Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que unificará las normas para la resolución de conflictos entre particulares en todo el país, como divorcios, herencias, pensiones, juicios intestamentarios y más. Incluye homologar la oralidad de los procedimientos.

Rocío Corona (PVEM) resaltó que, con esta nueva norma, además, “se acabó la agonía para los familiares de personas desaparecidas en nuestro país, de esperar 2 años para la declaración de ausencia y 6 años más para declarar la presunción de muerte. Según cifras oficiales, a marzo del 2023, hay 112 mil 490 personas desaparecidas en nuestro país”.

El ordenamiento contiene mil 191 artículos, integrados en 10 libros y 20 transitorios. Los legisladores avalaron cuatro años para su implementación, por lo que entrará en vigor hasta 2027.

Su objetivo es otorgar justicia pronta y expedita en los casos de la materia civil y familiar. “Estamos hablando que, en el país, se acerca a un millón 500 mil litigios y 64 por ciento” es de esa materia”, dijo Felipe Fernando Macías (PAN), presidente de la Comisión de Justicia.

Explicó que la regulación procesal civil y familiar facilitará la justicia cotidiana. Con este nuevo código, detalló habrá pensiones alimenticias provisionales en menos de 24 horas y los centros de trabajo de los poderes judiciales “tendrán que dar en menos de 3 días los descuentos a los deudores”.

Habrá sentencias en menos de 30 días para deudores de rentas, y de divorcio en menos de 15 días; un proceso de adopción, velando el interés superior de la niñez, se puede dar “en meses”. Tratándose de violencia de género, los juzgados brindarán medida de protección inmediata; habrá oralidad total de juicios y serán digitalizados.

Aleida Alavez Ruiz (Morena) explicó que la minuta aprobada busca que los procedimientos civiles sean los mismos en todo el territorio nacional, con independencia del orden de gobierno en los que se apliquen, e incluirán, “entre otras cuestiones, sus respectivas denominaciones, plazos procesales y medios de impugnación”.

Resaltó la desaparición del procedimiento relacionado con la declaración de interdicción, que se sustituye con el reconocimiento al derecho de toda persona mayor de 18 años a la capacidad jurídica; prevé violencia vicaria y la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.