionalice como respuesta”.

La partida de Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los dos miembros del grupo que permanecían al frente de las indagatorias, es una mala noticia para el entorno de los 43 jóvenes desaparecidos y los tres asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Sin el GIEI, las víctimas indirectas pierden un apoyo fundamental y una presencia esperanzadora y se angostan las posibilidades de dar con el paradero de los normalistas y hacer justicia ante una de las mayores atrocidades perpetradas en el México contemporáneo.

Gracias a estos especialistas logró exhibirse el operativo de Estado puesto en marcha durante el sexenio anterior para encubrir a los responsables, ocultar la ubicación de los estudiantes y cerrar el caso en total impunidad. El trabajo del GIEI demostró, con una metodología científica y sin margen de dudas, la imposibilidad física de la versión oficial urdida por los funcionarios del peñanietismo, la falaz “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR, Tomás Zerón de Lucio.

En sus informes se dieron a conocer las graves irregularidades cometidas para construir aquella “verdad”, muchas de las cuales ocasionaron un daño irreparable a los intentos de esclarecimiento: las torturas contra los acusados y la siembra, manipulación y destrucción de evidencias formaron una espesa niebla que hasta hoy impide hallar a los jóvenes.

El GIEI fue el primero en probar la implicación de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como mandos de la extinta Policía Federal, de la Sedena y la Secretaría de la Marina (Semar). Al respecto, Buitrago y Beristain explican que ponen fin a su encomienda porque la reticencia de las corporaciones castrenses a entregar archivos vitales sobre el caso Ayotzinapa vuelve imposible hacer nuevos aportes a la investigación.

Como el propio GIEI ha reconocido, el gobierno federal ha mostrado su voluntad política, y es innegable que hay avances significativos plasmados en la captura de alrededor de 120 implicados, entre quienes se encuentran 10 militares (incluidos mandos) y varios servidores públicos. Sin embargo, la renuencia de las cúpulas castrenses a transparentar los datos con los que cuentan sobre el caso, además de contravenir la obediencia debida a su jefe supremo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un síntoma de que en la jerarquía militar no se ha comprendido a cabalidad el cambio de época que vive el país.

Los mandos de Sedena y Semar deben cobrar conciencia de que la rendición de cuentas y el esclarecimiento no ponen en peligro la seguridad nacional ni la pública; por el contrario, suponen un factor de estabilización social y de fortalecimiento de la credibilidad y el prestigio de las propias fuerzas armadas ante la sociedad.

Paradójicamente, durante el actual sexenio las fuerzas armadas han sido una palanca importantísima de la transformación que se vive, a la cual se han sumado con sus aportes a los proyectos de infraestructura, a la formación de la Guardia Nacional y al ordenamiento de puertos y aeropuertos, entre otras tareas.

Pero su poca disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos de Iguala las hace ver como un obstáculo al proceso de cambio. Y tal consideración no sólo se aplica a la tragedia de los normalistas, sino también a la antigua herida que es el periodo de la guerra sucia de las décadas de 1960 y 1970.

Finalmente, debe reconocerse que las resistencias referidas están enquistadas en otros ámbitos del Estado, particularmente en las fiscalías y el Poder Judicial, y que su superación no debe ser vista por nadie como una derrota sino como una contribución esencial al desarrollo político y social de México.