Ciudad de México. La vinculación a proceso del ex procurador, Jesús Murillo Karam, es un avance en contra de la impunidad, resultado del trabajo de una comisión presidencial creada para resolver un caso grave de violación a los derechos humanos, vinculada a la Fiscalía General de Justicia, afirmó el secretario técnico de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Felix Santana Ángeles.

“Son los resultados de una comisión vinculada a una fiscalía que el día de hoy amanecemos con esa información”, sostuvo que a pesar de que “hay mucha animadversión” contra los esfuerzos que realiza el gobierno en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y de las violaciones graves en la llamada guerra sucia, “Este gobierno va a cumplir sus compromisos”.

Recordó que el primer decreto publicado por el actual gobierno en el Diario Oficial de la Federación fue para crear la comisión para resolver un caso grave de violación a los derechos humanos y esclarecer el tema de Ayotzinapa.

Santana, quien es además secretario ejecutivo de la Comisión presidencial para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, señaló que en el caso de Murillo Karam está aún pendiente la imputación por colusión de servidores públicos. “Por primera vez un gobierno hace una revisión de un caso sobre otro, contra altos funcionarios”.

En su exposición señaló la importancia de la creación de la citada ley, a partir de un documento de trabajo elaborado por la comisión, sobre la que se han realizado ya consultas en los estados de Chihuahua, Jalisco, Oaxaca y Puebla, no sólo porque conducirá a la creación de un Centro Nacional de las Memorias, sino porque al cierre de esta administración, cuando concluya su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador y desaparezcan las comisiones y mecanismos especiales ciudadanos, será el ancla para que las instituciones continúen su trabajo.

“Anclado al futuro este Centro Nacional de las Memorias junto con su ley y un presupuesto fortalecido puedan seguir desarrollando la promoción de los derechos humanos, la difusión, el resguardo de los archivos”, señaló.

Mariana Gómez Godoy, del Comité de Impulso a la Memoria (CIM) expuso el mecanismo de los trabajos en el foro de consulta que se realizó en el campus Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Se integraron tres mesas de trabajo para discutir los temas de Centro Nacional de las Memorias, archivos y políticas públicas, a partir de la propuesta de Ley general de la memoria pública sobre las violaciones de derechos humanos y violencias del pasado elaborada por la Comisión.

El CIM se encargará de sistematizar e incorporar las aportaciones que se hagan a la propuesta y se elaborará un documento como propuesta de ley.