La reconstrucción de la confianza y el restablecimiento del diálogo entre el gobierno federal y los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dependerá de la reactivación de las 21 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios y militares presuntamente implicados y la discusión del nombramiento del nuevo fiscal para el caso, Rosendo Gómez Piedra, afirmó el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales.

“El caso ha caído en un bache después del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj)”, que “pareciera un cierre, una salida del gobierno federal”, aseveró.

Con la presentación de este documento, el 18 de agosto pasado, “estábamos al borde del rompimiento con el gobierno federal y ahí nos encontramos: no se ha reconstruido ahorita el diálogo, el acercamiento, seguimos todavía pendientes”, señaló en entrevista.

Rosales participó junto con los padres de los jóvenes en la jornada de acción global 97 por la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.

La marcha, que se lleva a cabo cada mes, salió del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez. La columna hizo una parada en el antimonumento +43, para realizar el pase de lista de los normalistas desaparecidos y quienes fueron asesinados en la noche de Iguala.

Rosales expuso que para los familiares de los jóvenes, “la cancelación de las órdenes de aprehensión fue sumamente grave”, así como la salida del titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez, y el posterior nombramiento “unilateral” del nuevo fiscal.

“Tenemos pendiente una reunión con la Covaj (la próxima semana) en la que se van a discutir (estos) dos temas”. Si se logran acuerdos, “yo creo que continuamos en el diálogo y con los acercamientos”, mencionó. Adelantó que en ese encuentro, los padres de los estudiantes presentarán una propuesta para fiscal del caso. “Están reuniendo perfiles”, detalló.

En el mitin frente al Hemiciclo a Juárez, en el que también participaron estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales, así como organizaciones indígenas y populares, Hilda Legideño, madre de José Antonio Tizapa, reiteró el llamado a que el Ejército entregue “toda la información que posee” sobre la desaparición de los normalistas. “Los militares estuvieron presentes en los diferentes ataques que sufrieron nuestros hijos”, sostuvo.