El juzgado cuarto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México otorgó una suspensión provisional a cuatro elementos castrenses detenidos por desaparición forzada relacionada con el caso Ayotzinapa.

La medida cautelar les permitirá obtener una copia del pliego de consignación y de la orden de aprehensión dentro de la causa penal 15/2022. Los cuatro militares cuentan con un plazo de cinco días para pagar una garantía de 7 mil 500 pesos para que la protección de la ley se mantenga vigente.

Entre ellos se encuentran el general José Rodríguez Pérez, quien en septiembre quedó sujeto a proceso penal por delincuencia organizada luego de ser señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez, titular del mencionado juzgado, señaló que se debe permitir al general Rodríguez Pérez, al sargento Eduardo Mota Esquivel, al capitán José Martínez Crespo y al subteniente Fabián Pirita Ochoa acceso a las transcripciones para tener acceso al goce del derecho a una defensa adecuada.

El togado revocó la resolución de Enrique Beltrán Santes, titular del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales con residencia en el estado de México, quien negó la entrega de las fotocopias con el arguemento de que “tales actuaciones revisten el carácter de sigilo”.

El impartidor de justicia también concedió a los mandos militares la suspensión provisional contra la orden de captura, sólo para el efecto de que queden a disposición del juzgado de amparo en lo que a su libertad se refiere en la prisión militar y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento.

El general Rodríguez Pérez era el comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala el 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales de Cocula, Iguala y Huitzuco privaron de la libertad a los normalistas y posteriormente los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los habrían asesinado.

El mes pasado, un juez de control federal también dictó formal prisión al capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mota Esquivel por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, también relacionados con los mismos hechos.