La llamada “verdad histórica” en el caso Iguala “fue construida con actos ilegales” y “sustentada en delitos de lesa humanidad, pues se incurrió en la vulneración constante, generalizada, de derechos humanos”, y el que encabezó esta acción “con toda la fuerza del Estado” fue Jesús Murillo Karam como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), consideró el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna al dar a conocer sus argumentos para dictar la vinculación a proceso en contra del ex funcionario por tortura y desaparición forzada.

Los cargos en contra del ex funcionario se formularon por los actos de tortura cometidos en contra de un hombre identificado –para efectos del juicio– como FRS, quien fue acusado en 2015 de ser el jefe de sicarios del cártel Guerreros Unidos y haber participado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Lo anterior, durante una audiencia realizada en los juzgados federales con sede en el Reclusorio Sur, que empezó el viernes a las 16 horas y concluyó a las 3:30 horas del sábado, y en la cual los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) mencionaron que las acusaciones consistían en delitos de lesa humanidad (conductas criminales graves, que atacan derechos fundamentales y violan normas del derecho internacional) por haber realizado actos de tortura y desaparición forzada de manera dolosa y sistemática.

El impartidor de justicia explicó que la legislación mexicana era suficiente para definir la situación jurídica de Murillo Karam y establecer su responsabilidad en los delitos que se le imputaron, en respuesta a los señalamientos de los asesores jurídicos de los fiscales de la FGR, quienes refirieron que las acciones cometidas constituyeron violaciones graves a los derechos humanos, calificados en los acuerdos internacionales firmados por México como actos de lesa humanidad.

El juez no vinculó a proceso al ex funcionario por el delito de coalición de servidores públicos, del que también lo acusaba la FGR.

En la diligencia, los fiscales revelaron que en esta causa penal instruida en contra de Murillo Karam se han obtenido órdenes de aprehensión y son prófugos de la justicia, por estos delitos señalados de lesa humanidad, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio (cuenta con dos órdenes de detención), el ex titular de la Unidad Antisecuestros de la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, actualmente Femdo) Gualberto Ramírez Gutiérrez; el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo de Seido en 2014-2015 Abraham Eslava Arvizu y el ex director de Apoyo a la Operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Ignacio Mendoza Gandaria.

En coordinación con elementos del Ejército, de la extinta Policía Federal y los ex funcionarios antes mencionados, se llevaron a cabo detenciones ilegales, desapariciones temporales de personas, actos de tortura y se construyó la verdad histórica “bajo un guion”, indicaron los fiscales.

Dirigió la “verdad histórica”

En la audiencia se determinó que Murillo Karam “condujo, dirigió y mandató la investigación en el caso Ayotzinapa”, en la cual se obtuvieron más de 16 testimonios con “irregularidades, actos de tortura, causando lesiones y amenazando” para “obtener testimonios voluntarios” y “autoinculpatorios”.

En el caso de la víctima identificada como FRS, el denunciante por el cual se inició este proceso penal, se dio a conocer que las autoridades federales utilizaron el malware Pegasus para espiarlo, al igual que a 14 de sus familiares, y se le ubicó mediante rastreo de geolocalización.

Irregularmente fue detenido el 15 de enero de 2015 por militares y policías federales en su domicilio del municipio de Jiutepec sin ningún mandamiento judicial, se le aplicaron actos de tortura en su traslado del estado de Morelos a la Ciudad de México, fue conducido sin supervisión de un Ministerio Público directamente a las instalaciones de la AIC en la zona de Lomas de Sotelo, donde Tomás Zerón y sus colaboradores le aplicaron tratos crueles durante varias horas.

Luego lo llevaron a la Seido, donde continuaron los interrogatorios ilegales y castigos corporales. Además, no se le permitió contar con un abogado.

Tomás Zerón ordenó a su secretario particular, Bernardo Cano Muñozcano, que grabara las sesiones de tortura, y ahora se ha convertido en testigo protegido de la FGR.

En las grabaciones que hizo Cano Muñozcano se detectó que funcionarios del Cisen participaron en los interrogatorios ilegales y también torturaron a los detenidos. Por esa razón la FGR solicitó y obtuvo un disco con más de 65 carpetas con interrogatorios en los que se “evidencian actos de tortura” y la actuación “generalizada” en la investigación del caso Ayotzinapa, “para construir ilegalmente y con mentiras la verdad histórica”, sostuvieron los fiscales.

Me amenazó: FRS

El hombre identificado judicialmente como FRS estuvo físicamente en la zona de juzgados del Reclusorio Sur, atento a la audiencia, y cuando se dieron a conocer las imputaciones y pruebas contra Murillo Karam, decidió hacer uso de la palabra para relatar que el 16 de enero de 2015, cuando según las constancias presentadas por la FGR, Murillo Karam acudió a las instalaciones de la Seido “para conocer el resultado”, el entonces procurador le dijo: “gracias por cooperar. Ahora, lo que has dicho debes repetirlo aquí (en referencia a los agentes del Ministerio Público cuando rindiera su declaración legal) y ante los jueces”.

Según indicó FRS, respondió a Murillo Karam que “no había colaborado. Dije lo que querían para que ya no me golpearan. Y entonces él (Murillo) me dijo que o repetía las cosas o me iba a matar a mí y a mi familia”.

Esta es la segunda ocasión en que se dicta vinculación a proceso penal por desaparición forzada y tortura en contra de Murillo Karam, quien fue titular de la PGR de diciembre de 2012 a febrero de 2015, y a quien correspondió la primera etapa de las investigaciones encaminadas a establecer el paradero de los 43 normalistas que fueron víctimas de policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, en combinación con integrantes del cártel Guerreros Unidos, la noche del 26 de septiembre de 2014.

La FGR acusó a Murillo Karam “de formar parte de una empresa criminal” que cometió “delitos de lesa humanidad” y “cimentó la verdad histórica en tortura y desaparición forzada”.

El impartidor de justicia desestimó los señalamientos de la defensa de Murillo Karam que aseguraban que el Ministerio Público Federal no aportó ningún elemento de prueba que acrediten que el ex funcionario dio indicaciones para que se cometieran actos de tortura o violaciones a la ley en la investigación del caso Ayotzinapa.

El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y decretó prisión preventiva justificada para Murillo Karam, quien se encuentra recluido en el Reclusorio Norte y desde ahí siguió la audiencia de forma virtual.